En la sala de conferencias de la Corte Suprema de Justicia ubicada en el noveno piso de la torre norte del Poder Judicial juraron 19 magistrados judiciales y un agente fiscal. El presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, fue quien tomó el juramento de rigor a los jueces y a un representante del Ministerio Público.
Los magistrados que prestaron juramento desempeñarán funciones en distintos fueros y en diferentes circunscripciones judiciales del país como Alto Paraná, Central, San Pedro, Cordillera y otros departamentos, respectivamente.
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En cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria, el presidente de la CSJ, tomó juramento a magistrados en grupos de un máximo de 3 personas y con el uso obligatorio de tapabocas, además de la previa desinfección exigida en el acceso principal al Poder Judicial. Asimismo, se prohibió el saludo entre los que juraron y el titular de la máxima instancia judicial.
Igualmente los familiares de los jueces y del fiscal no participaron del acto por medidas sanitarias que resolvió la Corte. En este tipo de actos meses atrás podían participar los familiares pero a raíz del COVID-19, el pleno dispuso la prohibición de que los familiares y amigos ingresen hasta la sala de conferencias donde se llevó a cabo el juramento.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Contradicción: el ministro Ramírez Candia admitió competencia civil que hoy cuestiona en el JEM
En los últimos días se generó un interesante debate en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y César Garay, señalaron que los jueces civiles no tienen competencia para entender en demandas por indemnización de daños y perjuicios promovidas contra el Estado paraguayo.
Sin embargo, el ministro Ramírez Candia admitió la competencia de los jueces civiles al firmar en el año 2022 un fallo como miembro de la Sala Civil de la máxima instancia judicial.
De esta manera, el alto magistrado se contradice con su actual postura. Llama la atención la decisión que adopta en el órgano juzgador de magistrados, atendiendo a que pretende enjuiciar a los jueces que entiendan y dicten resoluciones en relación con los juicios civiles señalados más arriba.
En el marco del juicio caratulado “Miguel Ángel Enciso Ortiz contra Banco Central del Paraguay sobre indemnización de daños y perjuicios”, el ministro Ramírez Candia no cuestionó la competencia de las decisiones dictadas en primera y segunda instancia. Todo lo contrario: firmó su voto rechazando la demanda de indemnización. En ese sentido, sorprende la insistencia del alto magistrado en pretender enjuiciar a los jueces, a pesar de que él mismo admitió la competencia de la jurisdicción del fuero civil en las acciones judiciales sobre indemnización de daños y perjuicios contra entes estatales.
Esposa de ministro fue demandada
En el año 2021, Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza Yolanda Morel de Ramírez —esposa del ministro Manuel Ramírez Candia— y contra el Estado paraguayo, por haber estado privado ilegalmente de su libertad durante 475 días (es decir, 1 año, 3 meses y 20 días). En la demanda civil se solicitó la suma de G. 4.055 millones por los días de reclusión irregular.
En ese juicio, el juez Walter Mendoza hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción presentada por el abogado de la esposa del alto magistrado, por lo que la demanda civil quedó sin efecto. Se presume que este antecedente podría ser el motivo real de la reacción del alto ministro de la Corte liberal contra los jueces civiles.
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Caso Scanner: piden penas de hasta 16 años de cárcel en juicio que salpica a senador liberal
El fiscal Andrés Arriola pidió, durante los alegatos finales, condenar a penas de entre 8 y 16 años de prisión a los seis acusados en el marco del Operativo Scanner. Esta investigación desbarató un presunto esquema de narcotráfico que buscaba enviar droga a Europa a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El representante del Ministerio Público solicitó a los jueces de sentencia que remitan los antecedentes del caso a la Fiscalía para investigar a otras personas que eventualmente podrían estar vinculadas al esquema y haber incurrido en hechos punibles, como el supuesto tráfico de influencias.
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Durante el juicio oral se incorporaron elementos que mencionan al senador Líder Amarilla (PLRA) como supuesto nexo político de uno de los acusados. En caso de remitirse los antecedentes, dicha situación podrá ser objeto de investigación.
Arriola solicitó 16 años de cárcel para Luis Servián, principal acusado; 13 años para el abogado Carlos Duarte; 9 años para Eliana Cardozo; 13 años para Ramón Arrúa; 8 años para Basilio Rodríguez y 8 años para Martha Coronel Chávez.
El presente proceso penal se inició tras la detención de Eliana Cardozo Ramírez el 11 de octubre de 2023, cuando fue descubierta transportando 10 kilos de cocaína en una maleta durante un control en el aeropuerto, hecho que permitió desarticular el presunto esquema criminal.
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Corte ratifica absolución de una persona en caso de supuesta estafa
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la absolución de culpa y pena de Farid Ismael Yinde, quien fue juzgado por los delitos de estafa y tentativa de estafa.
Esta decisión se tomó al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de casación presentados por el abogado querellante, Guillermo Duarte Cacavelos, y la agente fiscal Esmilda Álvarez.
Con esta resolución judicial se demostró que no existió ningún delito por parte de Yinde Ríos. De este modo, la demanda civil contra la empresa multinacional Villa Oliva Rice S.A. —donde se reclama la suma de G. 3.181.960.050— seguirá su curso.
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La defensa de Yinde Ríos estuvo representada por el abogado Roberti Cardozo, quien demostró durante el juicio oral que su defendido no cometió ningún hecho punible. Dicha situación fue validada inicialmente por el Tribunal de Sentencia que lo absolvió de culpa y pena. El fallo fue confirmado posteriormente por la Cámara de Apelaciones y, finalmente, ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
Antecedentes
Los antecedentes del caso indican que la causa penal se inició con la denuncia presentada por la multinacional mencionada, a través de su presidente, Marcos Alex.
Este indicó ante el Ministerio Público que Farid Yinde habría estafado a la firma extranjera al incumplir un contrato para recuperar créditos fiscales y, a su vez, quedarse con pagos indebidos.
Por su parte, la defensa sostuvo que la denuncia de la empresa fue montada con el único fin de evitar el pago de los honorarios profesionales de Yinde.
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