La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.

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Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.

• HOY.COM.PY

Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausen­cias, la Cámara Baja aprobó en sesión extraor­dinaria la destitución de Miguel Prieto como inten­dente de Ciudad del Este. De esta forma, el opositor –aco­sado por decenas de denun­cias, dos imputaciones, una auditoría de Contraloría y una intervención– queda fuera del municipio. Tras el trámite legislativo, ahora la Justicia Electoral deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días para las internas y para los comicios que definirán al intendente que completará el mandato de Prieto, que se cumple a finales del próximo año 2026.

Raúl Latorre, Hugo Meza, Daniel Centurión, José Rodrí­guez, Yamil Esgaib, Virina Villanueva De peña, Arturo Urbieta, Leonardo Saiz Arce, Carmen Jiménez de Ovando, Jorge Barressi , César Cerini, Roberto González, Édgar Chávez, Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, David Jara Espinoza, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dáva­los, Sebastián Remesowsky, Christin Brunaga, Germán Solinger, Néstro Castellano, Carlos Arrechea , Esteban Samaniego, Héctor Figue­redo, Bettina Aguilera, Luis González, Liz Acosta, Rocío Abed, Juan Manuel Añazco, Jazmín Narváez, Carlos Núñez Salinas, Jatar Fer­nández, Johana Vega, Saúl González, Néstor Castellano, Pedro Ortiz , Fabiana Soto, Santiago Benítez, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, Rubén Rousillón, Ida Cateb­bekke, José Adorno, Francisco Petterrsen.

Jorge Ávalos Mariño, Mauri­cio Espínola, Ramón Maciel.

Johanna Ortega, Emilio Pavón, Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Carlos María López, Constancia Benítez, Alejo Ríos, Salyn Buzarquis, Carlos Pereira, Del Pilar Vázquez, Arnaldo Valdez, Guillermo Rodríguez, Roya Torres, Miguel Martí­nez , Walter García, Marcelo Salinas, Dalia Estigarri­bia, Rodrigo Blanco, Rubén Rubin, Federico Franco, Laidy Galeano, Pedro Gómez , Billy Vaesquen, Alejandro Zenna,Raúl Benítez, Dios­nel Aguilera, Manuel Ace­vedo, Cleto Giménez, Rocío Vallejo, Graciela Aguilera.

La intervención concluyó que las 12 causales señaladas por la Contraloría General de la República fueron constatadas y son las siguientes:

1. Estados Financieros pre­sentados con graves inconsis­tencias como saldos irregula­res, clasificaciones erróneas y variaciones injustificadas.

2. Incumplimiento de dispo­siciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

3. Inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias.

4. Incumplimiento de los procesos de contratación empleando transferencias para la ejecución de obras.

5. Incumplimiento de los pro­cesos legales establecidos para las transferencias a organiza­ciones no gubernamentales.

6. Irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales.

7. Irregularidades en la ges­tión del patrimonio de los bie­nes municipales.

8. Irregularidades en las transferencias a organiza­ciones sin fines de lucro.

9. Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o parque fueron ejecu­tados en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royal­ties y compensaciones.

10. Pagos a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto.

11. Pagos realizados a provee­dores sin que estén cumplidas las exigencias legales.

12. Inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras de la municipa­lidad en cuanto a la cantidad de empleados.

“El informe final del inter­ventor, Ramón Ramírez, fue muy contundente sobre las irregularidades detectadas en la administración municipal, por eso una mayoría votó por la destitución. Hay funcionarios que cobraban cheques destinados a las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas comisiones vecinales y subcomisiones vecinales, específicamente en che­ques de 600 millones de guaraníes, cobrado por un funcionario de la Secretaría de Administración de Finanzas”.

El colmo de la hipocresía política se vivió tras la destitución de Miguel Prieto.

En conferencia de prensa, el exintendente de Ciudad del Este intentó erigirse como víctima y dar lecciones de democracia, pero la escena hablaba por sí sola: estaba rodeado de sus cómplices de siempre.

A su lado apareció nada menos que Fran Arrúa, su hombre de confianza, hoy presidente del partido Yo Creo. Para quienes no recuer­dan, este es el mismo Fran Arrúa que, cuando se des­empeñaba como director de Finanzas de la Municipali­dad, instruyó a su secretaria a “efectivizar” 600 millones de guaraníes en cheques des­tinados a comisiones.

El Ministerio Público acusó a Prieto y a otros 10 funciona­rios por un esquema de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el marco de millonarias transferencias a comisiones vecinales y organizaciones fantasmas. Entre los nom­bres señalados aparece el de Arrúa, cuya mano estuvo detrás de la firma y cobro de cheques que, en teoría, esta­ban destinados a comisiones, pero que terminaron alimen­tando la caja paralela del clan Prieto.

El informe final de la inter­vención también lo nom­bra: se constató que che­ques librados a nombre de comisiones fueron efecti­vizados directamente por Arrúa, un modus operandi que refuerza la existencia de un esquema de desvío sis­temático de fondos muni­cipales.

Hoy, con Prieto destituido y hundido en denuncias de corrupción, resulta casi cómico verlo flanqueado por un perso­naje como Arrúa, intentando vender la idea de que encar­nan la “nueva política”. En la práctica, ambos representan lo contrario: el reciclaje de los mismos vicios que hundieron a Ciudad del Este.

La paradoja es brutal: Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar che­ques de comisiones, presu­miendo de demócratas y pala­dines de la transparencia.

Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú cegó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declarado entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.

La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.

De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán “suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.

La sentencia, que se aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.

Los presidentes podrían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.

Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.

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Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declarados en su lista de bienes.

Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.

También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.

Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.

Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.

“Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”, declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.

• Fuente: AFP

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Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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