Jueces de diferentes fueros de todo el país están presentando sus informes sobre el estado actual de sus respectivos despachos a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados presentaron sus escritos sobre el estado de los juicios pendientes de resolución y otros.
Ahora se van a clasificar todos los documentos que se están recibiendo para luego exponer el trabajo que realizaron los jueces y camaristas en sus casas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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De acuerdo a los documentos recibidos por la máxima instancia judicial, el primer magistrado que envió el estado actual de su despacho fue Delio Vera Navarro, miembro del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de la Capital, quien está al día en su despacho y que no cuenta con expedientes en estado de autos para sentencia ni de autos para resolver.
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia había dictado la resolución N° 193 en la sesión del 17 de abril a fin de dar cumplimiento al informe requerido a todos los tribunales y juzgados del país. Para ello, los jueces de toda la República habían llevado a su casa los expedientes judiciales que estaban en autos para resolver y hoy día están informando a la máxima instancia judicial sobre cuántos fallos han elaborado en sus casas.
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Informe: critican a Bukele el “deterioro más rápido” de la democracia en América Latina
El Salvador es el país de América Latina y el Caribe que enfrenta el “deterioro más rápido” de la democracia en los últimos años, según un informe de un ente intergubernamental divulgado este viernes.
“El Salvador es el país que ha tenido un deterioro más rápido en materia de indicadores democráticos en la última década en la región”, dijo a la AFP Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele gobierna desde 2022 con un régimen de excepción destinado, según el gobierno, a combatir a las pandillas. La norma, que permite arrestos sin orden judicial, es criticada por organizaciones de derechos humanos.
El 31 de julio, el Congreso salvadoreño, controlado por Bukele, aprobó la reelección indefinida para permitir la continuidad del mandatario, quien goza de alta popularidad por su “guerra” antipandillas.
El Salvador “es un caso de preocupación porque muestra que incluso democracias electorales que funcionan de manera regular y estable pueden tener un deterioro sistemáticamente rápido”, agregó Ríos, exministra de Justicia de Chile, tras presentar en Panamá el capítulo regional de un informe global divulgado el jueves en Estocolmo.
El informe regional analiza en 27 países indicadores de libertad de prensa, participación política, estado de derecho e igualdad social.
En el Salvador ha habido “una fuerte caída en las libertades” y “un deterioro” del estado de derecho y la independencia judicial, indicó Ríos.
Además, también se han hecho “trampas”, como en otros países, “para consolidar regímenes autoritarios a través de las reelecciones indefinidas”.
“El modelo Bukele no ha estado exento de costos devastadores. El Salvador tiene actualmente la tasa más alta de personas encarceladas del mundo”, con 85.000 reclusos entre seis millones de habitantes, entre ellos, millares de menores de edad, señala el reporte.
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Además, figura entre los casos “más graves” en pérdida de la independencia de la justicia, junto a Afganistán, Chad, Birmania y Túnez.
Incluso, son “comunes” la “tortura, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia y el abuso e intimidación policial”, añade el reporte.
IDEA destaca que en los últimos cinco años la región ha vivido retrocesos democráticos por elecciones no creíbles, nula separación de poderes o violaciones de derechos humanos.
Nicaragua y Venezuela “llevan bastante tiempo como regímenes autoritarios” y en Haití “no se encuentran prácticamente ninguno de los requisitos básicos de un sistema democrático” por un “colapso generalizado de las instituciones”, dijo Ríos.
“Brasil, en América Latina ya nivel global, junto con Colombia, son dos de los países que han tenido las mayores mejorías en materia democrática”, agregó.
Fuente: AFP
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“No encuentro datos para un diagnostico de trastorno mental”, dice psiquiatra que evaluó a Cabañas
La psiquiatra María del Pilar Fresco, quien evaluó al exjugador de futbol Salvador Cabañas en el marco del juicio que iniciaron sus hijos por insania, informo al juzgado civil y comercial que al momento de la evaluación no se encontraron datos suficientes para configurar un diagnóstico de trastorno mental en el momento de la evaluación.
Con el contundente informe que ya está agregado al expediente judicial, el juez deberá resolver si desestima la acción presentada por los dos hijos de Salvador Cabañas.
Fresco menciona en su informe que luego de la evaluación en cuanto al examen psíquico, Cabañas demostró una actitud colaboradora, lenguaje en ritmo y tono conservado orientado en persona parcialmente en tiempo y espacio, niega alteración de la censo percepción, pensamiento en curso conservado, no se evidencian ideas delirantes, responde de forma correcta a las preguntas, memoria aparentemente sin alteración”.
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También refiere el informe de la profesional que de acuerdo a las consideraciones y los datos aportados no encuentra suficientes datos para configurar un diagnóstico de un trastorno mental en el momento de la evaluación, refiere el contundente informe de la profesional que evaluó al exjugador Salvador Cabañas.
Cabañas fue demando por sus hijos por insania, acción judicial que pretendía que el exjugador de futbol ya no disponga de sus bienes.
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Estafa a menonitas: Corte ratifica proceso penal contra imputados
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por los imputados José Ljubetic Arrellaga, Willian Bogarín Campuzano, funcionario de la Cámara de Diputados e Ilsa Paredes.
Por ende, ratificó el proceso penal por el delito de estafa de US$ 1.600.000, cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
La máxima instancia judicial sostuvo que el recurso planteado por los imputados no cumplía con el requisito para admitir, por lo que corresponde declarar inadmisible.
El proceso penal contra los imputados se inició el 28 de marzo del 2025, cuando el juzgado penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, cuyo magistrado es Vicente Coronel Villalba, admitió la imputación y fijó fechas para el requerimiento conclusivo y la comparecencia de los procesados.
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La defensa de estas personas recurrió a la Corte buscando dejar sin efecto las resoluciones de primera instancia y segunda, que ratificaron la admisión de la imputación y los ministros rechazaron la chicana de los imputados y confirmaron el proceso penal contra los tres imputados.
Con la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia el proceso penal contra los imputados debe seguir su curso ordinario.
De acuerdo al acta de imputación, los procesados ofrecieron tierras ubicadas en el Chaco a los colonos menonitas, quienes desembolsaron grandes sumas de dinero pero nunca recibieron las tierras prometidas y la transacción fue completamente ficticia.
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Mafia de los pagarés: Corte informó sobre auditorías, sumarios e imputaciones
En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.
El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.
En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.
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La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.
La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.
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