A partir de hoy la Corte Suprema de Justicia aplica estrictas medidas sanitarias para poder ingresar a la sede del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el ministro Luis María Benítez Riera, acudieron hasta la entrada principal de la sede judicial para verificar las medidas sanitarias implementadas para el ingreso de personas a la institución. Durante la inspección, estuvieron presentes el director general de Recursos Humanos, Mario Elizeche, y el responsable de la Dirección de Desarrollo de RRHH, René Genes.
El paso que se debe seguir para ingresar a la sede judicial es lavarse las manos en los lavatorios que se encuentran frente al Palacio de Justicia. Luego los funcionarios de sanidad toman la temperatura a las personas que accederán al edificio y por último se procede a la desinfección de los abogados y funcionarios judiciales que accederán a realizar las gestiones correspondientes al Palacio de Justicia.
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Estas medidas sanitarias que se están aplicando en tribunales ya podrían ser utilizadas cuando se flexibilice la cuarentena sanitaria. La máxima instancia judicial sigue las instrucciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Salud.
En principio, desde el lunes 27 de abril se debería retornar a las actividades en todas las sedes judiciales del país, pero esto está sujeto a determinaciones que pueda adoptar el Poder Ejecutivo.
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Justicia argentina confirma orden de decomisar bienes a expresidenta Kirchner
Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.
La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.
Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.
Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.
De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.
La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.
“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.
“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.
Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.
Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.
Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007
- Fuente: AFP
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Justicia argentina restituye vigencia de reforma laboral de Milei objetada por sindicatos
La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido un pedido de la principal central obrera del país.
Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X.
La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43 % de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.
Para la CGT estos argumentos son “falsos”.
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“No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o la esclavitud como se mejora este proceso”, sostuvo la central obrera.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas, con la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.
La actividad industrial en febrero cayó un 4 % respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6 %, según datos oficiales.
La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que consolidó, lleva una vez meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4 %, el nivel más alto del último año.
En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley.
La central obrera anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo que se celebra el día siguiente, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.
La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilitara un “per saltum” (vía rápida) para zanjar la controversia.
- Fuente: AFP
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Tras violencia en el fútbol, Cerro jugará dos partidos sin su público, según Tribunal de la APF
El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dispuso una sanción al Club Cerro Porteño, con la prohibición de ingreso de sus aficionados por dos partidos, tanto de local, como de visitante.
La medida preventiva responde a los graves incidentes registrados en las graderías durante el partido disputado entre los clubes Olimpia y Cerro, el domingo pasado en el Defensores del Chaco, en donde el juego tuvo una paralización a los 29 minutos y 30 segundos del primer tiempo.
Estas medidas son preliminares, considerando que los tres puntos reclamados por el Club Olimpia están todavía en estudio por las autoridades disciplinarias de la APF.
Igualmente, la APF resuelve correr traslado a los dos clubes de los informes del delegado, el árbitro y el oficial de seguridad y demás documentos obrantes para que presenten su escrito de descargo, dentro del plazo reglamentario, si así conviniere a sus derechos.
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El Tribunal Disciplinario también ordenó la apertura de un sumario administrativo para la investigación de los hechos denunciados por el delegado, el árbitro, el oficial de seguridad y la nota N°152 /2026 de la Policía Nacional relacionados a los actos vandálicos. Esto, a fin de identificar a los responsables y determinar las sanciones que correspondan.
En la última parte de la resolución, se dispone emplazar por el término de 72 horas a los dos clubes a remitir la identidad, datos y registros personales de los integrantes de sus hinchadas oficiales, así como de aquellas personas identificadas en las imágenes y videos recibidos en carácter de autores o participes de los actos vandálicos ocurridos tanto en el interior como en las inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco, antes, durante y después del referido encuentro.
Esto, de conformidad con el Art. 128 del Código Disciplinario, las disposiciones de la Ley N 7269/2024 “De Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte” y demás normas concordantes.
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Caso Prieto: 53 denuncias y ninguna respuesta judicial en 2 años de impunidad
Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.
En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.
“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.
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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.
Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.
Sigue operando empresa de maletín
Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.
Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.
Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.
“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.