El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al caso de Kattya González y el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de su expulsión del Senado. Gamarra afirmó que la figura de la pérdida de investidura es un juicio político, una atribución exclusiva del Poder Legislativo.

“La Corte puede opinar, interpretar o incluso analizar el procedimiento, lo que no puede hacer es reemplazar al Senado ni ejercer atribuciones exclusivas de otro poder del Estado. La pérdida de investidura es una facultad constitucional y privativa del Poder Legislativo”, afirmó el diputado para La Nación/Nación Media.

También recordó otros casos de legisladores que recurrieron a la máxima instancia judicial y ninguno logró un fallo a su favor. “Los antecedentes son claros, Payo Cubas, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, María Eugenia Bajac y otros recurrieron a la Corte y ninguno recuperó su banca por una orden judicial, porque una cosa es revisar constitucionalidad, y otra muy distinta es pretender que la Corte gobierne el Senado”, mencionó.

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Mientras tanto, en el caso de González, refirió que “política y jurídicamente ya es un capítulo cerrado, inclusive bajo los mismos criterios y discursos que ella defendía cuando fungía de inquisidora moral desde su banca”. En este caso, cuestionó que solo se busca mediatizar el caso, ya que en otros casos las resoluciones se dieron en direcciones contrarias.

“Hoy lo único que buscan es extender el show, alimentar el circo en su eterna búsqueda del caos para satisfacer su ego y evitar que se apaguen las cámaras”, criticó el diputado.

Por otra parte, se refirió al caso de los senadores electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el periodo anterior, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, señalando que no se puede comparar estos casos.

“Ahí la discusión era completamente distinta, la Corte interpretó si estaban o no habilitados constitucionalmente para jurar y asumir. En el caso de Katya, el Senado ya ejerció una atribución constitucional propia mediante una pérdida de investidura. Es una decisión política e institucional ya consumada y preclusa”, sentenció.

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El diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), presentó un proyecto de ley que busca recrudecer las penas para combatir con firmeza el abigeato en Paraguay. Se trata de la modificación del Código Penal, que actualmente prevé cinco años de pena privativa de libertad para el que hurtara una o más cabezas de ganado menor o mayor y penas de hasta 10 años cuando se trate de un lote de considerable valor o utilidad.

Con las modificaciones planteadas, la expectativa de pena se establece de entre 10 y 15 años de cárcel. El proyectista expresó ante el pleno que la iniciativa busca proteger a pequeños productores y sancionar con más fuerza a transportistas y funcionarios que participen del delito.

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Fundamentó que se pretende dar mayor protección legal a los pequeños productores y corregir vacíos legales que hoy generan impunidad en casos de abigeato. La exposición de motivos expone que en Paraguay existen 130.868 tenedores de ganado. El 74 % son pequeños productores con 1 a 49 cabezas.

“Para ellos, el robo de 1 o 2 animales significa perder todo su sustento económico y alimentario, la ley actual no contempla esta realidad”, lamentó el diputado colorado.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

"Hace rato que la oposición tiene como hoja de ruta volver a las listas cerradas, sin las máquinas de votación serían impracticable las listas abiertas", dijo el diputado Alejandro Aguilera, en torno a la campaña de desprestigio que impulsa el mencionado sector conjuntamente con la disidencia colorada contra el sistema electoral rumbo a las internas del 7 de junio, para las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Nosotros creemos plenamente en el sistema electoral paraguayo y en la fiabilidad de las máquinas de votación, que ya fueron auditadas en su momento, según los plazos del calendario electoral, con participación de técnicos, partidos políticos y observadores", sostuvo al diario La Nación/Nación Media.

