Un Tribunal de Sentencia de Luque integrado por Carolina Bernal, Julio López y Juan Carlos Rocholl condenó a la pena máxima de 15 años de cárcel más 10 años de medida de seguridad, para un hombre hallado culpable de abuso sexual y violación de una menor de 15 años de edad.
La agente fiscal Egidia Gómez representó al Ministerio Público en un juicio oral donde fueron analizadas las contundentes evidencias producidas por la Fiscalía durante el debate.
Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 2 de julio de 2018 a las 18:00, cuando la víctima caminaba por la calle hasta que fue interceptada por el hoy condenado, quien la acechaba a bordo de una motocicleta. Primeramente simuló un asalto y luego bajo amenazas obligó a la menor a que simule que eran pareja a fin de caminar unas cuadras y que la situación pase desapercibida. Tras ello, ingresaron a un patio baldío de la zona donde la sometió sexualmente.
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El hoy condenado al tiempo de ser aprehendido, ya había cometido 8 hechos similares todos en el departamento Central, desde el 2 julio al 24 de agosto del 2018.
La defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo dictado por los jueces de sentencia y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que resolver si confirma la condena o la revoca.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Condenan a tres hombres tras caer con más de 1.000 kilos de marihuana en Naranjal
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un juicio oral desarrollado en el Tribunal del Crimen Organizado de Asunción culminó hoy con la condena de tres personas por tráfico internacional de droga.
El fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, fue quien desarrolló la acusación en juicio.
Los condenados son: Anderson Oliveira Cardozo y Roberto Fernández Ortellado Greff , quienes recibieron el fallo de 12 años de prisión y, Nardi Rumina Rotela Ayala, a 10 años de pena privativa de libertad. Fueron encontrados culpables por los hechos punibles de remisión de sustancias estupefacientes al extranjero y asociación criminal.
El tribunal que dictó sentencia estuvo integrado por los jueces Federico Rojas, Rossana Maldonado y María Luz Martínez. El caso ya data de diciembre de 2020 cuando se realizó un procedimiento que derivó en la detención de los hoy condenados.
Fue el 6 de diciembre de 2020, a las 10:25, durante un allanamiento efectuado a una granja ubicada en el distrito de Naranjal. La intervención estuvo encabezada por el fiscal Aguilera Vázquez, con apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y del Comando Tripartito.
En esa ocasión, los intervinientes constataron la existencia de 1.150 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 1.247 panes, ocultos en la vivienda dentro de un camión y otros vehículos preparados para su traslado clandestino al extranjero, principalmente al Brasil, según se expuso en juicio.
La droga era acondicionada en compartimientos de doble fondo instalados en tractocamiones. En total, fueron inspeccionados cinco vehículos de gran porte de la marca Scania, cuyas carrocerías presentaban modificaciones estructurales para ocultar la droga.
Como resultado del procedimiento, fueron detenidos inicialmente Anderson y Alexis Oliveira Cardozo, señalados como responsables del manejo del establecimiento. Según la investigación, ambos se encargaban de acondicionar los vehículos y ocultar los paquetes de marihuana en los compartimientos preparados para su traslado.
Posteriormente, llegó al lugar Roberto Fernández Ortellado Greff, quien se presentó a bordo de un vehículo Toyota Premio, sin chapa y, al percatarse del allanamiento intentó sobornar a los agentes.
Según la acusación, ofreció inicialmente USD 50.000 y luego aumentó la propuesta a USD 100.000, manifestando que su patrón, un narcotraficante conocido con el alias de “Chipa”, pagaría dicha suma a cambio de suspender la intervención.
La Fiscalía dispuso la incautación de la droga y de los vehículos utilizados para el transporte. Posteriormente, fue detenida Nardi Rumina Rotela Ayala al ser confirmado por los investigadores que uno de los tractocamiones empleados para el traslado de la droga era de su propiedad.
Además de las condenas, el tribunal ordenó el comiso de seis tractocamiones con sus respectivas carretas y dispuso la extinción de la acción penal respecto a Alexis Oliveira Cardozo, debido a su fallecimiento.
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Ratifican millonaria condena civil por la muerte de futbolista sub 14 a causa de un bache
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, integrado por Carlos Escobar, Hugo Garcete y Osvaldo Enrique González, confirmó la condena contra el Estado paraguayo, que deberá indemnizar con G. 900 millones, más los intereses acumulados, que rondarían los G. 3.000 millones, a los padres de Javier Alexander Yegros Riveros, futbolista de la Sub 14 del Club Olimpia, fallecido en un accidente de tránsito provocado por un bache en la ruta Acceso Sur, en octubre de 2019.
Los magistrados de segunda instancia llegaron a la conclusión que se ha probado plenamente la responsabilidad del Estado, al comprobarse que el pavimento presentaba un bache de grandes dimensiones, incumpliéndose el deber de conservación y mantenimiento de la vía pública.
La demanda en el fuero civil y comercial fue presentada por los padres del adolescente, Francisco Javier Yegros León y Amelia Riveros Benítez, contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), reclamando una indemnización por los daños sufridos tras la muerte de su hijo.
El fallo judicial indica que el percance se registró cuando la rueda delantera de un vehículo de gran porte cayó en el bache, se desprendió e impactó contra el automóvil en el que viajaba la víctima junto a otros menores, provocando el fallecimiento inmediato del conductor y graves lesiones a los ocupantes.
En primera instancia se hizo lugar a la demanda civil por daño moral y daño emergente, al considerar plenamente probado el perjuicio ocasionado a la familia del joven deportista. La familia reclamó un total de G. 33.602.400.000, por daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico y pérdida de chance. No obstante, se consideró que solo correspondía otorgar la indemnización por daño moral y daño emergente.
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