La Ministra Gladys Bareiro de Módica, argumentó “decoro y delicadeza” para no entender en la “Acción de Inconstitucionalidad en el Juicio Amparo Constitucional promovido por el Señor Juan Carlos Lezcano Flecha c/ la Contraloría General de la República”. La ministra de justicia decidió apartarse y así no analizar dicha acción.
Bareiro de Módica explicó que siempre se inhibe de los expedientes de Editorial AZATA, no solo porque el ex director y fundador del diario fue su padrino de bodas, sino además, porque su marido formó parte del plantel de periodistas por muchos años en el mencionado diario.
“Considerando que el Señor Aldo Zuccolillo, Director por muchos años del Diario Abc Color fue Padrino de mi boda, y además que mi esposo el Dr. Carmelo Módica formó parte durante 20 (veinte) años del plantel de profesionales periodistas de dicho medio de prensa, al que siempre tuve un profundo respeto, aprecio y admiración a este Diario que luchó por la libertad de expresión en la época de la Dictadura, razón por la cual por decoro y delicadeza siempre me inhibía de los expedientes tramitados por la Editorial AZETA”, dice parte del documento.
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Habilitación unificada: faltó un “ñembogueta guasu” antes de sacar la ley, dice intendente
La aplicación de la ley que unifica el precio de la habilitación vehicular, y que entró en vigencia la semana pasada, sigue dando de qué hablar, considerando que algunos municipios se niegan a implementarla.
El intendente de la ciudad de Villa Elisa, Sergio Estigarribia se refirió al tema y señaló que el equipo jurídico del municipio a su cargo ya está trabajando en una acción de inconstitucionalidad, porque considera que esta legislación va en perjuicio de la ciudadanía villaeliseña.
En comunicación con Universo 970Am/Nación Media aclaró que está de acuerdo con la fijación de precios unificados y que cada contribuyente aporte en su ciudad. Explicó que considera que esta ley se sacó de manera apresurada, sin tener en cuenta los debidos criterios para categorizar los vehículos. Señaló que faltó un mayor debate en el Congreso durante su proceso de estudio.
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Informó que en el municipio aún no están aplicando la ley, teniendo en cuenta que las nuevas tazas vehiculares establecidas en la normativa promulgada debe ser aprobada por la Junta Municipal, la cual en estos momentos se encuentra en receso legislativo hasta el 27 de enero.
“Hasta esa fecha no puedo aun implementar, pero estaré solicitando a la Junta que me acompañe en la decisión, mirando siempre el bolsillo del contribuyente. Sobre todo, por el monto de diferencia muy elevado. Yo creo que no se tuvieron en cuenta varios criterios, a título personal yo estoy de acuerdo con la unificación de precios, pero la manera que se está haciendo o los criterios tomados no son los adecuados”, mencionó.
Especificar criterios
Como ejemplo, para graficar las diferencias, señaló que un ciudadano a, no cuenta con el mismo poder adquisitivo que un ciudadano b. “Sergio puede comprar un Kía Picanto 2023; mientras que Jorge puede comprarse una Fortune 2023, entre estos dos vehículos hay una diferencia abismal de precios y poder adquisitivo. Sin embargo, se establece la misma tasa municipal para ambos vehículos”, precisó.
No obstante, remarcó que sí coincide en la necesidad de unificar los precios, pero tomando en cuenta diversos aspectos que marquen una categorización, que vaya de acuerdo al tipo de vehículo y al poder adquisitivo de su propietario.
“Yo creo que se debe buscar la manera que el contribuyente tribute en su ciudad. Yo estoy muy de acuerdo con esto, pero creo que se aceleró un poco la promulgación de esta Ley, y que debió haber primero un ñembonguetá guasú entre todos los intendentes y el presidente. O bien, el representante de Intendentes que tiene cada departamento, a fin de poder sacar un mejor partido a esta normativa”, acotó.
Fuga de contribuyentes
Indicó que el municipio de Villa Elisa no escapa al problema de fugas de contribuyentes, ya que muchos dueños de vehículos buscan otros municipios como Areguá, Guarambaré, donde las tasas son mucho más bajas. Indicó que el año pasado se expidieron cerca de 42.000 habilitaciones.
