El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás multó con la suma de G. 8.434.000 (equivalente a 100 días de multa) al abogado Benito Torres Aceval, tras ser declarado litigante de mala fe en la causa caratulada “Egdar Silvio Kurth Benítez, sobre Violación del derecho de Autor y derecho conexos”, donde el profesional del derecho presentó varios incidentes al solo efecto de dilatar el proceso penal.
La resolución del magistrado menciona que se dispuso la sanción disciplinaria contra el profesional del derecho por que actuó de mala fe, violando lo que dice el artículo 112 del Código Procesal Penal y de la acordada de la Corte N° 971 de fecha 2015 donde se cita que los abogados deben litigar de buena fe.
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Una vez que quede firme la presente resolución judicial, el abogado tendrá que depositar la citada suma de dinero en una cuenta abierta a nombre de la Corte en el Banco Nacional de Fomento.
El fallo firmado por el magistrado Delmás puede ser apelado por el sancionado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar si corresponde confirmar o revocar la presente determinación adoptada por el juez de primera instancia.
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Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
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Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
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Comisarías de oro: juez Palacios llevará adelante la audiencia preliminar de Filizzola
Tras las diversas chicanas impulsadas por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, finalmente la causa judicial que enfrenta por lesión de confianza será reencauzada con la designación del juez penal de garantías, Miguel Ángel Palacios.
El magistrado se encuentra a cargo del juzgado penal número 7 y será el que que fije fecha para la audiencia preliminar, tras la cual se deberá determinar si la causa a va a juicio oral y público.
Palacios fue asignado a la causa conocida como “comisarías de oro” mediante la vía del sorteo y luego de que Filizzola a través de su abogado José Duarte Cacavelos, haya recusado el pasado 15 de octubre al juez Yoan Paul López, por parcialidad y falta de independencia.
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Antecedentes
La causa judicial investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías.
En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la realización de un juicio oral y público definitivo, registrando sobreseimientos previos en 2022 y nuevas postergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.
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Juez ordena secuestro de vehículos y embargo de cuentas de Eddie Jara y su exesposa
El juez Osmar Legal dispuso el embargo preventivo de los fondos existentes y de los que pudieran ingresar en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros habilitados en el sistema bancario, financiero y cooperativo registrados a nombre de los imputados Eddie Ramón Jara Rojas (por presunto enriquecimiento ilícito) y Karina Estefana Otazú Fleitas, exesposa de Jara (por presunto lavado de dinero).
Igualmente, el magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre varios vehículos, entre ellos un Jeep Compass Limited (modelo 2025), un Jeep Commander (modelo 2024) y un Toyota Land Cruiser.
También se ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los procesados, así como el secuestro de los rodados mencionados, oficiando a la Dirección del Registro de Automotores y a la Comandancia de la Policía Nacional para su inscripción y cumplimiento efectivo.
Asimismo, el juez Legal admitió la imputación contra Jara y su exesposa, y fijó para el próximo 6 de noviembre, a las 7:40 y 7:50, la audiencia de imposición de medidas cautelares, instancia en la que se definirá si los procesados litigarán en libertad o bajo prisión preventiva.
Más de G. 5.399 millones sin justificar
La investigación está encabezada por la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó el acta de imputación N.º 04/26 durante la noche del jueves.
Según los investigadores, el análisis patrimonial permitió identificar una diferencia de G. 5.399.450.612 que no habría sido justificada, equivalente al 97,33 % del patrimonio examinado por el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que existen movimientos financieros que no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron declaraciones juradas de bienes y rentas, documentos tributarios, registros bancarios y distintas operaciones económicas vinculadas al exdirectivo de la petrolera estatal.
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Juez otorgó medidas alternativas a exintendente de Villa Hayes
El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.
Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.
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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.
El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.
El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.
Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.
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