El agente fiscal Giovanni Grisetti formuló imputación en contra de Rafael González González y Marcos Alexis Núñez, por homicidio doloso agravado por el crimen ocurrido en el transcurso de la madrugada del miércoles, en el pabellón mixto alto de la penitenciaría de mayores.
El representante fiscal se constituyó en el penal de Tacumbú, donde se encontraron los cuerpos sin vida de dos internos, realizándose las diligencias de rigor correspondientes. Las víctimas fueron identificadas como Juan Agustín Agüero Adorno (54) y Juan Agustín Agüero Osorio (30), padre e hijo respectivamente, quienes recibieron varias puñaladas.
Por su parte, el médico forense Félix Colmán, del Ministerio Público, indicó que el hombre de 56 años recibió 18 puñaladas y el de 30 años de edad recibió 24.
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Hoy tras la recepción de los elementos de pruebas acerca de la comisión del suceso trágico y de la identidad de los supuestos involucrados, el fiscal formuló acta de imputación por homicidio doloso agravado por la alevosía y el aprovechamiento de indefensión de ambas víctimas, con una expectativa de 30 años de pena privativa de libertad.
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Mujeres marchan en Argentina contra la violencia de género tras crimen de una adolescente
Miles de personas, la mayoría mujeres, se movilizan este miércoles en Argentina para repudiar los femicidios y exigir políticas públicas contra la violencia de género, convocadas por el movimiento feminista “Ni Una Menos” en medio de la conmoción por el reciente asesinato de una adolescente.
La marcha en Buenos Aires se extiende varias cuadras en el centro histórico, desde el Congreso hasta la Avenida de Mayo, donde niñas, adolescentes y mujeres se movilizaron bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Una sostenía un cartel que decía “estamos a 10 femicidios del Mundial”, que comienza el 11 de junio.
La manifestación, que se celebra anualmente desde 2015, tenía réplicas en decenas de ciudades argentinas.
Este año ocurre en medio de la conmoción por el brutal asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba (centro) y cuyos restos fueron hallados el fin de semana tras una semana desaparecida.
“El caso de Agostina refleja algo que está pasando, pero matan a una mina (mujer) cada 30 horas, no es un caso particular que pasa y que por eso salimos. No hay políticas de Estado acordes a la problemática”, dijo a la AFP Amy Cozzi, una estudiante de 25 años.
Las manifestantes recuerdan también a otras dos víctimas recientes, como Dulce María Candia en Misiones (noreste), y Noelia Romero en Buenos Aires.
“Nosotros hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado”, señaló sobre el caso Luci Cavallero, referente del movimiento, y apuntó contra “un poder judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que se requerían”.
El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 con una masiva protesta tras el asesinato de una adolescente de 14 años embarazada en Santa Fe (centro).
Aquel reclamo marcó un antes y un después en la agenda pública vinculada a la violencia de género en Argentina. Desde la asunción presidencial de Javier Milei en 2023, las activistas denuncian el desmantelamiento de estas políticas.
Entre entre 2017 y 2025 se registraron 2.158 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 36 horas, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Fuente: AFP
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Fiscalía y querella piden 7 años de cárcel para Héctor Grau, acusado de agresión contra Benjamín Zapag
El fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga y el abogado querellante, Ricardo Preda, solicitaron siete años de cárcel para Héctor Iván Grau, acusado como autor del delito de lesión grave tras la brutal agresión sufrida por Benjamín Zapag en el interior de una discoteca de Asunción, en noviembre del 2022.La petición tanto del Ministerio Público como de la querella adhesiva, se realizó durante los alegatos finales.
El fiscal del caso indicó que no quedan dudas sobre la participación de Grau como autor de la lesión grave. Asimismo, señaló que la agresión redujo considerablemente el uso de los sentidos de la víctima durante un largo periodo.
García de Zúñiga cuestionó los resultados de la junta médica, que había concluido que la lesión sufrida por Zapag no fue de gravedad. En contrapartida, resaltó la declaración del médico tratante del joven, quien sí determinó que el daño fue severo.
Además, manifestó que los padres declararon como testigos e indicaron que el joven requirió varios meses de reposo, permaneció encerrado en su habitación y solo pudo volver a practicar deportes después de cuatro meses. Agregaron que la víctima sentía miedo y que las secuelas le impidieron llevar una vida normal.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda, representante de la familia Zapag y querellante en este juicio oral y público, solicitó igualmente la pena de siete años de prisión para Grau, al considerar que se probó plenamente la responsabilidad del acusado en el hecho.
La acusación refiere que, en noviembre del 2022, cuando la víctima se disponía a salir del baño del local nocturno, fue interceptada por Marcello Fretes, quien le gritó en la cara; acto seguido, Grau lo golpeó en el rostro en varias ocasiones.
Según la Fiscalía, las lesiones provocadas incluyeron una fractura orbitomalar en el lado izquierdo. Esta requirió una cirugía bajo anestesia general para realizar la reducción abierta de la fractura y la reconstrucción del piso de la órbita izquierda mediante el uso de una malla, placas y tornillos de titanio.
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Presidente de Chile propone aumentar penas contra el crimen y control migratorio
El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció el lunes que presentará un proyecto de ley para reforzar el control migratorio y aumentar las penas contra los delitos del crimen organizado, en su primera rendición de cuentas al Congreso.
Kast, un abogado de 60 años, adquirió el poder en marzo con la promesa de mano dura contra la criminalidad y la migración irregular. Pero la falta de anuncios en sus primeros meses de gobierno mermó su popularidad.
“Tenemos que atacar ese crimen organizado y ampliar las penas que están asociadas a la delincuencia”, dijo Kast en el Congreso, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.
A unos kilómetros de allí, la policía se enfrentó con un centenar de manifestantes que se quejaban por los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno.
En un discurso televisado, Kast afirmó que sus prioridades serán “fortalecer la seguridad”, la “reactivación económica” y la generación de “millas de empleos”.
Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en la última década hubo un aumento en los asesinatos y secuestros, según el actual gobierno con la llegada de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua.
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Kast anunció que desplegará operativos policiales en 50 barrios “contra los mercados ilícitos y el crimen organizado” en las próximas semanas.
“Que se intervengan los barrios más complicados me parece necesario. Pero al mismo tiempo no es suficiente para mí (...) Los resultados son lo que importa”, dijo a la AFP Marta González, una jubilada de 68 años en el centro de la capital.
El presidente también impulsará un registro de “vándalos” para quienes ataquen a la policía, funcionarios de salud o dañen monumentos, y perderán beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.
Para cumplir su cuestionada propuesta de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, buscará “fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención” de indocumentados, que actualmente es de cinco días.
Su plan también incentivará “la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile”, sin detallar cómo se llevará a cabo el proceso.
También propondrá al Congreso “una reducción real y ordenada de ministerios”, sin precisar cuántas de las 25 carteras actuales serán eliminadas.
- Fuente: AFP
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Fiscal del caso Metrobús defiende imputación a Wiens: “Nadie habla del fondo de la cuestión”
La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.
La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.
“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.
Orden de demolición
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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