El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás multó con la suma de G. 8.434.000 (equivalente a 100 días de multa) al abogado Benito Torres Aceval, tras ser declarado litigante de mala fe en la causa caratulada “Egdar Silvio Kurth Benítez, sobre Violación del derecho de Autor y derecho conexos”, donde el profesional del derecho presentó varios incidentes al solo efecto de dilatar el proceso penal.
La resolución del magistrado menciona que se dispuso la sanción disciplinaria contra el profesional del derecho por que actuó de mala fe, violando lo que dice el artículo 112 del Código Procesal Penal y de la acordada de la Corte N° 971 de fecha 2015 donde se cita que los abogados deben litigar de buena fe.
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Una vez que quede firme la presente resolución judicial, el abogado tendrá que depositar la citada suma de dinero en una cuenta abierta a nombre de la Corte en el Banco Nacional de Fomento.
El fallo firmado por el magistrado Delmás puede ser apelado por el sancionado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar si corresponde confirmar o revocar la presente determinación adoptada por el juez de primera instancia.
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Juez devolvió a Fiscalía la imputación del repartidor que mató a defensa propia
El juez Rolando Duarte devolvió a la Fiscalía la imputación de Carlos Alberto Garcete, quien fue imputado por homicidio doloso por defenderse de unos delincuentes.
Ahora, la Fiscalía deberá seguir investigando el hecho o tendrá que evaluar si corresponde archivar el presente caso.
El sábado pasado, la Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
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Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Derrumbe en Encarnación: abogado pide imputación y apunta contra Yd
“El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", sostuvo el abogado Rolando Aquino tras reclamar al Ministerio Público avanzar con imputaciones contra los responsables de autorizar y controlar la construcción del edificio derrumbado.
“Ante cualquier evento donde fallecen personas, donde hay por ejemplo una riña y termina con la muerte de personas, generalmente el fiscal ordena la detención e imputa al rollo para luego determinar quién es el responsable. Me llama la atención que a simple vista es patente la negligencia de los intervinientes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Aquino ejerce la representación legal de Karen Alfonso, madre de la adolescente Montserrat Brítez, una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación, ocurrido en la noche del pasado 2 de abril.
“Como mínimo se debió imputar ya por actividades peligrosas en la construcción a los responsables. Las víctimas esperan esto. La madre está muy devastada, su primera instrucción siempre fue que se haga justicia y que se le castigue a los responsables. El deseo nuestro es que se impute para luego determinar las responsabilidades conforme al rol que cumplió cada uno”, dijo el abogado.
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La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad de Encarnación que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.
“El hecho ocurrió el 2 de abril durante la noche y el 6 o 7 de abril, nosotros ya presentamos la denuncia penal que fue firmada por la madre por derecho propio. Hasta yo diría que en este caso se puede pasar del aspecto culposo de la conducta como mínimo al doloso. Se siguió esta obra con vicios y horrores“, mencionó.
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Juez reiteró captura internacional de Rodrigo Granda por plagio de Cecilia Cubas
El juez Penal de Garantía, Mirko Valinotti, reiteró la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, alias “Comandante Ricardo”, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, hecho ocurrido en el 2004-2005.
El pedido de reiterar la orden d captura internacional contra Granda fue solicitada por los abogados Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz, representantes de la familia de Cecilia Cubas.
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El oficio ya fue remitido a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo.
Granda, que manejaba varios alias con el objetivo de eludir a los agentes del orden, está procesado en Paraguay por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo de 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas ocasiones, pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí, realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.
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