En la mañana de este jueves ingresó a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú, Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado por violación. Su remisión desde Judiciales se concretó alrededor de las 10:30.

Fue remitido al sitio por disposición de la jueza Sandra Noelia Kirchhofer. Deberá cumplir una condena de cinco años y medio por abuso sexual a una adolescente ocurrido en el Club Centenario en el 2012. Fue capturado el pasado martes luego de permanecer prófugo por 14 años.

En el recinto penitenciario se hallan las personas privadas de libertad ya condenadas. Según los datos, al ingresar al penal es controlado por una sala de revisión, donde le sacan la ropa y se les verifica si tiene tatuaje, porque según la jerga penitenciaria, delata mucho este símbolo.

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Posteriormente, es ubicado en una de las celdas. Esta penitenciaría alberga a alrededor de 200 internos, condenados todos, divididos en pabellones, según sean obreros, adultos mayores u otras características.

La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Cynthia Lovera. La condena quedó firme en el 2021 cuando la Corte confirmó la sentencia a cinco años y medio de prisión para el autor. Desde entonces, estaba prófugo.

“Él nunca se puso a disposición de la justicia. Siempre estuvo en calidad de prófugo a los efectos del cumplimiento de su condena”, manifestó Cecilia Pérez, abogada de la familia de la víctima, en declaraciones al programa “Callejeros” de Unicanal.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Andrea Coronel presentó acusación contra un hombre por los hechos punibles de abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado, coacción sexual y violación, además de trata de personas. Se trata de Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), supuesto ministro de un culto religioso denominado “Umbanda”.

La agente acusadora es titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y en la Lucha contra la Trata de Personas.

Según el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas (niños, adolescentes y adultos), a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.

El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales, bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.

Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintas viviendas de Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el “ministro” habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.

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El escrito de acusación dice que el acusado sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.

En cuanto a los menores de edad que habrían sido víctimas, el Ministerio Público cuenta que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y luego fue sometida a un régimen de servidumbre y maltratos, además de abuso sexual.

Un niño de 9 años y un adolescente de 15 años también serían víctimas del acusado entre los años 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados a esta persona.

El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al juzgado penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.

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El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados el documento en el cual informa que se admitió la imputación del diputado de Yo Creo, Walter García.

Con esta comunicación, la Cámara Baja deberá analizar el desafuero del parlamentario imputado en la causa “Miguel Prieto y otros por lesión de confianza (ley n.º 6379) superior a 5.500 jornales”.

“Habiéndose formulado imputación fiscal ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno de la capital a mi cargo, de parte de los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle, María Verónica Valdéz, contra el diputado nacional Walter Hugo García Méndez, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza (…) en calidad de cómplice", expresa el documento.

El juez solicita que se comunique y se remita las “actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la presente causa a la Cámara de Diputados para los fines legales pertinentes”.

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Igualmente, el juez Otazú fijó la audiencia de imposición de medidas para los días 6 y 7 de abril para los procesados en esta causa, el exintendente de Ciudad del Este (en calidad de autor), Miguel Prieto, junto al exjefe comunal Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.

El Ministerio Público señala que los imputados causaron un perjuicio patrimonial a las arcas de la Municipalidad esteña de G. 757.166.276 por el pago de obras que no se habrían realizado.

La investigación fiscal apunta que esta cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.

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