El diputado colorado Ulises Quintana, acusado por lavado de dinero y asociación criminal, seguirá recluido en la cárcel militar de Viñas Cué. Así resolvió el juez penal de Garantías de turno de la capital, Mirko Valinotti, quien decidió confirmar la prisión preventiva luego de la audiencia de revisión de medidas llevada a cabo hoy en el Palacio de Justicia. La citada diligencia se realizó a través de videollamada.
El abogado Óscar Germán Latorre fue quien solicitó llevar a cago el proceso. La defensa del parlamentario alegó que su representado corre el riesgo de contagiarse con el COVID-19.
Por su parte, el magistrado Valinotti mencionó en su resolución que “la situación procesal del acusado no ha variado y tampoco existen nuevos hechos en el presente caso, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva del citado legislador”, refiere parte del fallo judicial. Asimismo, menciona que se tienen resoluciones de la Cámara de Apelación que han confirmado la prisión de Quintana.
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En el presente caso están acusados Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña así como agentes fiscales y policiales. En algunos casos los procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión porque fueron procesados por hechos punibles considerados delitos.
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Juzgado de Ejecución Penal entregó vehículo a la Senabico
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), oficializó la entrega de un vehículo comisado en una causa penal a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), proveniente de causas relacionadas con el crimen organizado. El bien decomisado fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos.
La transferencia se realizó en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 5876/17, De administración de bienes incautados y comisados, y por la Ley N° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”.
El magistrado Mendoza Peña explicó que el vehículo comisado ya se encuentra bajo la administración de la Senabico, libre de todo gravamen, y destacó la celeridad, seguridad y transparencia de los trámites actualmente establecidos para la entrega de la documentación correspondiente al bien comisado mediante el Registro Unificado Nacional, gracias al importante avance tecnológico aplicado a estos procedimientos.
La entrega tuvo lugar en la causa “Roberto Lezcano Martínez y otros s/Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340”, en la cual se dictó el A.I. N° 169, de fecha 9 de octubre de 2025, por este juzgado, se dispuso llevar adelante la ejecución de la S.D. N° 01, de fecha 6 de enero de 2022, dictada por el Juzgado Penal de Sentencia, que ordena el comiso de un vehículo de la marca Toyota Hilux, color beige, con matrícula BJN 208.
Acompañaron la entrega de la documentación la abogada Nadia Ramírez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la CSJ; y el actuario judicial del juzgado, abogado Cristian Marcelo Martin Ojeda.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la adecuada guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
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Otro dron sobrevoló una prisión
Sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad.
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario. A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo. No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.
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Justicia dio trámite a demanda civil y embargó bienes de exdiputado por deuda millonaria
El juez en lo Civil y Comercial de Lambaré, Javier Rodolfo Gómez Arce, resolvió tener por iniciado el Juicio Ejecutivo por la suma de G. 120.850.000 presentado por Pedro Germán Vera Silva contra el exdiputado Orlando Arévalo. A su vez, el juzgado decretó el embargo ejecutivo inicialmente hasta cubrir la suma de G. 12 millones sobre el exparlamentario.
Arévalo fue diputado e integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo al que tuvo que renunciar luego de que su nombre apareciera en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.
Igualmente, la Justicia dio por reconocida la firma del documento en el que se le reclama el monto millonario al exlegislador Orlando Arévalo. El mismo tendrá la oportunidad de ejercer su defensa en el presente juicio civil.
Del mismo modo, el juez civil Gómez Arce decidió intimar al pago a la parte deudora, haciéndole saber a Arévalo que deberá abonar el capital reclamado más los intereses y costas en el acto de requerimiento o, en su defecto, al tercer día.
Ante la presente resolución firmada por el juzgado mencionado, el representante legal del exdiputado puede recurrir el fallo judicial. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación de Central el que tendrá que definir si corresponde confirmar la determinación adoptada por el magistrado de primera instancia o revocar la misma.
Arévalo imputado
Días atrás, el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado destrabó el proceso penal de Orlando Arévalo, imputado por cohecho pasivo. La cámara declaró inadmisible el recurso de reposición con apelación en subsidio planteado por la defensa del exdiputado. Este había presentado una reposición contra la providencia que lo convocó a su audiencia de imposición de medidas ante el juez de Garantías Humberto Otazú.
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