El Ministerio Público, a través de las unidades penales de turno, acompaña las tareas de prevención e intervención para el cumplimiento de las medidas sanitarias para combatir el COVID-19. Hasta el momento, fueron imputadas 3.295 personas en todo el territorio nacional por hechos punibles relacionados a la violación de la cuarentena sanitaria, Ley 716/96.
Según los reportes, las zonas con mayor cantidad de imputados son: Asunción con 467 personas, seguida por el departamento Central con 447, luego Alto Paraná con 409 imputados, Caaguazú con 363, Itapúa con 217 casos y Concepción con 192 imputados.
Te puede interesar: Ministros de la Corte participaron de videoconferencia con reos de Amambay
Le siguen los departamentos de San Pedro con 152 imputados, Paraguarí con 143, Canindeyú con 136 imputados, Ñeembucú con 131, Amambay con 125 imputados, Guairá con 117, Misiones con 114 imputados, Presidente Hayes con 90 imputados, Caazapá con 72. Además en el departamento de Cordillera fueron registrados 51 imputados, en Boquerón 41 y en Alto Paraguay 28 personas infringieron la ley.
Además de la violación de la cuarentena sanitaria, se tienen procesos penales por los delitos de resistencia, perturbación a la paz pública, exposición al peligro en el tránsito terrestre, entre otros.
Podés leer: Jueza de Ejecución de Villa Hayes dictó 212 resoluciones durante emergencia sanitaria
Dejanos tu comentario
Fiscalía acusó y pidió juicio por desvío millonario contra Prieto
Una nueva acusación se presentó contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña.
El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.
Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certifican la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos.
En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.
Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
SIETE IMPUTADOS
En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
JUICIO ORAL
Por otra parte, el lunes pasado se inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como Tía Chela, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones
Dejanos tu comentario
Fiscalía acusa formalmente y pide juicio contra Prieto en el caso Consejo de Salud
Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.
Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.
También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.
La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.
Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.
Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.
Siete imputados admitieron el hecho
En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
Juicio oral
Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.
Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.
Dejanos tu comentario
Incineran más de 300 kilos de marihuana premium incautados en el Puente de la Integración
- Ciudad del Este. Agencia regional
Una comitiva del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó este viernes la destrucción de un poco más de 304 kilos de marihuana premium, previa extracción de muestras.
Se trata de una carga incautada el 19 de agosto pasado en la Aduana del Puente de la Integración de Pdte. Franco.
La diligencia comenzó a las 9:00 en una fosa de la Senad, ubicada en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes. El horno pirolítico no está en funcionamiento.
La acción fue como anticipo jurisdiccional de prueba, por disposición judicial. Contó con la intervención del fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná. Por el Poder Judicial intervino el juez Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, del segundo Turno.
Para que la carga de marihuana fuera descubierta, un escáner aduanero detectó una variación de densidad en la parte posterior de la carrocería de un camión JMC N900 donde los intervinientes encontraron un compartimiento acondicionado como doble fondo.
En su interior encontraron 120 paquetes de la sustancia herbácea prensada. El análisis primario realizado por personal técnico de la Senad mediante narcotest dio positivo para marihuana tipo dry (tamizado en seco), con un peso total de 304 kilos con 300 gramos.
En el marco de la investigación del caso, el fiscal Luis Escobar imputó al conductor del camión por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes y remisión de sustancias estupefacientes al extranjero (tráfico de drogas).
La “marihuana premium”, también conocida en el ámbito policial como “marihuana VIP” o “etiqueta azul”, no es una especie botánica diferente, sino una planta de cannabis de alta genética y concentración ultra alta de THC (Tetrahidrocannabinol), el principal componente psicoactivo.
Puede interesarle: Ordenan captura de fisioterapeuta imputado por abuso sexual infantil
Dejanos tu comentario
Fiscalía y DNIT escanean vehículos incautados por presunta falsificación de fármacos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizaron este jueves una inspección con uso de escáner a dos vehículos incautados en un allanamiento del pasado 12 de agosto en Ciudad del Este. El equipo fue utilizado para detectar fondos falsos o algún compartimento oculto en los rodados.
Se trata de una investigación a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho (Unidad Especializada en Persecución de Hechos contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando), por presunta falsificación de fármacos.
Se efectuó en la Aduana del Puente de la Integración de Presidente Franco. Los vehículos escaneados fueron un Subaru Impreza WRX, de color azul, y un Dodge Charger GT, de color blanco, ambos incautados durante el operativo realizado en una vivienda del barrio Boquerón II.
La diligencia fue ordenada con el objetivo de verificar la eventual existencia de compartimientos ocultos, dobles fondos o modificaciones que pudieran guardar relación con los hechos investigados. También se realizaron tomas fotográficas de los vehículos y de las áreas examinadas. El resultado definitivo de esta inspección será incorporado a la investigación.
Puede interesarle: En CDE, un guardia hirió a una persona en situación de calle y a un transeúnte
Además del fiscal Osvaldo Zaracho y el asistente fiscal Víctor Benítez Delgado, participaron del procedimiento el subadministrador de la sede local de la DNIT, abogado Max Derlis Carvallo Aquino, y los funcionarios Víctor Ortiz y Juan Fretes.
El allanamiento que permitió la incautación de los fármacos (tirzepatida y otros medicamentos) y los vehículos fue dirigido por el fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar. Las pericias determinarán la procedencia, composición y autenticidad de los productos, según el informe de la Fiscalía.
Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos en aquella oportunidad y posteriormente expulsados del país, considerando que registraban órdenes de captura en el Brasil.
Los antecedentes relacionados con la presunta violación de derechos de marcas fueron remitidos a la Unidad Especializada a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, que continuó con las diligencias para esclarecer el caso.