El Ministerio Público está desplegando todo su equipo de agentes fiscales para avanzar en las diferentes causas abiertas con relación a las compras de insumos médicos para la lucha contra el COVID-19. Esta mañana, varios diputados ampliaron la denuncia en sede fiscal tras el informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control que encontró varias irregularidades en varias licitaciones del Ministerio de Salud. En el presente caso se investigan los delitos de lesión de confianza y estafa.

El presente caso ingresó el pasado 21 de mayo. Un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción investiga la denuncia formal realizada por las compras irregulares de insumos médicos para nuestro país.

Los agentes designados por la Fiscalía General del Estado son Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, quienes llevan adelante la investigación por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, declaración falsa, lesión de confianza y estafa.

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La denuncia fue presentada por los diputados Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Celeste Amarilla y Celso Kennedy.

Diligencias realizadas

Entre los actos investigativos realizados se encuentran los allanamientos en depósitos y oficinas del Ministerio de Salud y al parque sanitario así como el pedido de informes ampliados, los cuales ayudarán a dilucidar el hecho.

También se resaltan pedidos de informes a entidades bancarias como el Banco Nacional de Fomento (BNF) así como pedidos de informes a otras instituciones como Ministerio de Salud, INTN, a la Dirección General de Aduanas. Asimismo, se realizaron múltiples entrevistas a fin de ir cotejando y contrastando los datos obtenidos sobre los procesos de licitación. Se realizaron otras constituciones y se analizan los datos recabados con relación a otros hechos punibles. Se solicitaron estudios y análisis de los insumos médicos.

Asimismo, se realizó una reunión técnica con ministros del Poder Ejecutivo a fin de recabar más informaciones y datos a ser contrastados, entre ellos el ministro Arnaldo Giuzzio sobre el trabajo realizado por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19. Esta reunión fue realizada la semana pasada. También se tomaron declaraciones y entrevistas a fiscalizadores y funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

Denuncia

Cabe recordar que el escrito de denuncia se presentó en mayo pasado contra personas innominadas luego de que la Contraloría General de la República refirió que todo el proceso de compras de camas e insumos por parte del Ministerio de Salud y Bienestar Social fue irregular. Al mismo tiempo, la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) había emitido un informe anunciando diversas dudas en el proceso de adquisición y entrega de los insumos adquiridos para la lucha contra el coronavirus en nuestro país.

El Ministerio de Salud había rechazado parcialmente los insumos y equipos proveídos por las firmas Imedic SA y Eurotec SA. El contrato fue por G. 80 mil millones para las dos empresas y se realizó un adelanto de G. 17 mil millones.

Amplían denuncia

El día de hoy, un grupo de parlamentarios ampliaron la denuncia tras el informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID 19 y propuso varias diligencias en el marco de la presente investigación.

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A la denuncia anterior se anexó la realizada también ante el Ministerio Público por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre el cuestionado proceso licitatorio.

Facturas falsas

En el caso de las facturas falsas mediante las cuales presumiblemente se ingresaron medicamentos de la India y China, el empresario Justo Ferreira, propietario de la firma Insumos Médicos SA, recusó a los fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme. Los citados representantes del Ministerio Público fueron confirmados por la fiscala adjunta, pero la defensa de Ferreira volvió a recurrir a la Fiscalía General del Estado insistiendo en apartar a los dos fiscales del presente caso. Ahora será Sandra Quiñónez quien deberá confirmar la competencia de los agentes fiscales.

La multinacional Eurofarma, a través de su abogado José Domingo Almada, denunció en sede fiscal que la empresa Insumos Médicos SA usó facturas falsas durante los años 2018 y 2019 para poder introducir medicamentos de la India y China a nuestro país.

Los agentes citados solicitaron informes a la SET y a la Abogacía del Tesoro; libraron oficios a varias instituciones y se constituyeron en Dinavisa y Aduanas. Así también, realizaron varias entrevistas con el fin de esclarecer los hechos.

Debido a la impugnación que pesa sobre Pecci y Riquelme, los fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia son los encargados de la presente investigación.

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