La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación por violar la cuarentena sanitaria contra la diputada colorada Del Pilar Medina, quien deberá comparecer ante la Justicia el próximo 24 de abril a las 9:30, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario de la legisladora. La magistrada decidió procesar penalmente a la parlamentaria luego de que los diputados resolvieran sacarle los fueros.
La fiscala Belinda Bobadilla fue quien presentó la imputación contra la diputada Del Pilar Medina. La parlamentaria forma parte de la comitiva que viajó a un encuentro religioso en Perú, luego de la declaración de aislamiento social decretada por el Gobierno. Del viaje también participó la senadora María Eugenia Bajac, quien fue la primera imputada y procesada.
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Los hechos atribuidos a Medina son: violación de vedas y cuarentena sanitaria en carácter de autora, conforme al Artículo 10 literal B de la Ley 716/96, con todos los decretos presidenciales y resoluciones reglamentarias. Recordemos la referida legisladora dio negativo a la prueba del COVID-19.
Ex senadora Bajac
En la presente causa penal también está imputada por los delitos de violar la cuarentena y tentativa de lesión grave la ex senadora liberal María Eugenia Bajac de Penner, quien fue procesada y citada para el 24 de abril a las 9:00, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Procesan a joven por supuesta estafa a cambista mediante transferencia vía Pix
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Ciudad del Este se abrió proceso contra un joven de 21 años por el supuesto hecho punible de estafa que se habría cometido mediante transferencias amañadas vía PIX. El sospechoso habría utilizado aparentes transferencias a través del citado sistema para obtener dinero de un cambista.
Para convencer a su ocasional víctima, el joven exhibía comprobantes de operaciones que posteriormente habrían sido canceladas o anuladas, según el escrito de imputación de la fiscal Julia González Medina, de la Unidad Penal 1.
Según los antecedentes, el primer hecho habría ocurrido el 30 de agosto de 2026, en inmediaciones de la Rotonda Reloj, en el microcentro de Ciudad del Este. En esa ocasión, el joven llegó al lugar, solicitó 475 reales a la víctima y manifestó que pagaría mediante PIX.
Luego habría mostrado desde su celular un comprobante de transferencia, ante esa supuesta prueba recibió el dinero. De esa forma, el dinero que aparentemente transfería se convertía en efectivo real.
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El segundo episodio se habría registrado el 24 de septiembre, en el mismo puesto de trabajo. Esta vez, el hoy imputado habría solicitado 2.500 reales y se repitió el procedimiento, haciendo creer a la víctima que el pago vía transferencia había sido realizado.
Mediante maniobras similares, la misma persona habría inducido a su víctima a entregarle un total de 2.975 reales (G. 2.800.000 al cambio actual). Posteriormente, habría cancelado las operaciones y conservado el dinero recibido, ocasionando un perjuicio patrimonial al cambista.
La fiscal Julia González reunió las evidencias para solicitar la detención del joven e imputarlo. La conducta fue calificada como estafa, en calidad de autor, y la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para concluir las diligencias investigativas.
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Admiten imputación y procesan a un abogado por coacción y usurpación de funciones
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.
Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.
El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
Criticó la imputación
Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.
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Imputan al cuarto presunto miembro de banda que asaltó vivienda de empresario y robó G. 810 millones
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.
Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.
El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.
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Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.
Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.
Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.
También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.
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Admiten imputación y procesan penalmente a directivos de APA
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados
David Herminio Portillo Biancotti, presidente.
Humberto Victorio Rodas Orué, director general.
Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.
Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Desvío de Fondos
En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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