Un total de 1.013 funcionarios judiciales que superan los 60 años de edad, así como embarazadas y personas en estado de lactancia, realizarán trabajos específicos desde sus domicilios. Así lo informó el director de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Mario Elizeche.
De acuerdo a los datos que maneja la dirección de Recursos Humanos, existen 806 funcionarios que superan los 60 años de edad, los cuales están dentro del rango de riesgo de contraer el COVID-19, por lo que se dispuso que los mismos realicen su labores, pero desde sus casas. Asimismo, se tienen 30 funcionarias embarazadas y 106 en estado de lactancia, por lo que para las mismas se asignarán trabajos específicos.
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La Corte Suprema de Justicia reabrirá sus secretarías este lunes 4 de mayo bajo estrictas medidas sanitarias. La reapertura será parcialmente debido a que reabrirán sus puertas las salas de la máxima instancia judicial y los tribunales de apelaciones de todo el país. Para ello fue diseñado un esquema de ingreso a las sedes judiciales de todas las circunscripciones judiciales de nuestro país.
Igualmente, el horario de atención al público será de 8:00 a 12:00. Está prohibido el ingreso de niños en todas las sedes judiciales. Solo se permitirá el ingreso de los abogados con tapabocas y en caso de no tener, no se podrá ingresar a ningún Palacio de Justicia. La máxima instancia judicial siguió todas las recomendaciones del Ministerio de Salud para el inicio de las actividades.
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Liberan a conductor y entregan camioneta por no estar vinculado con A Ultranza Py
El pasado 12 de abril, en un operativo de control fue detenida una camioneta Toyota Hilux de color blanco en poder de un hombre, que presumieron que estaría vinculado con el operativo A Ultranza Py. El conductor afirma que no quedó detenido y que el rodado no fue incautado, como se informó.
Se trata de Fermín Daniel Parra Gamarra, quien estaba al mando del rodado que pertenece a la empresa donde trabaja y que le fue designado ese día para su uso. Esta camioneta está a nombre de un diputado procesado, pero que no estaría vinculado al operativo. Posterior al control Parra fue liberado.
“Esa camioneta no tiene ninguna orden de captura o de intervención, tampoco está en la Fiscalía o una comisaría en carácter de incautado. Mucho menos yo, incluso no se nada del caso a Ultranza, soy solo un empleado a quien designaron ese vehículo ese día”, detalló Parra en entrevista con La Nación/Nación Media.
El trabajador contó que fue detenido sobre la avenida Eusebio Ayala, en un control policial y que le solicitaron que acompañe a los agentes hasta la dirección de Automotores de la Policía para confirmar la situación del rodado. “Les expliqué que solo era el chófer y que estaba llevando algunos materiales a una obra”, confirmó.
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Agregó que luego de unas horas se corroboró que el rodado no tiene nada que ver con la investigación de A Ultranza Py y que nuevamente fue liberado del control. “El comisario me pidió que firme un acta de que se intervino el rodado y que yo estaba manejando, pero que el fiscal ordenó la liberación”, aseguró.
Parra indicó que esta camioneta aún está a nombre del diputado y que no se puede transferir mientras dure su proceso, pero que ya fue entregado a la empresa en la que trabaja. “Ese día se corroboró que el rodado está inscripto del año 2014 y que la investigación comenzó en el 2019, por lo que nada tienen que ver con el operativo A Ultranza. Entonces terminó ahí”, detalló.
Lamentó que se haya filtrado su nombre y que lo hayan relacionado con la investigación de este caso. “Salió mi foto y mi nombre, dijeron que yo estaba detenido y eso no es cierto. Me está afectando en el trabajo, mi familia y mi nombre, porque al buscarme en redes sociales o google sale que estoy ligado con el narcotráfico y lavado de dinero”, puntualizó.
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Comisiones asesoras del Senado se aprestan a dictaminar sobre el control a las ONGs
El senador Gustavo Leite dijo que, en el transcurso de los próximos días, será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta, el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las ONGs cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a Comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas ONGs tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las ONGs son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020 AM.
Asimismo, Leite acotó: “deben rendir cuentas de la plata que reciben, sea de gobiernos extranjeros del extranjero o del Estado paraguayo cuando se involucran en políticas públicas. ¿Por qué los entes que más hablar sobre la necesidad de transparencia no quieren rendir cuentas?”.
En la iniciativa también se establecen normas de transparencias, rendición de cuentas y supervisión las que no solo alcanzan a las organizaciones sin fines de lucro, sino también a terceros. La propuesta señala que en el capítulo del régimen sancionatorio quedan fijadas las sanciones por la transgresión de la ley, tanto por personas físicas como jurídicas y otros entes u organismos, así como se prevé el procedimiento a seguir.
“Las ONGs que participaron de los 17 millones de euros nos quisieron decir que no pueden darnos los datos detallados por acuerdo de confidencialidad con la Unión Europea. Cuando se usa plata para el mejoramiento de nuestra educación, de nuestro pueblos originarios o de la salud, tienen que rendirse cuentas detalladamente y a la ciudadanía”, refirió el legislador.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.