Una comitiva fiscal encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Chaco, Andrés Arriola, y el técnico ambiental del Ministerio Público, Derlis Álvarez, realizó una constitución en una propiedad perteneciente a la comunidad indígena Totobiegosode de la etnia Ayoreo, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, donde constataron gran cantidad de tala de árboles de la especie palo santo.
Se tuvo conocimiento del hecho a través de la denuncia presentada en representación de los ayoreos, la cual manifiesta la comisión del ilícito mencionado en el territorio cautelado por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro del establecimiento que está siendo ocupado y explotado por Julio César Sosa González.
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En el lugar se pudo constatar gran cantidad de tala de árboles de la especie palo santo, limpieza llamativa de aproximadamente 300 hectáreas y quema de escolleras al borde de una laguna de la zona, la cual es utilizada por la comunidad para su subsistencia. Asimismo, se informó y a la vez se citó al denunciado para brindar declaración indagatoria en sede de la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales de Filadelfia.
En caso de que el Ministerio Público formule la imputación por constituir delito ambiental, el juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Fiscalía allana casa de detenido e incauta evidencias en caso de joven desaparecido
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alberto Torres realizó un nuevo allanamiento en la tarde de este jueves, en el marco de la investigación sobre la desaparición de Francisco Daniel López Peña, de 25 años, quien fue visto por última vez el pasado 18 de julio en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco. El procedimiento fiscal policial fue en la casa de uno los detenidos como supuesto sospechoso por la desaparición, Juan Esteban Medina, alias Keño.
Se incautaron varias evidencias que serán sometidas a peritaje, entre ellas armas de fuego, equipos de radiocomunicación, focos y cámaras de seguridad, con miras a la ubicación del joven y determinar lo ocurrido.
Las memorias de estos dispositivos serán analizadas por técnicos de Criminalística de la Policía Nacional para la extracción de imágenes que puedan aportar datos relevantes a la causa.
La intervención fiscal fue con el apoyo de agentes del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná y del personal de la comisaría de Tres Fronteras. Un adolescente de 16 años, acompañado de su madre, colaboró con la Fiscalía aportando datos que sirvieron para el allanamiento de esta tarde, según dijo a La Nación/Nación Media, el fiscal Alberto Torres.
Cuatro detenidos, dos imputados
El operativo fue en prosecución a las detenciones realizadas ayer y hoy, en las cuales fueron detenidos cuatro supuestos sospechosos. Uno de ellos es Ronald David Ferreira González (23), quien contaba con orden de captura por robo agravado, asociación criminal y exposición al peligro en el tránsito terrestre. El mismo está en la mira, pero todavía no fue imputado por el caso.
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Para el fiscal Alberto Torres, siendo procesado por otra causa y con pedido de prisión, ayuda para avanzar en la búsqueda del joven y seguir investigando, manteniéndose al citado como sospechoso.
El segundo es Cristhian Javier Aranda Benítez (21), detenido e imputado por hurto. Habría sido visto con la moto del joven desaparecido y que estaba en su poder cuando ayer fue aprehendido junto a Ronald Ferreira.
Un tercer detenido y sospechoso de tener vinculación con la desaparición del joven, es José Luis González (33), quien fue imputado por omisión de dar a aviso de un hecho punible. El mismo dice que escuchó disparos después que Francisco Daniel salió del sitio donde estaban y ya no supo qué pasó con el joven.
Un cuarto sospechoso fue detenido esta mañana y se trata de Juan Eugenio Medina, alias Keño, cuya casa fue la llanada hoy. El mismo no está aún imputado y el fiscal Alberto Torres decidirá mañana al respecto. El agente explicó que todas las personas detenidas hasta ahora, estuvieron supuestamente con el joven desaparecido en la costa del río ingiriendo bebida alcohólica.
El grupo se habría dispersado supuestamente porque escucharon tiros y desconocen qué pasó de Francisco Daniel, quien estuvo con ellos previamente. El fiscal Alberto Torres manifestó que, de confirmarse los disparos, el arma incautada hoy es fundamental.
La denuncia por desaparición fue presentada por la madre del joven, Irene Peña Martínez (64), ante la Subcomisaría 10ª del barrio Tres Fronteras. López Peña salió de su vivienda el 18 de julio a las 16:30, a bordo de su motocicleta, vestido con campera y pantalón jeans negros. Esa moto fue encontrada en poder de dos de los aprehendidos.
La Fiscalía mantiene activa la orden de búsqueda y localización y solicita a la ciudadanía que cualquier información sea comunicada de inmediato al Ministerio Público o a la comisaría más cercana.
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Hallan garrafas robadas, aparentemente para su uso en el procesamiento de droga
En el marco de una investigación de un supuesto robo agravado, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal allanaron un inmueble rural ubicado en la colonia Santa Lucia en el distrito de Yvyrarovana, departamento de Canindeyú, logrando la incautación y recuperación de varias garrafas robadas.
Según el informe de los intervinientes, en el lugar fueron halladas en total 20 garrafas de 6.5 kilos vacías, al igual que 1.000 envases vacíos de 420 D de peso líquido, los cuales se encontraban ocultos en una especie de bosque.
La información que se maneja es que este producto habría sido robado para su utilización en el procesamiento y acopio de cultivos ilegales de marihuana de alta concentración de THC.
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En el momento de la intervención policial no se encontraba nadie en la propiedad, por lo que no hubo detenidos en torno al operativo, pero se continúa con los trabajos para lograr la detención de los responsables del hecho.
Las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas constantemente se encuentran invirtiendo en infraestructura y nuevos métodos de acopio y procesamiento de la droga con el fin de optimizar sus entregas y aumentar el flujo de venta de estos productos ilícitos.
El Asentamiento 1ro de Marzo de Yvyrarovana, sitio en donde fueron encontradas todas las evidencias incautadas durante el procedimiento policial, se encuentra dentro de la Estancia Pindo; un establecimiento rural que se encuentra invadido hace 13 años por los pobladores de dicho asentamiento.
Intervenciones policiales y denuncias realizadas por pobladores afectados en la zona evidencian que los integrantes de dicho asentamiento se dedican a todo tipo de actividades criminales, como extracción y tráfico de rollos, ventas ilegales de derecheras dentro del inmueble, cultivo y venta de mariguan.
A todo esto se le suma la explotación de manera ilícita de las tierras de Estancia Pindo, arrendando inmensas aéreas del inmueble invadido a productores de soja, chia, maíz y otros cultivos altamente rentables, que comercian ilegalmente con los invasores.
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Fiscal imputa a principal sospechoso en el caso de homicidio de la niña de Isla Sakã
El fiscal Carlos Germán Ramírez formuló imputación contra Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal. Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.