A partir de hoy la Corte Suprema de Justicia aplica estrictas medidas sanitarias para poder ingresar a la sede del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el ministro Luis María Benítez Riera, acudieron hasta la entrada principal de la sede judicial para verificar las medidas sanitarias implementadas para el ingreso de personas a la institución. Durante la inspección, estuvieron presentes el director general de Recursos Humanos, Mario Elizeche, y el responsable de la Dirección de Desarrollo de RRHH, René Genes.
El paso que se debe seguir para ingresar a la sede judicial es lavarse las manos en los lavatorios que se encuentran frente al Palacio de Justicia. Luego los funcionarios de sanidad toman la temperatura a las personas que accederán al edificio y por último se procede a la desinfección de los abogados y funcionarios judiciales que accederán a realizar las gestiones correspondientes al Palacio de Justicia.
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Estas medidas sanitarias que se están aplicando en tribunales ya podrían ser utilizadas cuando se flexibilice la cuarentena sanitaria. La máxima instancia judicial sigue las instrucciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Salud.
En principio, desde el lunes 27 de abril se debería retornar a las actividades en todas las sedes judiciales del país, pero esto está sujeto a determinaciones que pueda adoptar el Poder Ejecutivo.
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Juez considera excesiva una medida cautelar y restituye a Martínez en Cargo Line
Giro radical y revés judicial en el caso de la empresa Cargo Line Paraguay S.A. Una nueva resolución judicial pateó el tablero y desnudó los excesos de la polémica medida cautelar ejecutada el pasado 16 de septiembre. El juzgado a cargo del magistrado Guillermo Trovato consideró que los efectos de aquella actuación de su colega Mafalda Cameron fueron completamente desmedidos y resolvió sustituirla por una administración judicial independiente, devolviéndole el oxígeno institucional a las firmas, cuya administración estaban a cargo del empresario Juan José Zapag.
En un verdadero acto de justicia, Gustavo Martínez Venialgo —quien había sido apartado de la empresa durante el cuestionado procedimiento encabezado por el abogado hoy procesado penalmente por coacción y otros delitos, Fernando Marecos— fue designado ahora como el nuevo administrador judicial de la compañía Cargo Line Paraguay.
Este nuevo pronunciamiento modifica sustancialmente el turbio escenario generado por el A.I. N.º 1392, firmado el 16 de septiembre de 2026 por la duramente criticada jueza Mafalda Cameron Luque. En la decisión judicial, la magistrada había dispuesto una simple “intervención”, pero en la práctica provocó un verdadero golpe de timón: suspendió a las autoridades legítimas de las sociedades y desplazó por completo a los órganos de administración. El actual fallo judicial del juez Trovato arranca la careta de esa maniobra, sosteniendo que semejante desplazamiento es característico de una administración judicial forzada y jamás de una intervención preventiva.
Pero el punto más grave y escandaloso que detectó el juzgado es otro: como consecuencia de la polémica medida cautelar brindada por la jueza Cameron, la propia parte demandante terminó colocada como la autoridad principal de las empresas afectadas. El juzgado advirtió, con rigurosidad, que la medida cautelar terminó pareciéndose peligrosamente a la pretensión final que se busca en el juicio, otorgando el botín antes de dictar sentencia.
Frente a esta flagrante anomalía, la Justicia resolvió reencauzar el proceso y reemplazar la medida cautelar brinda a favor de Blas Zapag y Nora Zapag por una administración ejercida por terceros ajenos al litigio. La decisión impacta de lleno en el violento procedimiento del 16 de septiembre, cuando el abogado Fernando Marecos fungió de ejecutor para apartar de sus funciones al entonces gerente general, Gustavo Martínez. Hoy, la misma Justicia le da la razón a Martínez al nombrarlo administrador judicial provisional de Cargo Line Paraguay S.A.
Asimismo, en el fallo del juez Trovato se nombra a José Eduardo Fleitas Gómez como administrador de Cimportex Paraguaya Ind. y Com. S.A., y de María Graciela Álvarez Benítez como interventora de ambas sociedades.
La nueva resolución judicial fulmina la medida cautelar anterior firmada por la cuestionada jueza Mafalda Cameron, calificándola de “excesiva”. Con esto, el conflicto de Cargo Line suma un capítulo que pone bajo la lupa la sospechosa actuación de Fernando Marecos y el llamativo criterio de la jueza Cameron. El juicio de fondo sigue abierto, pero se corrigió el rumbo correcto y se recuperó la administración de ambas empresas.
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Sorpresa en Bolivia: investigan a hermana de Marset tras verla en una feria pese a su arresto domiciliario
La Justicia boliviana se llevó una inesperada sorpresa al conocer que Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue vista en una feria de Santa Cruz de la Sierra pese a tener una medida de prisión domiciliaria.
Las imágenes de la joven en la Expocruz, una de las principales ferias de Bolivia, generaron dudas sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Justicia luego de su salida de la cárcel de Palmasola, el pasado 19 de agosto.
Ante esta situación, la Fiscalía de Santa Cruz solicitó informes para determinar si Tatiana Marset respetó las restricciones impuestas. El fiscal departamental Alberto Zeballos señaló que se revisará objetivamente lo ocurrido y las condiciones bajo las cuales debía cumplir la medida.
