El doctor Rodolfo Mario Ritter fue procesado por la agente fiscal Nilsa Torales, titular de la Unidad Especializada en Medio Ambiente de Alto Paraná, por los supuestos hechos punibles de violación de la cuarentena sanitaria y lesión grave en grado de tentativa. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva del imputado.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el profesional de la salud habría ingresado al país en fecha 19 de marzo de 2020, luego de haber estado en el exterior. Según las medidas adoptadas desde el Poder Ejecutivo, el mismo debía de guardar cuarentena obligatoria, sin embargo, no cumplió con dicho ordenamiento y salió en dos oportunidades de su domicilio para concurrir al sanatorio donde presta servicios médicos.
Leé también: ¿Cómo espían a periodistas en Paraguay?
El doctor Ritter se presentó al hospital sin la utilización de tapabocas ni el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para el ingreso al centro médico, según expresa el acta de imputación.
Incluso, para ese entonces ya se tenía el reporte del decaimiento en su salud al 154 (por ser un posible caso de COVID-19). Por ese acto, luego se dispuso que varias personas que tuvieron contacto directo con él sean puestas en cuarentena obligatoria por las autoridades sanitarias.
Te puede interesar: Detuvieron al presunto asesino del periodista Leo Veras
Dejanos tu comentario
Causa Berilo: condenan a funcionarios y exagente fiscal a dos años de cárcel con suspensión
En el marco de la causa denominada Berilo, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución penal, los funcionarios fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, así como el exagente fiscal Gustavo Ramón Yegros.
El informe del Ministerio Público destaca que los mismos fueron hallados responsables de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y soborno agravado.
En el caso de Gustavo Ramón Yegros, además, fue condenado por cohecho pasivo agravado.
El incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas implicará la revocatoria de la suspensión y la ejecución de la pena privativa de libertad.
El juez penal de garantías n.º 7, Miguel Ángel Palacios Méndez, dictó la condena luego de que los acusados admitieran los hechos atribuidos en su contra.
La causa guarda relación con el denominado Operativo Berilo, que investiga un esquema criminal vinculado al tráfico de drogas desde el departamento de Alto Paraná.
En este proceso también se encuentran acusadas otras 22 personas, entre ellas un exdiputado, quienes deberán enfrentar juicio oral y público.
Yegros, quien se desempeñaba como fiscal en Ciudad del Este, fue acusado de haber recibido la suma de USD 20.000 en concepto de coima durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de las reglas de conducta impuestas, los condenados deberán realizar donaciones a las fundaciones Guadalupe, Asoleu y Rocío Róga, respectivamente, en concepto de reparación social. Asimismo, tienen prohibido cambiar de domicilio, salir del país y deberán comparecer ante el Juzgado en forma trimestral.
La investigación se inició el 5 de abril de 2018, a partir de la interceptación de llamadas, lo que permitió comprobar la existencia de una organización criminal dedicada al acopio y envío de drogas al Brasil.
En este caso, entre estas 22 personas, están procesados Reinaldo “Cucho” Cabaña, y el exdiputado Ulises Quintana, quienes recuperaron su libertad con medidas sustitutivas y aguardarán el juicio oral fuera de la Penitenciaría de Tacumbú.
Lea más: Senad intensifica operativos en buses para garantizar viajes seguros
Dejanos tu comentario
Prisión de Marset no es garantía para otorgar a su pareja prisión domiciliaria, afirma tribunal
El Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, ratificó la prisión preventiva de Gianina García Troche, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de Emboscada. La pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
De manera unánime, los camaristas confirmaron la resolución de la juez penal de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, de mantener la prisión preventiva de García Troche ante el requerimiento de sus abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete, consistente en otorgar a su clienta el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Los letrados indicaron en su requerimiento que existían elementos nuevos que desvirtúan la imputación, en este caso, la supuesta falsificación de la escritura pública de constitución de la empresa; la prisión de Marset en Estados Unidos, así como la falta de fundamentación del fallo sobre la prisión de la mujer.
“Los motivos que justifican la prisión de Gianina García, no han variado, pues no existen nuevos elementos aportados a la causa, y la privación de la libertad de Marset no resulta suficiente como justificativo para alterar su estado”, refiere el tribunal.
Lea también: TEP rechazó unificar lista de precandidaturas de la disidencia colorada en capital
En su petición, los abogados también alegaron que la prisión preventiva a García Troche ya era excesiva, que no había ausencia de justificación de la medida, debido a que no existe peligro de fuga y que su sometimiento fue voluntario.
