El Ministerio Público tiene tiempo hasta el 11 de noviembre de este año, para presentar acusación y solicitar que el caso se eleve a un juicio oral y público o se pida una salida procesal para Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira, imputados por usar pasaportes y cédulas de identidad paraguaya con contenidos falsos.
La nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo se debe a que los plazos procesales fueron suspendidos por la Corte debido a la pandemia.
Días atrás, el Tribunal de Apelación, integrado por Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios, validó el proceso penal contra los hermanos de Assis Moreira, quienes fueron imputados por tenencia de pasaportes y cédulas paraguayas de contenido falso y siguen con arresto domiciliario en un hotel de Asunción.
En el caso también está procesado Wilmondes Sousa Lira, quien cumple arresto domiciliario en un departamento de la capital. Igualmente, existen otras 14 personas más que están imputadas en el presente proceso penal.
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Además fue declarada en rebeldía y tiene orden de captura nacional e internacional la empresaria Dalia López, quien sigue prófuga de la Justicia nacional.
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Exjueza Tania Irún ya tiene tribunal de sentencia que la juzgará por prevaricato
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, tendrá a su cargo juzgar a la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún. La exmagistrada está acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Tras la designación de los magistrados que juzgarán a la criticada exjueza, el tribunal deberá fijar la fecha para el inicio del juicio. Días atrás, la Cámara de Apelaciones confirmó que Irún deberá sentarse en el banquillo de los acusados como cualquier ciudadano común, por lo que solo se aguarda la programación de la audiencia oral.
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Acusación fiscal
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
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Fiscalía define si acusa y pide juicio oral para procesado por estafa
La fiscala Verónica Mayor deberá presentar su acusación u otro requerimiento este 2 de julio en el marco del proceso penal que enfrenta Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente procesado por estafa con un perjuicio que sería de USD 91.000.
Sin embargo, meses atrás el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional debido a que debía realizar varias diligencias por lo que ya estaría habilitada a poder presentar el requerimiento conclusivo en relación al presente caso.
En julio del 2025 el Ministerio Público, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta rara la presentación que realizó la fiscala.
De acuerdo la información que se maneja habría elementos para poder presentar la acusación y el pedido de juicio oral contra el procesado y eso está en manos de la fiscala mayor.
Imputación
Meses atrás, la fiscala Laura Romero había formulado imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, Darío Ramón Mongelós había realizado una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Ministerio Público se adhirió al feriado con excepciones para garantizar servicios esenciales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución N° 2312, por la cual el Ministerio Público declara feriado institucional para este 30 de junio de 2026, en concordancia con el Decreto Presidencial N.° 6280/2026, que estableció la fecha como feriado nacional.
La disposición se fundamenta en el decreto presidencial dictado el 29 de junio de 2026, mediante el cual se declaró feriado nacional en conmemoración del histórico logro de la Selección Paraguaya, tras su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La resolución también toma en consideración que la Corte Suprema de Justicia se adhirió a la medida y dispuso que los plazos procesales con vencimiento el 30 de junio fenecerán el 1 de julio de 2026, salvo las excepciones establecidas.
No obstante, a fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, el Ministerio Público dispuso que permanecerán en funciones:
-Las Unidades Fiscales de turno.
-Las unidades con audiencias en juzgados y juicios orales que no hayan sido suspendidos.
-La Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público.
-Los Departamentos de Apoyo Técnico Fiscal convocados para atender requerimientos de las unidades de turno.
La medida fue adoptada en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Fiscal General del Estado para coordinar el funcionamiento armónico y eficaz de la institución, garantizando la prestación de los servicios imprescindibles durante la jornada de feriado nacional.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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