La Cámara de Apelaciones confirmó al Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar la conducta del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares y al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN, Alfredo Guachiré, ambos acusados por la Fiscalía por Lesión de confianza. De este modo el juicio se reinicia la próxima semana.
La defensa de los procesados, ejercida por el abogado Víctor Mujica recusó al Tribunal de Sentencia, presidido Juan Carlos Zarate e integrado por María Fernanda García y Héctor Capurro. En el escrito, el defensor argumentó “odio” hacia su persona.
Asimismo, los miembros del Tribunal de Apelaciones, conformado por los magistrados Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Gustavo Auadre Canela, pidieron que los antecedentes sean remitidos para auditar la causa.
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Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Por segunda vez se suspendió juicio oral por el feminicidio de María Fernanda
Una recusación presentada por el farmacéutico Franco Acosta Céspedes contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Luis Ovelar Andrea Riquelme y Víctor Vera volvió a suspender el juicio oral y público por el feminicidio de María Fernanda Benítez, la joven embarazada que habría sido asesinada por un adolescente en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
La recusación fue promovida por la defensa de Acosta Céspedes, que cuestionó la resolución mediante la cual se analizaron varios planteamientos realizados por las defensas, el 27 de abril pasado cuando debía comenzar el juicio.
Ahora, la Cámara de Apelación deberá resolver si confirma o aparta a los jueces Ovelar, Riquelme y Vera para continuar con la prosecución con el juzgamiento contra los procesados.
En el presente caso, deben ser juzgados tanto Acosta Céspedes como Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechado de acabar con la vida de María Fernanda.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso.
El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Fiscalía urge resolver recusación contra juez en el caso de Wiens
El Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Humberto Otazú, que fue planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, en la causa en la que es investigado por supuesta lesión de confianza.
El presente caso está sin magistrado hace dos meses por la falta de determinación de los integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, segunda sala.
Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron que en la misma fecha en que presentaron la recusación contra el citado magistrado, los representantes de legales de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.
ANTECEDENTES
El juez Otazú había admitido la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas por el presunto delito de lesión de confianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del metrobús.
Según la imputación, no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración. Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.