La investigación también buscará establecer si la mujer debía permanecer bajo custodia de efectivos policiales y si contó con autorización para acudir al lugar. En caso de comprobarse un incumplimiento, la Justicia podría evaluar la revocación de la medida o incluso determinar responsabilidades para los funcionarios encargados de su vigilancia.
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El caso
Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo coordinado con la DEA que también permitió localizar a su hermano Sebastián Marset, señalado como líder del denominado Primer Cartel Uruguayo. La Justicia boliviana la investiga por:
- presunta asociación delictiva
- porte ilegal de armas
- legitimación de ganancias ilícitas
- y encubrimiento.
Su defensa sostiene que se encontraba de visita en Bolivia y niega cualquier relación con actividades criminales.
Tras permanecer cinco meses en prisión preventiva, obtuvo una medida de detención domiciliaria nocturna, con arraigo, controles y presentaciones periódicas. Según las condiciones fijadas, puede realizar actividades durante el día, pero debe permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00, bajo supervisión policial.
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Condenan a 20 años de prisión a exmonja por abuso sexual de niños sordos en Argentina
Un tribunal de Argentina condenó este jueves a 20 años de prisión a la exmonja Kumiko Kosaka por abusos sexuales contra niños sordos en un instituto religioso en la provincia de Mendoza, al oeste del país.
Kosaka había sido absuelta en 2023 por los crímenes sexuales cometidos contra niños en el Instituto Próvolo, en la ciudad de Luján de Cuyo, entre 2005 y 2016, pero en agosto la Corte Suprema provincial revocó la absolución y encomendó a otro tribunal que dictara sentencia.
La exreligiosa de 51 años, que dejó los hábitos cuando iniciaron las denuncias, fue condenada por dos hechos de abuso sexual en calidad de partícipe y en otros tres como autora.
Vestida con un jean y una camiseta, Kosaka asistió a los tribunales acompañada solo por su abogado, observó la AFP.
Tras la sentencia permanecerá en libertad, ya que tiene pendientes recursos de apelación presentados previamente. Sin embargo, el tribunal dispuso la prohibición de que salga del país y de la provincia de Mendoza, donde debe fijar domicilio.
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“Se está haciendo una reparación de un daño muy grande”, dijo a la prensa el fiscal Alejandro Iturbide, quien había solicitado que la exmonja fuera condenada a 22 años.
Por su parte, Ariel Lizarraga, padre de una de las víctimas, se dijo satisfecho de “haber llegado al punto final” luego de 10 años de litigio.
“Con todos los altibajos que tuvimos, hemos llegado a encontrar la justicia que veníamos buscando para mi hija y para todas las víctimas del caso Próvolo”, dijo a la AFP.
En el juicio que se sustanció en 2019 habían sido condenados los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de prisión) y el italiano Nicola Corradi (a 42 años y medio, fallecido en 2021) por abuso de niños sordos de entre cuatro y 17 años. También el jardinero Armando Gómez (a 18 años) y el exmonaguillo Jorge Bordón (a 10).
En ese proceso, Kosaka y otras ocho mujeres habían sido absueltas, aunque la decisión sobre la japonesa criada en Argentina luego fue revertida.
Fuente: AFP
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Justicia argentina acusa a siete iraníes y un libanés por atentado a mutual judía Amia
La justicia argentina acusó formalmente este lunes a siete iraníes y un libanés por su presunta participación en el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994 en Buenos Aires, otro paso hacia un posible juicio en ausencia.
El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la AMIA y dejó 85 muertos y 300 heridos. En 2025 la justicia habilitó la posibilidad de someter a los responsables a un “juicio en ausencia”.
“La decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbolá”, escribió el juez de la causa, Daniel Rafecas, en un comunicado.
Los procesados son siete personas que ocupan altos cargos en el Estado iraní al momento del ataque y un agente del movimiento chiita libanés Hezbolá.
Entre ellos figura Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entonces comandante de la Fuerza Quds.
Otros procesados son el entonces ministro de Inteligencia iraní, Alí Fallahijan; el excanciller Alí Velayati y el exembajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour.
El magistrado también les impuso embargos por 500 millones de dólares a cada uno.
La decisión acerca de la causa a un eventual juicio oral.
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La defensa, sin embargo, aún puede apelar la acusación y deberán cumplir otros pasos procesales antes de que la causa pueda ser elevada a juicio. “Falta todo un trámite”, detalló Rafecas a la AFP.
El juez apartó de la causa a otros dos acusados por falta de pruebas.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró la decisión en redes sociales: “¡La moral como política de Estado!”, escribió al citar una publicación del ministro de Justicia informando la decisión judicial.
El mandatario es un férreo aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que señala a Irán como responsable del atentado. Además, Milei catalogó a Irán como enemigo de Argentina y fue durante su gestión que se aprobó la ley que habilita el juicio en ausencia.
La ley “permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso”, sostuvo el Rafecas en su comunicado.
Los perpetradores cargaron con explosivos una camioneta que hicieron explotar contra el edificio de la organización judía.
Rafecas calificó el atentado como “un crimen de lesa humanidad, así como también en la figura de genocidio en los términos del derecho internacional”.
Dos años antes otro atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires provocó 22 muertes. Rafecas señaló en su fallo que existe una posible conexión entre ambos ataques.
- Fuente: AFP
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