Los camaristas agregaron que “es necesario que la responsabilidad de la misma sea determinada en un juicio con todas las garantías y respetando los principios procesales - artículo. 1ro. del C.P.P.-. Para ello se debe asegurar su presencia al acto”.
Dejanos tu comentario
Imputan a un militar y un personal de DNIT por agresión física y privación de libertad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace cinco meses circulaba en redes masivamente un vídeo donde se veía en la zona primaria de Ciudad del Este a personal del Área Naval del Este y a un funcionario aduanero agrediendo, aparentemente, a dos personas. Sobre el caso, el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, presentó imputación contra un agente del Área Naval del Este y un funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El proceso es por los presuntos hechos punibles de lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas y privación de libertad, atribuidos a ambos en calidad de autores. El fiscal requirió la aplicación de medidas alternativas, solicitando la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva mediante el cumplimiento de reglas de conducta.
Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2025, alrededor de las 16:20, en la zona primaria aduanera, en la cabecera del Puente de la Amistad de Ciudad del Este, en el carril de ingreso al país. En esa ocasión, durante un control rutinario, los intervinientes procedieron a la inspección de un vehículo conducido por un hombre mayor, quien se encontraba acompañado de su hijo de 14 años.
El escrito de imputación refiere que al momento de la verificación se produjo un forcejeo, ocasión en que el militar habría utilizado la fuerza, agrediendo al conductor con la intención de sacarlo del habitáculo del rodado.
Puede interesarle: Detienen a una pareja tras balear a dos indígenas de 13 y 15 años en la calle
Ante esta situación, el adolescente de 14 años intentó defender a su padre, momento en que el interviniente lo habría sujetado del cuello y le habría propinado un golpe de puño en la cabeza, a la altura del oído; posteriormente, lo habría tomado del cabello y nuevamente sujetado del cuello, presionando con fuerza.
Asimismo, durante el forcejeo, el funcionario de la DNIT habría ingresado al habitáculo del vehículo por la puerta del acompañante, lanzando golpes y actuando con violencia, arrojando al conductor fuera del rodado.
Posteriormente, el hombre objeto del control aduanero y supuesta agresión, fue aprehendido por el personal del Área Naval, con apoyo de otros intervinientes, y trasladado hasta la Base Naval, donde habría permanecido privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00.
La imputación se sustenta en elementos colectados como el acta de intervención policial, acta de incautación, informes y notas institucionales, registros fotográficos y fílmicos del procedimiento, declaraciones testimoniales del afectado y del adolescente de 14 años, evaluación psicológica del menor e informe médico, entre otros.
Puede interesarle: Ñeembucú: pescador mordido por una yarará ya recibió asistencia especializada
Dejanos tu comentario
Hermano de excomandante policial, imputado por presunto abuso a adolescente en San Pedro
Leonardo Machado Orihuela, hermano del excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado Orihuela, se encuentra imputado y con prisión preventiva tras ser denunciado por un supuesto caso de abuso sexual contra una adolescente en el departamento de San Pedro.
El caso salió a la luz en enero pasado, en la localidad de Villa del Rosario, donde la familia de una joven de 17 años lo acusa de haber cometido reiterados abusos entre diciembre y enero.
De acuerdo con la denuncia, la víctima trabajaba como empleada doméstica en la vivienda del procesado, circunstancia que habría sido aprovechada para perpetrar los hechos. La abogada de la familia, Gisselle Auada, sostuvo que incluso la esposa del acusado habría tenido conocimiento de la situación sin intervenir.
Lea más: IPS: médicos extirparon el seno equivocado a paciente con cáncer
Siempre según la versión de la parte denunciante, Machado habría intentado evitar que el caso trascienda ofreciendo inicialmente una vaca lechera y posteriormente la suma de G. 50 millones a cambio de silencio, propuestas que fueron rechazadas.
Tras la formalización de la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, el fiscal Walter Melo Acosta resolvió imputarlo por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación.
El vínculo familiar con un exjefe policial genera preocupación en el entorno de la víctima, que teme eventuales influencias en el proceso. Por ello, la defensa solicitó celeridad en la causa y pidió que se avance hacia la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.
Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada, en Asunción, mientras prosiguen las diligencias del Ministerio Público.