“Estoy muy de acuerdo con la unificación de precios, pero creo que se deben establecer criterios más específicos, sobre la marca del vehículo, el modelo, el año, para poder establecer un precio para la habilitación; y que ese precio sea único para los 236 distritos del país. Pero se necesita que sean bien específicos y no genéricos; porque no se puede establecer un mismo precio de tarifa para un vehículo que cuesta 30.000 con otro que cueste 180.000 dólares, paguen la misma taza”, indicó.
Lamentó que en el tiempo que esta legislación tuvo su paso por el Congreso nacional, no se les convocó a todos los intendentes para que se lleve adelante un amplio debate, antes que la misma sea sancionada y pasara al Poder Ejecutivo, a fin de sacar una ley que beneficie tanto al ciudadano como a los municipios.
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Indagarán con ministra colombiana acerca de la supuesta libreta de Correa Galeano
Para el jueves 16 de enero la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci prevé una reunión virtual con la ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago. Según las afirmaciones del abogado Francisco Bernate, representante de la familia, la ocasión será aprovechada para requerir informaciones entorno al hallazgo de una supuesta libreta de Francisco Correa Galeano en la que se hace mención al narco uruguayo Sebastián Marset.
“Hoy amanecimos en Colombia un poquito convulsos porque supuestamente ha aparecido una libreta que está circulando, que pertenecería al señor Correa Galeano. Tiene unos nombres anotados de personas que siempre se han vinculado con este hecho (el asesinato de Pecci)”, expresó en una entrevista con la 780 AM.
La supuesta agenda del autor material del crimen de Pecci fue difundida ayer domingo por el medio de comunicación El Colombiano. “Lo que se pretende de primera mano con la ministra de Justicia son dos eventos: el primero, qué se sabe de la muerte de Correa Galeano y obviamente tendremos que preguntar de esta libreta que hoy está hablando todo el mundo”, mencionó.
Protección
El representante legal de la familia Pecci en Colombia acotó: “En segundo lugar solicitaremos de manera directa la protección a los restantes condenados dentro de este proceso. Esta reunión también tiene el propósito de conocer cómo están cuidando a los restantes involucrados. Habría que agregar si esta agenda es verdad, si es cierta y qué es lo que dice y si ya se han hecho estudios de grafología y demás, para confirmar su autenticidad”.
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Marset, se encuentra vinculado al operativo A Ultranza Py, considerado como la mayor operación contra el crimen organizado en Paraguay y generó pérdidas de USD 250.000.000 a narcotraficantes que exportan toneladas de cocaína made in Colombia a Europa desde el país..
“En la celda de Correa Galeano habría aparecido esa libreta. Lo importante aquí es determinar la uniprocedencia, es decir, se debe determinar si es de puño y letra de Correa Galeano, también se puede establecer un tiempo aproximado en el que esto se escribió”, sostuvo Bernate.
Además en la agenda se hace referencia a la palabra “Tío Tío”. El medio colombiano lo relaciona con el narco paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien también que se encuentra salpicado en el megaoperativo.
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Corte da trámite a acción de inconstitucionalidad de navegantes contra el IPS
La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.
“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.
El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.
La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.
“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.
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El caso
En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.
Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.
Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.
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Yacyretá evita desembolsar G. 3.886 millones tras sentencia favorable de la CSJ
Desde Yacyretá comunicaron que la entidad binacional obtuvo sentencia favorable de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una acción de inconstitucionalidad promovida por la firma Cimportex Paraguay I.C.S.A. contra 2 resoluciones judiciales dictadas en el marco de una demanda de pago por consignación que había sido promovida por la represa.
Con la sentencia a favor, la binacional se libera de la obligación de abonar a la firma Cimportex I.C.S.A. la suma de G. 3.886.478.402, más gastos y honorarios profesionales, que fuera reclamada por dicha empresa en concepto de intereses.
Según los datos proveídos desde la página oficial de la hidroeléctrica, la acción de inconstitucionalidad de la firma Cimportex I.C.S.A. fue presentada contra dos resoluciones judiciales; el A.I. N° 475 del 8 de setiembre de 2016 y su aclaratoria, el A.I. N° 242 del 6 de junio de 2019.
Ambas resoluciones fueron dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, en el marco del expediente caratulado “Entidad Binacional Yacyretá c/ Cimportex I.C.S.A. s/ pago por consignación por la expropiación de tres inmuebles ubicados en Encarnación, además de las mejoras, gastos de traslado e instalación”.