Este miércoles, la Policía Nacional logró detener a un agente de sus filas que intentó meter cerca de medio kilo de droga al penal de Tacumbú, se presume que sería para la comercialización entre los reos. El hombre fue descubierto por agentes penitenciaros que realizaban el cateo correspondiente.

Según el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 4ta de la ciudad de Asunción, se trata de un agente de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, quien llevaba un total de 440 gramos de marihuana ocultos entre su campera. Hasta el momento se desconoce con qué finalidad.

“Esta persona ingresó al servicio y pasó por los retenes, donde fue verificado por agentes penitenciarios y policiales, quienes pudieron constatar que llevaba una sustancia, que luego se puedo comprobar que era marihuana”, detalló Morínigo, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Expresó que hasta el momento el detenido se llamó a silencio y que desconocen si este cargamento tenía como destino una persona en común o era para comercializarlo entre los internos. Remarcó que el control se realiza a cualquier persona que ingrese al penal, sin distinción.

“Nosotros estamos luchado contra este flagelo y no podemos ser nosotros los vinculados a esta situación. Es un suboficial ayudante de cuatro años de antigüedad y será investigado por asuntos internos, en este caso es muy seguro que se le dé la baja. No es la primera vez ni la última que pasa esto”, puntualizó.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, visitó este martes la ciudad de Fernando de la Mora para constatar los avances de la construcción del nuevo edificio que albergará los Juzgados de Primera Instancia en los fueros Penal, Civil y Comercial, Laboral, y de la Niñez y Adolescencia.

Durante la inspección se informó que la obra registra actualmente un avance del 60 % en su estructura general. También participaron de la visita las senadoras nacionales Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera; los miembros titulares del Consejo de Administración de Central: la presidenta, la camarista María Teresa González de Daniel y otras autoridades jurisdiccionales.

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También acompañaron al ministro Jiménez la directora de la Dirección de Infraestructura Física, Carolina Ruffinelli, y el arquitecto Juan Pablo Chamorro, responsable del proyecto, quien ofreció detalles técnicos y estructurales sobre la ejecución de la obra.

El recorrido inició en el área destinada al estacionamiento para funcionarios y se extendió hasta el sexto nivel del edificio en construcción. La edificación principal está dividida en dos bloques: el primero, en forma de “L”, destinado a las actividades jurisdiccionales y de atención al público, contempla diez niveles que abarcan desde dos subsuelos hasta la azotea en el séptimo piso.

El segundo bloque, con acceso independiente, albergará el Juzgado de Paz, una cafetería y un salón de usos múltiples, ambos conectados por la explanada principal. El edificio contará con una guardería infantil para hijos de funcionarios, en consonancia con las políticas institucionales orientadas al bienestar del personal.

Con esta obra, la Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y la descentralización de los servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia para toda la ciudadanía.

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Mientras cientos de seguidores de la expresidenta argentina Cristina Kirchner se congregaban este martes en Buenos Aires en apoyo a la máxima líder peronista, la Corte Suprema resolvió confirmar la condena de seis años por la Causa de Vialidad.

La máxima instancia judicial también ratificó que la exmandataria quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos y tampoco podrá ser candidata en las próximas elecciones, sin embargo le queda la opción de solicitar la prisión domiciliaria.

La exmandataria de centroizquierda (2007-2015), y principal opositora del gobierno ultraliberal de Javier Milei, acudió la tarde del martes a la sede del Partido Justicialista, que ella preside, para definir estrategias junto a su equipo ante un posible fallo del máximo tribunal de Justicia.

En el lugar fue vitoreada por medio millón de personas con banderas de organizaciones políticas y sindicatos, entre vendedores de camisetas con retratos de la propia Kirchner y de Eva Perón.

“Vine a defender la democracia. Más de allá de que Cristina es el blanco perfecto para esta derecha mafiosa, lo que está en riesgo es la democracia y el pueblo”, dijo a la AFP Betina Estañares, una funcionaria pública de 58 años.

Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción, pero no ha sido encarcelada porque la Corte Suprema debe aún analizar un recurso de queja presentado por la defensa.

Tras ser rechazado el pedido de la defensa, la condena queda firme y su arresto será inmediato.

El tribunal no tenía plazos para expedirse, pero previamente había dado indicios de una decisión próxima y la propia Kirchner acusó el sábado que esta premura se debe a esfuerzos por proscribirla políticamente.

“Estar presa es un certificado de dignidad”, afirmó el lunes ante partidario.

Kirchner, de 72 años, había anunciado la semana pasada que competiría por una banca como diputada de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, en las legislativas provinciales del 7 de septiembre. De ganar, obtendría fueros.

Pero un arresto la excluye de todo cargo electivo y obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales de medio término que se realizarán en octubre.

Kirchner es la segunda mandataria en democracia en ser condenada después de Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien recibió una pena de siete años de cárcel por venta de armas. Pero al ratificarse el fallo de la Corte, la exmandataria se convierte en la primera en ir a prisión, puesto que la causa de Menem nunca fue confirmada.

Fuente: AFP y TN

El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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