El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó la promulgación de la Ley 7676/2026, por la cual se declara en situación de emergencia nacional en materia de seguridad vial, en todo el Paraguay debido a las elevadas cifras de siniestros, muertes y heridos de gravedad en las vías públicas. La propuesta legislativa fue recientemente sancionada por el Congreso Nacional.

Esta legislación encomienda a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la ejecución de acciones y medidas administrativas que sean excepcionales y extraordinarias destinadas a la prevención, fiscalización, control y reducción de accidentes de tránsito.

Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras insti­tuciones del Estado y el forta­lecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.

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Para lograr estos objetivos, la ANTSV queda facultada para emplear herramientas tecnológicas y coordinar esfuerzos interinstitucionales; conforme a lo que expresa el artículo 2 de la Ley recientemente promulgada. Además, autoriza a implementar los mecanismos operativos, técni­cos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emer­gencia.

Cabe destacar que esta legislación contempla de forma complementaria la realización de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, dispone la implementación de acciones interinstitucionales y complementariamente la realización de campañas de concienciación y educación vial, destinados al fortalecimiento de la seguridad vial y para garantizar una pronta y efectiva solución a la situación crítica por la que está atravesando la seguridad vial en el país.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputa­dos Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los prin­cipales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acele­rar la adopción de acciones específicas destinadas a dis­minuir los índices de sinies­tralidad y reforzar las polí­ticas públicas de prevención en todo el país.

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El ultraderechista Abelardo de la Espriella dio este jueves un plazo de “un mes” a los grupos ilegales para someterse a la justicia y dijo que no hará “concesiones inaceptables”, tras su confirmación como presidente electo de Colombia.

La seguridad será uno de los principales retos del abogado millonario a partir de su posesión el 7 de agosto, en medio de una ola violenta sin precedentes en la última década.

De la Espriella promete mano de hierro contra los fortalecidos grupos armados y la suspensión de cualquier diálogo en curso con el gobierno saliente de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

“A todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento”, dijo tras recibir la credencial como próximo mandatario de Colombia, al término del escrutinio que confirmó su victoria en el balotaje del domingo.

“En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, agregó el abogado de 47 años.

Con un “¡Viva Cristo rey!” y “¡Firme por la Patria!”, De la Espriella inició un discurso en medio de ovaciones.

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De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, llegó a la presidencia con fuertes críticas a la izquierda y su política de paz con la que intentó sin éxito negociar el desarme de guerrillas y narcotraficantes.

El ultraderechista sin experiencia política encabezará un país muy dividido tras el mandato de la izquierda, que aún goza de gran respaldo entre las clases bajas.

Dice que el país se regirá por el “imperio de la ley” y tendrá una cooperación sin precedentes con Estados Unidos e Israel, junto a los que planea doblegar al narco.

“Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento (...) No los defraudaré”, dijo el futuro mandatario, que ganó con una apuesta antisistema aunque apoyado por las fuerzas de derecha tradicionales.

Su gobierno irá hasta el 2030 y, además de la crisis de seguridad, también tendrá que hacer frente a un creciente déficit fiscal y a posibles manifestaciones de la izquierda.

• Fuente: AFP

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En el marco del proceso penal que involucra al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, este jueves 25 de junio, los jueces que integran el Tribunal de Sentencia, intentarán conectar con sus pares del Brasil para la declaración del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espínola Marqués de Padua, condenado en su país, pero actualmente con salidas transitorias.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, encargados de juzgar el caso de cohecho pasivo agravado contra Giuzzio, quien está acusado por aceptar beneficios del brasileño en servicios. Precisamente, en este juicio fue convocado Vinicius como testigo.

Según los antecedentes, Vinicius fue condenado en Brasil a 11 años de cárcel por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico y actualmente goza de salidas transitorias.

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Recordemos que el pasado 11 de junio ya estaba prevista su declaración ante los jueces paraguayos, pero no fue posible porque la justicia brasileña comunicó que Vinicius estaba gozando de su salida transitoria.

Así también, en sesiones anteriores del juicio a Giuzzio, tanto la Fiscalía como la defensa de Giuzzio continuaron con la presentación de pruebas documentales y resaltaron los hechos que creyeron importantes ante la presencia de los jueces.

Una de las evidencias acreditadas por los investigadores guarda relación con los intercambios de mensajes, fotografías y videos de Giuzzio y Vinicius, relacionados con los servicios de reparación de vehículos blindados para la Policía Nacional.

Se menciona además los encuentros entre Giuzzio y Vinicius y la divulgación de una fotografía al respecto, los cuales habían provocado la destitución del primero de la cartera del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Sobre el punto, el Ministerio Público sostiene que hubo varios encuentros entre ambos y que Vinicius quería ser proveedor del Estado en servicios de seguridad. Inclusive los investigadores aseguran tener pruebas de algunas conversaciones al respecto.

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