El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, confirmó que el 13 de abril las actividades en todas las sedes judiciales de nuestro país volverán a la normalidad, tras el receso por Semana Santa.
De acuerdo a la información que se maneja, este martes saldría una acordada en la que darán a conocer además las estrictas medidas sanitarias que serán aplicadas para el reinicio de las funciones judiciales. En ella, también se establecerá el mecanismo de ingreso de los profesionales abogados a las sedes de todos los tribunales de la República.
Según fuentes judiciales, el sistema de trabajo será restringido, debido a que los funcionarios de distintas aéreas tendrían horarios diferenciados para el ingreso a la sede judicial. Por ejemplo, el servicio de limpieza sería el primer grupo en entrar al Palacio y luego ingresarían el resto de los trabajadores.
Asimismo, se menciona que muchos de ellos estarían trabajando desde sus domicilios y a su vez estas personas deberán estar atentas al llamado de sus directores de área. También se tendrá un sólo acceso y estará custodiado por la Dirección de Seguridad Interna a cargo de Freire Amarilla.
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Sesión telemática
Este martes se intentará realizar la sesión plenaria de la Corte de forma telemática, debido a que en la anterior reunión sólo el ministro Antonio Fretes estuvo bajo este método. Igualmente la sesión anterior ya se debió desarrollar a través de videoconferencia, pero por inconvenientes en la señal de internet no fue posible.
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Justicia argentina confirma orden de decomisar bienes a expresidenta Kirchner
Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.
La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.
Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.
Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.
De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.
La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.
“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.
“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.
Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.
Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.
Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007
- Fuente: AFP
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Justicia argentina restituye vigencia de reforma laboral de Milei objetada por sindicatos
La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido un pedido de la principal central obrera del país.
Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X.
La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43 % de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.
Para la CGT estos argumentos son “falsos”.
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“No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o la esclavitud como se mejora este proceso”, sostuvo la central obrera.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas, con la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.
La actividad industrial en febrero cayó un 4 % respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6 %, según datos oficiales.
La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que consolidó, lleva una vez meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4 %, el nivel más alto del último año.
En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley.
La central obrera anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo que se celebra el día siguiente, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.
La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilitara un “per saltum” (vía rápida) para zanjar la controversia.
- Fuente: AFP
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Corte habilitó la Biblioteca “Dr. Luis De Gásperi” en la sede judicial de Capiatá
La Corte Suprema de Justicia inauguró la Biblioteca Jurídica “Dr. Luis De Gásperi” ubicado en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Capiatá.
El acto fue encabezado por altas autoridades judiciales que resaltaron el valor del acceso al conocimiento como herramienta para fortalecer la justicia.
La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro superintendente de Central Eugenio Jiménez Rolón, quienes destacaron el legado del jurista homenajeado y su aporte fundamental al desarrollo del derecho civil paraguayo.
Asimismo, participaron del acto los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, la camarista María Teresa González de Daniel, Gustavo Bóveda y Alicia Orrego; además de magistrados de diversos fueros e instancias, así como los familiares del Dr. De Gásperi e invitados especiales.
El nuevo espacio, ubicado en el primer piso del juzgado, reúne más de 500 volúmenes especializados en distintas ramas del derecho y estará abierto no solo a magistrados y funcionarios, sino también a abogados litigantes y a la ciudadanía en general.
De esta manera, la iniciativa busca democratizar el acceso a la información jurídica y contribuir a una mayor comprensión del sistema judicial.
Durante el acto, las autoridades coincidieron en que la figura del Dr. Luis De Gásperi representa un pilar en la construcción del orden jurídico nacional, especialmente por su rol en la elaboración del anteproyecto del Código Civil.
En ese sentido, subrayaron la importancia de reconocer a quienes, desde el ámbito intelectual, contribuyeron al desarrollo institucional del país.
El ministro Jiménez Rolón destacó que la habilitación de la biblioteca responde a una visión de largo plazo orientada a revalorizar a los llamados “héroes civiles”, promoviendo el conocimiento como base para una justicia más accesible y transparente. Remarcó que el espacio servirá como punto de encuentro para la formación y actualización permanente de la comunidad jurídica.
El acervo bibliográfico fue conformado mediante donaciones de la familia De Gásperi, así como de organizaciones profesionales y actores del sistema judicial, reflejando un esfuerzo colectivo por fortalecer la educación jurídica. Durante la jornada, además, se incorporaron nuevos materiales y documentos históricos de valor.
El acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa y el corte de cinta simbólico, marcando la apertura oficial de un espacio que aspira a convertirse en un referente para el estudio del derecho en la región.
La biblioteca funcionará de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, y estará disponible para toda la ciudadanía, consolidándose como una iniciativa que vincula memoria histórica, formación jurídica y acceso a la justicia.
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La Corte confirmó a síndico de quiebra respetando la ley
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó en el cargo de síndico de quiebra a Bernardino Caballero. La máxima instancia judicial respetó a cabalidad las normas para confirmar en el citado cargo a Caballero. El mismo tendrá que prestar juramento el día lunes 27 de abril.
El presente caso generó debate, pero los altos magistrados decidieron cumpliendo las normas jurídicas. Ante su designación, Caballero señaló “que la normativa vigente establece una diferencia clara entre los requisitos exigidos para cada cargo dentro del sistema concursal”.
Añadió que “el punto central es que la ley distingue entre funciones para el síndico general, donde sí se exige título universitario en áreas específicas, mientras que para el agente síndico se establece la acreditación de conocimientos en ciencias contables o administrativas, sin requerir un título de grado adicional”, explicó.
Asimismo, Caballero indicó que su formación en materia concursal, que incluye cursos específicos, fue considerada en el proceso de evaluación. “El Consejo de la Magistratura analizó mis antecedentes, entendió que cumplía con los requisitos y me habilitó a concursar, tras lo cual fui confirmado”, sostuvo.
Del mismo modo señaló que la ley contempla la posibilidad de recurrir a profesionales especializados en áreas contables o administrativas cuando el proceso lo requiera. En ese sentido, consideró que el diseño del sistema no exige una especialización exclusiva para el rol.
“Si la ley exigiera una formación específica de grado en esas áreas, no tendría sentido que prevea ese tipo de apoyo técnico”, afirmó. De acuerdo con antecedentes del proceso de selección, la evaluación incluyó la revisión de antecedentes académicos, experiencia profesional y desempeño en las distintas etapas concursales.
Igualmente se menciona que existen antecedentes de agentes síndicos que fueron confirmados y ejercieron el cargo sin contar con doble titulación de grado, sin objeciones en el ejercicio de sus funciones.
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