La jueza penal de Garantías Lici Sánchez se inhibió de seguir entendiendo en el expediente judicial en el que están imputadas Patricia Beatriz Ferreira, presidenta de Insumos Médicos (Imedic), y Nidia Godoy, directora de la citada firma. La magistrada alegó que se apartó del presente caso debido a las declaraciones del agente fiscal Marcelo Pecci, que pretende instalar ante la ciudadanía una duda sobre la credibilidad y seriedad de la referida jueza.
Ante la inhibición de la citada magistrada, se realizó el sorteo correspondiente, donde salió designado el magistrado de Garantías Miguel Palacios, quien deberá analizar si acepta el caso o, en su defecto, impugna la inhibición de su colega Sánchez. En caso de impugnar, será el Tribunal de Apelación el que deberá decidir si corresponde confirmar a la jueza Lici Sánchez o se ratifica la competencia de Palacios.
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Chicanas
Debido a las chicanas que han planteado las defensas de las dos imputadas, aún no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Ferreira y Godoy pisarán la cárcel de mujeres del Buen Pastor. El caso está a cargo del Tribunal de Apelación integrado por José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Gustavo Ocampos.
El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de la firma Eurofarma, que habría usado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos de India y China. En este caso está siendo investigado Justo Ferreira, propietario de la firma Imedic.
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Caso Ronaldinho: Corte reduce condena a dos involucrados en documentos falsos
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo las penas de dos condenados por su participación en la elaboración de documentos falsos que fueron proveídos por la empresaria Dalia López al exfutbolista Ronaldinho, a su hermano y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Por mayoría de votos, la máxima instancia judicial hizo lugar al recurso de casación planteado por las defensas y redujo la condena de Bernardo Arellano, funcionario de Migraciones, de cinco a cuatro años y seis meses de prisión. Asimismo, la pena de Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, funcionario de Identificaciones, pasó de cuatro a tres años y seis meses.
La ministra Carolina Llanes, con la adhesión del ministro Luis María Benítez Riera, consideró que correspondía modificar la calificación jurídica de las conductas atribuidas a ambos acusados y revisar la medición de las penas, sin modificar los hechos que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditados.
Llanes votó por anular la resolución de la Cámara de Apelaciones que había confirmado las condenas, al señalar que incurrió en una “incongruencia omisiva”. Según explicó, el tribunal respondió de manera genérica a los cuestionamientos de las defensas sobre la calificación jurídica, sin fundamentar por qué correspondía mantener la decisión de primera instancia.
En su análisis, la ministra distinguió entre la producción de documentos no auténticos y la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. En ese punto, dio la razón a las defensas, que argumentaron que los pasaportes y las cédulas fueron expedidos por las instituciones correspondientes y que posteriormente sus datos fueron adulterados.
La ministra también examinó la intervención de Arellano y Amarilla en la obtención y posterior adulteración de los documentos. Sostuvo que ambos realizaron aportes esenciales dentro de un accionar conjunto y coordinado, con distribución de funciones, para conseguir documentos que permitieran inducir a error a los agentes de control migratorio.
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Ypytá: jueza se constituirá en la universidad UASS, ligada a esposa de Rafaat y a otros inmuebles
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, fijó para el próximo 21 de octubre a partir de las 13:30, la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad, institución ligada a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani. Igualmente, la magistrada realizará cinco constituciones más en dos inmuebles a las 14:00, 14:30, 15:00 y 15:30.
La diligencia judicial se llevará a cabo con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó el procedimiento en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en las otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la magistrada de Paz, quien posteriormente deberá informar al juez de Asunción, Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá.
Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Feminicidio de Deisy: Corte convoca a jueza de Paz por presuntas negligencias
El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.
Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.
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La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.
El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.
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Comisarías de Oro: Filizzola recurre a la Corte para congelar su caso y seguir impune
El senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza en el caso conocido como “Comisarías de Oro”, sigue presentando un carnaval de chicanas en busca de impunidad en el proceso penal que enfrenta.
Esta vez, Filizzola promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción y el sobreseimiento definitivo del exsecretario de Estado.
El escrito presentado por la abogada María José Caballero Burgos, defensora de Filizzola, sostiene que el fallo del Tribunal de Apelación adolece de arbitrariedad e infringe abiertamente el artículo 256 de la Constitución Nacional, el cual impone que toda resolución judicial debe estar debidamente fundada en la Constitución y las leyes.
Con la presentación hecha por Filizzola, el mismo pretende suspender la realización de la audiencia preliminar fijada para este miércoles ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López.
El citado magistrado ya pidió informes al secretario de la Sala Constitucional para constatar si existe tal presentación.
Días atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez penal de garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola debe continuar vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.
El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior.
Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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