Una comitiva fiscal a cargo de la fiscala Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, realizó este miércoles un procedimiento en las oficinas del Poder Judicial acompañada de peritos informáticos en el marco de la investigación sobre delitos informáticos, acceso indebido a sistemas y uso de datos.
La representante del Ministerio Público indicó que la diligencia se llevó a cabo tras una denuncia formulada en su momento por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez, referente a supuestas irregularidades que se detectaron en la designación de expedientes en el fuero civil.
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Llano señaló que “la causa conllevaría la participación de abogados y funcionarios con relación a acceso indebido y alteración de datos relevantes para la prueba”. La investigación es incipiente, pero no se descarta la formulación de probables imputaciones de personas que estarían involucradas en el caso.
Asimismo, el Ministerio Público se trasladó hasta la oficina de la Dirección de Tecnología de la Corte para recabar más datos sobre la denuncia que se encuentra investigando.
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Ypyta: con chicana buscan frenar constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, la abogada Ivonne Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —quien compró de forma irregular una costosa propiedad perteneciente a Ypyta—, pretende con chicanas frenar la constitución judicial del juez de Paz de Pedro Juan Caballero al inmueble donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS).
La referida profesional del derecho solicitó al juzgado que se deje sin efecto la determinación adoptada por el juez Edgar Rivas, quien autorizó realizar la constitución judicial, argumentando que existe una acción de inconstitucionalidad en la Corte. No obstante, la presentación hecha por la representante legal de Braga Diniz —quien sería testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani— ya se realizó fuera de plazo, por lo que el juzgado podría rechazarla y ratificar que se lleve a cabo la diligencia judicial.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Ypyta: ultiman detalles para constitución judicial en Universidad Autónoma San Sebastián PJC
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, remitió un oficio a su colega, el magistrado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de dar cumplimiento a la decisión adoptada por el Juzgado de la Capital, que ordenó realizar la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
De esta manera se ultiman detalles para que el juez de Paz de la “terraza del país” pueda realizar la diligencia judicial, donde se relevarán datos sobre el inmueble, así como de quiénes están actualmente ocupando la costosa propiedad de la firma Ypyta, que aún está en litigio.
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, esposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Ypyta: juez ordenó constitución judicial en propiedad donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián en PJC
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, autorizó la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Rivas dispuso que el Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero realice la diligencia judicial, la cual había sido solicitada en febrero de este año y autorizada recién el pasado 9 de septiembre. Ahora, el magistrado de Paz de la zona será el encargado de constituirse en el inmueble para realizar el relevamiento de datos sobre la costosa propiedad en litigio.
Actualmente, el caso se encuentra en discusión en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, el entonces síndico de quiebras, Blas Velázquez, había autorizado la venta irregular de la valiosa propiedad. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.