Aguilera acotó: “Desde el movimiento Honor Colorado no tenemos ningún problema con la transparencia ni con los controles. Lo que no podemos permitir es que se pretenda instalar un relato de fraude sin una sola prueba, porque eso debilita la confianza ciudadana en la democracia“.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezada por Jorge Bogarín, emitieron un comunicado indicando que la auditoría de las máquinas de votación fue realizada del 2 al 27 de febrero pasado, con la presencia de los representantes técnicos de las diferentes organizaciones políticas cuyos movimientos internos pujarán el próximo 7 de junio.

No obstante, el órgano electoral accedió nuevamente a ejecutar una verificación técnica con la finalidad de disipar cualquier duda sobre la fiabilidad de las máquinas de votación. El proceso inicia con la Asociación Nacional Republicana (ANR), el 25 y 26 de mayo, y continúa con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 27 y 28 de mayo.

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La verificación técnica contará con la presencia de especialistas en hardware y software pertenecientes al consorcio Comitia – MSA, que resultó adjudicado para el arrendamiento de las 18.000 máquinas de votación por un valor de USD 35 millones.

“Da la impresión de que algunos ya están abriendo paraguas ante una catastrófica derrota electoral y buscan sembrar dudas antes de que la gente vote. Nosotros defendemos elecciones libres, transparentes y en la fecha que corresponde. Bajo ningún motivo se puede hablar de suspender elecciones por especulaciones políticas“, puntualizó.

Por otra parte, Aguilera lanzó un mensaje a la ciudadanía argumentando que “el sistema electoral paraguayo es ejemplo a nivel internacional. La incapacidad de la disidencia y la oposición de conseguir respaldo popular no tiene por qué embarrar unas elecciones democráticas“.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, confirmó que se emitió una resolución para implementar una verificación técnica adicional para la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para destrabar todo reclamo de la disidencia, errores de comunicación y transparentar el proceso para las internas partidarias del 7 de junio.

El titular del organismo electoral señaló que el lunes 25 y martes 26 de mayo recibirán en su sede a las agrupaciones internas del Partido Colorado; mientras que el miércoles 27 y jueves 28 será para el Partido Liberal. La auditoría ya se realizó del 2 al 27 de febrero, de manera intensiva, de acuerdo con las fechas establecidas para las elecciones municipales 2026.

“El cronograma electoral que nosotros tenemos hace más de un año, en la Justicia Electoral, indicaba que las auditorías debían realizarse durante el mes de febrero en un plazo de 30 días, e invitamos a todas las agrupaciones políticas, que acudieron cerca de 50 agrupaciones políticas que tuvieron el derecho a proponer dos apoderados técnicos por cada agrupación política”, explicó Bogarín en una entrevista con la 1020 AM.

Explicó que la falta de comunicación se dio porque los partidos políticos también cuentan con su cronograma electoral independiente, como en el caso del Partido Colorado, que indicaba auditorías para los días 23 y 24 de febrero.

“Ahí se dio una diferencia, porque los movimientos disidentes del partido no habían sido convocados y no participaron de esas auditorías. No porque el TSJE los haya excluido, sino que ahí hubo algún problema de comunicación”, acotó.

Bogarín destacó que lo que ahora desde el TSJE están ofreciendo como “gesto democrático” es la revisión técnica adicional y las agrupaciones políticas han aceptado esto. “Como establecimos fechas para el Partido Colorado, también realizó la misma petición el PLRA, y, por el momento, aún no hemos recibido ninguna petición formal de las agrupaciones del tercer espacio”, comentó.

El titular del TSJE aclaró que ya no existe el tiempo suficiente para llevar adelante auditorías de 30 días, ya que está en puertas de las elecciones internas previstas para el 7 de junio.

“Hay que destacar que las elecciones internas en principio son responsabilidad de los tribunales electorales de cada partido. Lo que hacemos desde la Justicia Electoral es proporcionar la tecnología, la logística, apoyando con todos los materiales, y disponemos de las máquinas de votación y tenemos más de 8.000 funcionarios desplegados en todo el país a los efectos de cubrir estas elecciones internas”, concluyó.