La firma Eurofarma Laboratorios S.A., amplió la denuncia ante el Ministerio Público por la falsificación de tres facturas de la citada empresa, que se habrían utilizado en el 2018 para ingresar medicamentos oncológicos a nuestro país. Todos los indicios apuntan a la empresa Insumos Médicos S.A. cuyo propietario es Justo Ferreira, quien habría montado un esquema para introducir al país medicamentos para pacientes en terapia intensiva, burlando los controles de vigilancia sanitaria.
El documento presentado ante Fiscalía señala que: “Revisadas las constancias de la empresa, se ha constatado que tres facturas comerciales son completamente falsas debido a que Eurofarma no emitió ninguno de los tres documentos de pago”.
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Por su parte, el abogado de la empresa señaló que: “Aparecieron tres facturas con el mismo sello falso de Eurofarma que son del 2018 y es por ello que ampliamos la denuncia en sede del Ministerio Público”. Agregó que: “En una sola factura figuran 400.000 kilos de productos que no poseen la trazabilidad y a su vez se desconoce el origen y son productos oncológicos”.
Asimismo, los fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme están investigando el presente caso. Los citados ya solicitaron informes a la SET y a la Abogacía del Tesoro. También libraron oficio a varias instituciones.
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Juez emite amparo para protección de ayoreos en aislamiento voluntario
Tras las acusaciones en contra de un influencer por supuesta explotación a integrantes de los pueblos originarios, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) promovió una acción de amparo para salvaguardar a miembros del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo. El juez penal de Garantías de capital, Marcelo Saldívar, dio trámite a esta acción para proteger y salvaguardar a los miembros de esta comunidad.
El Indi promovió esta acción en contra de Nathan Pratt Seastrand y/o la firma Deep Jungle Studios, disponiendo una serie de medidas cautelares urgentes destinadas a proteger a los integrantes de todo el pueblo ayoreo, especialmente a los Totobiegosode en situación de aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo, como así también, resguardar los derechos fundamentales de los grupos indígenas aislados, además de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física, cultural y territorial.
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Entre las medidas ordenadas por el juez, se encuentran: “la prohibición de realizar actividades de ingreso, búsqueda, localización, seguimiento, sobrevuelos, instalación de dispositivos o cualquier otra acción que pueda propiciar un contacto no deseado con personas en aislamiento voluntario”. Igualmente, se dispuso el retiro de cámaras trampa y otros equipos que se encuentren instalados en el área protegida sin autorización compatible con el régimen especial de protección vigente.
También se establece la prohibición de publicar, difundir, transmitir, ceder o comercializar material audiovisual que permita identificar, localizar o exponer a personas en situación de aislamiento voluntario. Igualmente, se dispuso la preservación del material digital y audiovisual relacionado con los hechos, sin perjuicio de las actuaciones que pudieran realizarse en el ámbito penal.
El juzgado ordenó la notificación por edictos al demandado y la realización de diligencias para la identificación de su domicilio, requiriendo información a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Mientras tanto, quedaron suspendidos los plazos procesales para el traslado de la acción de amparo hasta la recepción de los datos solicitados.
Esta acción se llevó adelante luego denuncias realizadas por representantes del pueblo Ayoreo Totobiegosode y del Indi sobre presuntas actividades impulsadas por el ciudadano estadounidense Nathan Seastrand, conocido en redes sociales como “Yankiguayo”, vinculadas a la búsqueda y eventual registro audiovisual de grupos de ayoreos en situación de aislamiento voluntario en el Chaco paraguayo.
De acuerdo con la denuncia, esta persona habría instalado cámaras trampa en zonas del Chaco y buscado obtener información que permitiera localizar a integrantes de estos grupos indígenas aislados. Asimismo, líderes ayoreos manifestaron preocupación por un eventual contacto no autorizado y por la posible difusión de imágenes o registros audiovisuales relacionados con estas comunidades.
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Misteriosa desaparición en Hernandarias: hallaron con vida a joven madre
La joven madre que fue reportada como desaparecida ayer, en Hernandarias, fue hallada con vida en la madrugada de este martes, según informó su madre, Anselma Vega Fariña.
