El fiscal Federico Delfino imputó por cohecho pasivo agravado y asociación criminal al ahora exdirector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Hernán Bogarín. Mientras que el ex jefe de Seguridad, Ricardo Ortiz, fue liberado luego de declarar ante el citado agente fiscal.
El Ministerio Público sospecha que el ex funcionario recibió de regalo un arma de fuego para seguir manteniendo los privilegios de varios internos del penal. Igualmente, fue imputado un reo por soborno y asociación criminal.
De acuerdo a las manifestaciones del fiscal: “Existen elementos de sospecha de que Bogarín recibió un regalo de un interno y ese obsequio es un arma de fuego”, por este motivo decidió abrir la investigación.
Te puede interesar: Fiscalía allana oficinas de Puertos en Asunción por hechos de corrupción
El pasado miércoles Delfino en compañía de su colega, la fiscal Alicia Sapriza, se constituyó hasta la penitenciaría en cuestión donde se procedió a la detención de personas e incautación de elementos electrónicos. Acompañaron la constitución agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
De acuerdo al relato de los hechos, la comitiva fiscal y policial se presentó en el lugar a fin de acompañar al director general del establecimiento penitenciario a realizar verificación de cámaras de monitoreo y otros elementos que puedan ayudar a la investigación relacionada a la incautación de un arma de fuego, el pasado 30 de junio en horas de la tarde.
Podes leer: Juez embargó US$ 87 millones de Ramón González Daher
Dejanos tu comentario
Caso APA: investigación reveló presunto daño patrimonial de G. 1.990 millones
El fiscal Julio Ortiz confirmó la imputación contra directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) tras detectarse un esquema irregular en el desvío de fondos de la entidad para la supuesta adquisición de canastas navideñas. La investigación reveló un presunto daño patrimonial que alcanza los G. 1.990 millones.
“APA supuestamente procedió el año pasado a la contratación de una empresa para la realización de canastas navideñas y la entrega a sus asociados”, explicó este miércoles el fiscal en contacto con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público mencionó que se hallaron “varias inconsistencias administrativas” a través de una auditoría externa, según informe proporcionado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).
El supuesto proveedor de las canastas navideñas sería un local comercial denominado Despensa Gabrielito, ubicado en el barrio Costa Sosa de Luque, hasta donde se constituyeron los investigadores.
Te puede interesar: Ypané: atacaron a balazos camioneta del candidato a intendente por la ANR
“Hablando con la dueña y su marido, manifestaron que ellos no sabían qué es APA, que no se dedican al rubro de canastas navideñas, no realizaron ningún contrato y que ellos no se presentan a licitaciones. Ante esa situación, entendemos que APA mintió”, detalló el agente fiscal.
Sin embargo, posteriormente se presentó en APA una mujer diciendo ser contadora y que representaba a la Despensa Gabrielito. Además, solicita que los pagos se hagan en efectivo y no en cheques.
“Entonces, APA hace el cambio de cheque en efectivo y dejan el dinero en una caja perteneciente a APA ya dentro de la institución, y ahí supuestamente retira esta representante de la Despensa Gabrielito”, apuntó.
APA tampoco está entregando las documentaciones requeridas por la Fiscalía y Dinapi, por lo que no se tiene la copia de los contratos, añadió. “Lo que se está haciendo es la trazabilidad, que se está trancando, porque no sabemos a ciencia cierta si esta señora, la supuesta representante, es la que vino a retirar o qué se hizo del dinero”, refirió.
Se trata de 2.400 canastas que alcanzaron un costo de G. 1.990 millones en la compra de regalos navideños del Programa Jopói 2025 y las compras no están documentadas.
Lo concreto es que dos sumas de dinero se pagaron, una en agosto y otra en octubre, pero cuando Dinapi solicita las documentaciones, APA remite recién en diciembre.
David Herminio Portillo, Humberto Rodas, Juan José María Vidal y Walter Cabrera fueron imputados por presunta lesión de confianza y se exponen a una pena expectativa de diez años de pena privativa de libertad.
“Entre las medidas solicitadas al Juzgado está la prohibición de acercarse a la institución, porque pueden obstruir la investigación. Más adelante realizaremos un allanamiento”, puntualizó el fiscal.
Leé más: Operación Caazapá II deja fuera de circulación 87 toneladas de marihuana
Dejanos tu comentario
Compañero de celda de Hugo Javier relató cómo lo encontró
El presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputado, Yamil Esgaib visitó la celda donde estaba recluido Hugo Javier González y conversó con su compañero de celda, Luis Giménez. Este relató cómo encontró al exgobernador la noche del episodio. Aseguró que nadie ingresó al lugar y describió los momentos posteriores, además de las normas de convivencia que rigen durante la noche en el penal.
