Víctor Pavón

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

El título de este artículo se refiere al poder adquisitivo de la moneda con énfasis sobre la inflación. Desde aquí luego me dirijo a los desórdenes que causan el deterioro del poder de compra de la gente. Para tales efectos, considero clave a Milton Friedman, laureado con el Nobel de Economía, como también a representantes de la Escuela Austríaca de Economía como Menger, Mises y Hayek, por citar algunos referentes de esta línea de pensamiento que, por cierto, en este momento causa sensación entre los jóvenes a nivel mundial.

La inflación es un fenómeno monetario por el cual se ponen en circulación más cantidad de monedas y billetes de lo que dispone la producción de la economía. Esto que resulta a la fecha para algunos una especie de novedad, en realidad no es más que una cuestión de sentido común. Si aumenta la oferta de un bien determinado, entonces, ese bien tenderá a perder su precio en el mercado y como el dinero es un bien, el poder adquisitivo de ese dinero también decrece. Tenemos más billetes circulando, pero a pesar de ello compramos menos.

Para comprender mejor esto es preciso entender que lo que llamamos dinero es un medio de intercambio que nos permite disminuir los costos y las numerosas dificultades para comprar y vender bienes y servicios. Imagínese el lector teniendo que volver al trueque para ir de compras al supermercado. Sería imposible y hasta estaríamos en un desorden de inseguridad que aquellos que no tengan algo que el otro no quiera, terminará por no acceder a lo que desea usando la violencia. Estaríamos en permanente violencia.

El dinero tal como lo conocemos hizo posible una revolución pacífica que posibilitó al ser humano intercambiar lo que tenía por aquello que otros hacían sin tener que apelar a la fuerza. Al comienzo se empezó a usar la sal, el azúcar, la seda como una forma de moneda, pero tampoco fue posible seguir utilizando estos bienes porque eran de producción limitada y poco convenientes en su traslado.

El billete y la moneda que hoy disponemos, incluso los títulos de compras en los mercados más complicados, por cierto, no fueron una creación de un Estado en particular. Fue un acto de evolución tipo ensayo-error del ser humano que entendió en el sector privado que la moneda de oro o plata y hoy el papel moneda sencillamente eran mejores en todo sentido para el intercambio y uso en las diversas transacciones. Hasta que el Estado se apoderó de ello.

Ahora bien, dada la existencia del Estado resulta necesario dejar en claro que la moneda debe ser estable y contar con poder adquisitivo. Para que esto suceda el mismo emisor del dinero, es decir, el sector público no debe financiar sus déficits con creación de más monedas y billetes sin respaldo en la producción económica.

En todas partes y en todos los mercados existe una relación entre bienes y dinero. Los precios están en función de la cantidad de moneda disponible. Si la cantidad de dinero aumenta teniendo la misma producción, el resultado será que los precios empezarán a subir hasta luego volverse incontrolables apareciendo el fenómeno inflacionario, el peor de los impuestos especialmente para los pobres.

Lo mejor que puede sucedernos como personas y miembros de un país, por tanto, es comprar más productos y servicios con menos billetes. Esto es estabilidad monetaria. Y todo comenzó con la sal, luego el oro y el billete.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Garay, aclaró a la opinión pública y a sus colegas que se encuentra realizando un tratamiento médico, pero que eso no le impide seguir trabajando en la máxima instancia judicial y en el JEM. De esta manera, el alto magistrado salió al paso de ciertos rumores sobre su estado de salud.

El ministro Garay afirmó igualmente que realizó una denuncia ante la sede del Ministerio Público debido a que personas inescrupulosas envían mensajes de WhatsApp en representación del alto magistrado pidiendo favores particulares.

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También, agradeció a la vicepresidenta del JEM Alicia Pucheta y a sus compañeros de este órgano juzgador por el aprecio, respeto y educación hacia su labor.

El titular de JEM participa de la sesión de este órgano vía telemática, así como lo hace igualmente en las sesiones plenarias de la Corte Suprema de Justicia. Garay es actualmente el presidente de la sala civil de la máxima instancia judicial y vicepresidente de la Corte.

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.

“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.

“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.

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Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.

“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.

“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.

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