Pidieron la imputación de cuatro agentes policiales
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El abogado Máximo Medina, representante legal de Marcelo Leguizamón, quien fue víctima de una brutal golpiza por parte de cuatro agentes policiales de las comisarías 20 y 12 Metropolitana, solicitó a la fiscala de la Unidad de Derechos Humanos, Teresa Rojas, que formule la imputación contra los uniformados por los delitos de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas y tortura a raíz de un procedimiento irregular desarrollado el día lunes 11 de junio, a las 6:10, aproximadamente.
El Ministerio Público ya solicitó informe a las comisarías 20 y 12 Metropolitana para individualizar a los agentes del orden que participaron del procedimiento policial en el que resultó brutalmente golpeado Marcelo Leguizamón.
El abogado Medina señaló que “nosotros pusimos a conocimiento del Ministerio Público el video del circuito cerrado de un local comercial donde se observa que mi representado estacionó correctamente su camioneta y esas imágenes demuestran que mi cliente no actuó con violencia”.
A continuación agregó que “en el video se puede ver que son los uniformados los que abren la puerta del rodado de mi cliente e ingresan en el mismo sin orden judicial”.Añadió que “al ingresar los policías dentro del vehículo de mi representado, los uniformados comenzaron a golpearlo, así como también fue torturado para posteriormente trasladarlo a una sede policial. Todo este operativo se hizo sin orden judicial, lo cual es sumamente grave”.
AMPLÍAN DENUNCIA
El profesional del derecho adelantó que estarán ampliando la denuncia contra los cuatro uniformados por delitos de hurto, hurto agravado y producción inmediata de documento no auténtico de contenido falso, teniendo en cuenta que los agentes del orden dicen en su relato que supuestamente se dio una persecución, la cual terminó en la jurisdicción de la Comisaría 12 y eso es totalmente falso. Además, desapareció la suma de G. 1.000.000 de mi cliente y otros objetos más, concluyó el abogado de la víctima del hecho.
La imputación va acompañada de otras medidas solicitadas por los agentes fiscales intervinientes, entre ellas: la comparecencia mensual de los imputados cada mes, la prohibición de salida del país y una caución real de G. 500 millones. Foto: Gentileza.
El jubilado ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Bajac fue imputado por supuesto cohecho agravado (coima) por los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñanez. La medida también afecta a Juan Carlos Avila y Carlos Miguel Lesme, investigados por el mismo hecho punible.
Según los antecedentes, el ex ministro liberal junto con los otros dos ahora imputados habrían exigido el pago de US$ 50.000 como moneda de cambio por una resolución favorable de la Corte para la empresa Cal Agro SA, en un pleito contra la Industria Nacional del Cemento (INC).
Los mismos dueños de la empresa habían montado una entrega vigilada del dinero con la anuencia del Ministerio Público, ocasión en que fue sorprendido de manera in fraganti Rafael Luis María Doldán, quien habría oficiado de intermediario de Bajac.
La imputación va acompañada de otras medidas solicitadas por los agentes fiscales intervinientes, entre ellas: la comparecencia de los imputados cada mes, la prohibición de salida del país y una caución real de G. 500 millones.
Bajac se acogió recientemente a la jubilación, tras cumplir los 75 años de edad y fue reemplazado por el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Fiscal General apoya a fiscales del caso González Daher
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En el marco de la imputación y el requerimiento de prisión preventiva para el ex senador Óscar González Daher y para su hijo Óscar Rubén González Chaves, quienes fueron procesados por los ilícitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó que “Hoy Liliana Alcaraz y René Fernández imputaron al ex senador Oscar González Daher y a su hijo. Ellos más que nadie saben que tienen mi total apoyo y respaldo en todo momento”.
Asimismo, la Fiscal General del Estado brindó todo su apoyo a los agentes fiscales que forman parte del Ministerio Público y resaltó la labor de cada uno de ellos.
Refirió que se trata de un caso que creo que se inició hace casi un mes y los fiscales debían de analizar cada uno de los documentos, es más se tiene que analizar aún otros documentos, por lo que van a seguir trabajando en pericias y análisis financieros.
Referente a la consulta de si se reciben presiones para blindar a determinadas personas, como ser al exlegislador, teniendo en cuenta el perfil y el poder político, la titular del Ministerio Público aseguró que nadie le llamó ni le presionó.
“Absolutamente nadie me llamó, ni presionó, tampoco me voy a dejar presionar, no me voy a dejar presionar. Yo recibo en mi despacho a los agentes fiscales, la Fiscal General del Estado siempre está abierta, yo les escucho, pero de ahí a que pueda influir en la decisión de ellos, no", expresó Quiñónez.
La imputación corre por cuenta de la fiscala Liliana Alcaraz. Los cargos en contra del parlamentario son cohecho pasivo, asociación criminal, tráfico de influencias y soborno, por los audios filtrados en los que se lo escucha al parecer negociando cargos. La representante del ministerio público pide además su desafuero.
La semana pasada, el fiscal adjunto anticorrupción, Federico Espinoza, ordenó abrir una investigación contra el diputado por el Partido Liberal Carlos Portillo, como consecuencia de los audios filtrados en las que, presuntamente, se lo escucha al parlamentario negociando para conseguir puestos en los estamentos judiciales de la capital del Alto Paraná.
Finalmente, hoy se confirmó que la fiscala Liliana Alcaraz imputó al parlamentario liberal y además pidió su desafuero de la cámara baja.
El escándalo de los audios filtrados arrojó hasta ahora la imputación de los ex senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (UNACE), ambos con pedido de prisión domiciliaria a estas alturas. Además, en el caso están investigados el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, y a los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva.
El futbolista Gino Guerrero fue imputado este martes por el Ministerio Público por un presunto caso de coacción y abuso sexual contra una menor de 15 años. La Fiscalía ya solicitó la detención del jugador peruano.
“Hemos procedido a la imputación de Gino Guerreo Lara por el hecho punible de coacción sexual. Se presentaron dos abogados pero no así la persona sindicada, por lo tanto hemos ordenado la detención del mismo”, dijo el fiscal Cristian Roig, en comunicación con la 970 AM.
Sostuvo que todas las pruebas médicas ya fueron realizadas a la menor en la clínica forense del Ministerio Público y se constató lesiones que coinciden con la versión de los familiares de la víctima.
EL fiscal indicó que la adolescente está siendo asistida por la Fiscalía. Además, destacó que tiene todos los elementos suficientes para continuar con la investigación y esclarecer el caso.
“Hemos comunicado a la Policía Nacional sobre la orden de detención de esta persona. Supuestamente este hombre (Gino Guerrero) estaba bajo los efectos del alcohol”, agregó.
La denuncia
El jugador Gino Guerrero fue denunciado por un supuesto caso de abuso sexual. La presunta víctima sería una menor de 15 años. Además, el futbolista habría ofrecido dinero a los familiares para ocultar el caso.
El hecho presumiblemente ocurrió el pasado sábado en una casa de la ciudad de San Lorenzo, donde el jugador peruano se hospedaba tras llegar a Paraguay como nuevo refuerzo del club Guaraní, club que ya comunicó la rescisión del contrato con el atleta.