El nuevo sistema de Registro de Auxiliares de Justicia que implementará la Corte Suprema, beneficiará enormemente a la ciudadanía en general, debido a que con la introducción en una aplicación del número de matrícula se podrá conocer a qué tipo de profesional del derecho estará contratando.

En el esquema anterior, los profesionales en cumplimiento del Código de Organización Judicial se acercaban a la Secretaría General con sus documentos de formación académica, que serían el título tanto de universidades privadas como públicas, el certificado de estudios en donde constan el desarrollo, calificaciones y promedio final de la carrera, así también un certificado de antecedentes judiciales y policial, a fin de probar la buena conducta exigida por la ley para el ejercicio de la profesión. Estos documentos habilitaban a registrarse ante la Corte y acceder a la matrícula, cuyo número otorga la misma, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos.

La dinámica se mantiene con el nuevo registro. Los auxiliares de justicia, que son los abogados, escribanos, rematadores, traductores, mediadores, procuradores, peritos y oficiales de justicia, deben realizar las presentaciones de la documentación pertinente y detallada en la página web de la Secretaría General de la Corte.

La diferencia con el nuevo sistema es que es más dinámico y absolutamente transparente. Dinámico en el sentido que puede modificarse constantemente con las presentaciones que hagan los profesionales sobre sus archivos mediante la presentación de documentos que aumenten su nivel de formación, diplomados, maestrías, doctorados y cualquier otro curso de formación que hayan realizado.

Transparente en el sentido que toda esa información será cargada y estará disponible durante las 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año en un sistema al que se accede mediante un Código QR (del inglés Quick Response code, “código de respuesta rápida”) inserto en cada una de las credenciales que van a ser entregadas a los abogados y los demás auxiliares de justicia.

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Hay que resaltar que cada código QR creado es único e irrepetible, por lo que aunque se clone la credencial y en la misma se ponga el rostro y datos de otra persona, al ser escaneado por cualquier smartphone arrojará siempre la información original, la verdadera, lo que hace a este sistema aún más seguro que el documento de identidad policial.

En ese “perfil” del profesional, que en realidad no es más que lo que refleja su legajo oficial, el sistema carga toda la información disponible sobre el mismo, sea esta positiva o negativa. Vale decir, que por un lado se accederá a información que muestra que el profesional tal vez tenga muchos posgrados realizados y una gran formación, lo que eleva el “caché” del mismo; pero también se expondrá en la información académica del mismo en qué condiciones terminó la carrera (su promedio y notas). También si la Corte o los jueces le impusieron alguna sanción y el por qué.

Se entiende así claramente que el servicio no va principalmente dirigido a los profesionales, sino a la ciudadanía, que a la fecha contrata a ciegas a estos profesionales, sin saber efectivamente qué es lo que está contratando y poniendo su libertad, patrimonio y relaciones familiares en manos de personas que quizás no tienen la capacidad suficiente, pero que tienen que estar habilitadas por haber cumplido los requisitos formales que se establecen en las leyes, lo que puede obviamente generar cierta resistencia al proyecto.

El precio de inscripción al nuevo registro asciende a la suma de G. 150.125. Una parte de ese monto se destinará a la capitalización para la adquisición futura de servidores para el Poder Judicial y eventualmente la tecnología suficiente para poder brindar el servicio por sí mismo, ya que a la fecha es imposible habiéndose tenido que recurrir al sector privado para diseñar el programa, ponerlo en marcha y almacenar en sus servidores toda la información, ya que los de la Corte se encuentran casi en su totalidad destinados a atender el expediente electrónico.

Una cuestión con relación a esto, es que para que la información esté disponible y a la vista de cualquier persona que consulte la aplicación, se procedió a clasificar, reorganizar y digitalizar absolutamente toda la información ya obrante en los archivos de 55.803 abogados, 3.794 oficiales de justicia, 3.275 peritos de más de 90 especialidades, 1.155 traductores, 179 rematadores, 18 procuradores y 1.201 escribanos, lo que fue una tarea titánica de meses.

Con relación a los costos, se puede señalar un comparativo anterior que tenía un costo de G. 149.400 porque se tenía que contar con varios documentos, entre ellos antecedente policial, judicial, pago por el cartón para la matrícula y otros. Ahora la nueva matrícula tendrá un costo de G.150.125, casi igual que el anterior costo de los carnets.

Finalmente, es sumamente importante resaltar que el hecho de que se ponga en marcha el sistema en estos días no significa que obligatoriamente la gente tenga que ir a registrarse de inmediato. En su momento la Corte dispuso que los profesionales dispondrán de un año para hacerlo, o sea que quien en este momento no pueda o no quiera hacerlo tiene tiempo hasta el 1 de junio del 2021 para acercarse y registrarse.

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