“Apareció viva, está internada en observación. Fue un gran susto, pero con la ayuda de Dios, lo vamos a superar”, escribió vía redes sociales sin entrar en detalles. Asimismo, agradeció a todas las personas que se preocuparon por Bella Jazmín Ortiz Vega (25), quien salió ayer para trabajar y no volvió a casa.
Igualmente, hizo extensivo su agradecimiento a las familias y amistades que le acompañaron hasta encontrarla “Nada es fácil en esta vida, pero con Dios todo lo podemos sobrellevar”, expresó.
Familiares denunciaron su desaparición en la Comisaría 5ª de Hernandarias, diciendo que la mujer salió de su vivienda en horas de la mañana y desde la tarde, perdieron toda comunicación ella, debido a que no volvió a responder llamadas ni mensajes.
Bella Jazmín salió alrededor de las 7:00 desde la Fracción Valle de las Flores, barrio Caacupemí, con destino al Paraná Country Club, donde trabaja como recepcionista. Luego, debía regresar a su domicilio y asistir a la universidad, pero nunca llegó.
Compañeros de facultad señalaron que la habrían visto descender de un transporte público cerca de las 17:00, en inmediaciones del barrio San Francisco. Desde entonces, su teléfono dejó de responder.
El caso fue comunicado al Ministerio Público y se activó una alerta de búsqueda a través del Sistema 911. Finalmente, apareció esta madrugada. Las autoridades trabajan para determinar qué fue lo que ocurrió.
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Femicidio: funeraria amenaza con devolver el cuerpo a familiares si no pagan el cajón, denuncian
Familiares de Liz Andrea Ortellado (30), víctima de feminicidio el pasado fin de semana en Guarambaré, denunciaron que la funeraria les exige la suma de G. 10 millones por el cajón y que, si no pagan, les devolvería el cadáver.
“Ellos me buscaron por el tema del niño, para que la custodia vaya con la abuela materna. Pero ahora estamos ante otro problema principal: la gente de la funeraria se comunicó con los parientes y le dijeron que iban a devolver el cadáver en plástico”, relató este martes el abogado Miguel Godoy, en declaraciones a la 1020 AM.
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En ese sentido, el profesional mencionó que la víctima fatal se desempeñaba como funcionaria de una empresa, y que los directivos de la misma se harían cargo de los gastos. Sin embargo, no cumplieron.
“Se comprometieron a pagar el cajón, pero lastimosamente, la empresa no se estaba haciendo responsable. El cuerpo ya estaba en el cajón, pero iban a volver a sacar y devolver el cuerpo porque ya perdieron comunicación con la gente de la empresa", precisó el abogado.
Explicó que, ante lo sucedido, lo que corresponde es que la gente de la empresa se haga cargo, atendiendo los salarios caídos, el aguinaldo proporcional y demás.
“Estoy tratando de comunicarme con la funeraria San Lázaro para tratar de solucionar el caso. Es bastante triste, porque los familiares ya están pasando un gran dolor”, lamentó Godoy.
El principal sospechoso, Walter Fabián Acosta Duarte (34), fue hallado sin vida a pocos metros de la vivienda. La hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto feminicidio seguido de suicidio. La víctima ya había denunciado anteriormente al sindicado por violencia.
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Paciente con cáncer de cerebro lleva tres meses sin medicación
La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia que una paciente con melanoma avanzado (cáncer de cerebro) se encuentra sumamente deteriorada debido a la falta de sus medicamentos, por lo que pide se haga cumplir una resolución judicial que ordena la provisión de la medicación.
“Transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad”, expresan a través de un comunicado.
El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud arbitrara los mecanismos necesarios para asegurar su tratamiento.
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“Prometen dar curso a su caso y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra. Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Vamos a morir esperando”, lamentan.
Ante esta situación, solicitan el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.
“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, advierten.
En caso contrario, la FEPPER llevará el caso ante organismos internacionales. “La falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente”, argumentan.
Se trata de una madre, aportante del IPS, pero la previsional no hizo caso al amparo; entonces, tuvo que recurrir a Salud Pública. Desde abril hasta ahora está sin medicación y su enfermedad ha avanzado de acuerdo al último diagnóstico médico.
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