El legislador colorado llegó hasta la Unidad Penitenciaria Industrial “La Esperanza”, específicamente en la celda número 2; este establecimiento forma parte del complejo de Tacumbú. Dentro de la celda, el parlamentario realizó un video para registrar todo lo conversado con el recluso.
Le puede interesar: Fiscalía detecta inconsistencias en testimonios del caso Rivas
Giménez incluso le hizo una reconstrucción de los hechos, mostrando la forma en la que había encontrado a González luego de haber escuchado un ruído que lo alertó. Mostró además el estrecho espacio que existe dentro de la celda, separados por un murito entre lo que sería el baño/lavadero de lo que son las habitaciones donde tienen las literas y sus colchones.
El recluso confirmó que lo vio tirado en el piso boca abajo, frente al lavadero y con los pies hacia el sanitario. “Le escuchaba como que balbuceaba y escupía sangre por la boca y se movía el cuerpo, fuerte”, precisó.
El interno señaló además las normas de convivencia entre los reclusos. “A la noche si te vas a orinar, no se estira la cadena, ni se prende la luz, ese es un reglamento de la cárcel, por respeto”, comentó en conversación con el legislador.
Giménez aseguró que ninguna persona entró a la celda, ya que las puertas ya se cierran a las 18:00 y luego, desde las 21:00, es la hora de silencio dentro del penal. También mostró sus manos para descartar cualquier duda de que él sea el presunto agresor. Confirmó que estas mismas declaraciones las brindó a la Fiscalía cuando realizó las primeras investigaciones.
Dejanos tu comentario
Fiscalía detecta inconsistencias en testimonios del caso Rivas
La fiscal Patricia Sánchez, quien lleva la acusación contra el exsenador Hernán Rivas, por el hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso, manifestó que halló presuntas inconsistencias durante la declaración de algunos testigos ante el Tribunal de Sentencia.
Ante este hecho, todas las declaraciones brindadas en el marco del juicio oral y público serán sometidas a una valoración de credibilidad, coherencia y lógica. “Cada uno de los testimonios van a ser valorados”, mencionó a la 1080 AM. Añadió que “de la manera en que se produjo se tiene que determinar si fue o no con intención o una cuestión de memoria culposa, sin intención. ”.
Lea también: Equipo médico inició el retiro progresivo de la sedación a Hugo Javier
La agente detalló que la valoración de un testimonio se hace con base en las reglas de la sana crítica según el diseño procesal. “Las reglas de la sana crítica incluyen reglas de la experiencia, de la lógica, de la psicología. La lógica, que a su vez tiene cuatro componentes, que son el principio de no contradicción, de identidad, de tercero incluido y de razón suficiente”, puntualizó.
Agregó que: “Se les explica lo que significa prestar testimonio y se le advierte de que el testimonio tiene que ser veraz. No se puede ni agrandar, ni achicar, ni falsear.”, sentenció.
Dejanos tu comentario
Imputan por enriquecimiento y lavado a exdirector de la Senad
La fiscala Belinda Bobadilla imputó al exjefe de Inteligencia de la Senad, Mauro Ruiz Díaz, y a su exesposa Andrea Karina Martí, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar movimientos multimillonarios que oscilan los G. 2.802.515.608 en efectivo de origen no justificado.
De acuerdo a la imputación fiscal, el millonario monto de dinero no tendría relación con los ingresos lícitos declarados por la pareja durante su desempeño como funcionarios públicos. La investigación surgió como un desglose de otra causa en la que Ruiz Díaz fue investigado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.
Del total presuntamente injustificado, G. 1.617.997.445 corresponderían a adquisiciones conjuntas, G. 825.960.400 a operaciones atribuidas exclusivamente a Ruiz Díaz y G. 358.557.763 a operaciones atribuidas únicamente a Martí.
Entre las operaciones analizadas figura la compra de un vehículo Volvo XC60 T8 por USD 85.000, cuyo pago habría sido solventado en un 98 % con efectivo de origen presuntamente ilícito, equivalente a G. 620.604.205. También se investigan operaciones inmobiliarias. Una propiedad adquirida en Villa Elisa durante la comunidad de gananciales fue declarada por G. 170 millones, aunque la Fiscalía sostiene que su valor real habría alcanzado G. 765 millones. Asimismo, Ruiz Díaz habría adquirido otro inmueble por G. 330 millones sin que se identificaran extracciones bancarias que justificaran el pago.
Además, se detectaron transferencias y depósitos realizados por Martí a una cuenta de Ruiz Díaz en la Cooperativa Universitaria por G. 104 millones entre 2019 y 2024, además de pagos y cancelaciones anticipadas de préstamos de Credivill y la conversión de G. 200 millones en un certificado de depósito de ahorro (CDA).Entre otros movimientos figuran la compra de un Peugeot por G. 346.720.000, atribuida a Martí; la adquisición conjunta de un Nissan Qashqai por USD 34.990 y otra cancelación anticipada de un préstamo por G. 63.502.003, atribuida exclusivamente a Martí.