El pleno de la Corte Suprema de Justicia llamativamente dilata disolver el criticado Consejo de Administración Judicial, cuyos integrantes son Luz Antúnez, Roberto Torres y Alberto Martínez Franco, quienes perciben millonarios salarios y cuya función y productividad no se conoce.

El pasado 15 de abril de este año en la sesión plenaria de la máxima instancia judicial, los ministros decidieron que se conforme una comisión de reingeniería estructural para suprimir el Consejo de Administración Judicial así como varias direcciones de la Corte, que no son muy productivas para la gestión judicial.

Los ministros que integran la comisión son Alberto Martínez Simón, Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y Luis María Benítez Riera. Asimismo, en otra sesión de los altos magistrados se designó al ministro Jiménez para elaborar el proyecto, pero hasta el momento no se tuvo ningún resultado a pesar de que ya han pasado más de dos meses de la determinación de la Corte.

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Ahorro de G. 1.000 millones al año

Si la máxima instancia judicial suprime el Consejo de Administración Judicial, se ahorrará anualmente la suma de G. 1.054.300.000, monto que se paga en salario y otros beneficios a los tres integrantes del consejo.

Cabe mencionar que el consejero Roberto Torres percibe mensualmente G. 26.990.000 en salario y sumando los 12 meses que tiene el año, más el aguinaldo, se totaliza la suma de G. 350.870.000. Asimismo, la consejera Luz Antúnez recibe mensualmente G. 26.880.000 y al año totaliza G. 349.440.000, mientras que el tercer consejero, Alberto Martínez Franco, percibe G. 27.230.000 en salario y al año gana G. 353.990.000.

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Los tres altos funcionarios están en sus cargos desde el 2015 hasta la fecha y en total la Corte ya pagó en concepto de sueldos y otros beneficios G. 5.271.500.000 en cinco años.

Además, cada integrante tiene a su disposición cuatro funcionarios, totalizando así 12 personas que están en el despacho o en la secretaría de cada consejero. Con la reingeniería se pretende reubicarlos de acuerdo a su grado académico, es decir, si es abogado podría ser trasladado a un juzgado o si es administrativo cumplirá funciones en dicho sector.

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