Los agentes fiscales Francisco Torres, Alcides Corvalán y Martín Cabrera imputaron a los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, así como al ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, y a los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva por distintos hechos punibles y solicitaron al Juzgado Penal de Garantías la prisión domiciliaria de los mismos.

Los ex parlamentarios mencionados fueron imputados por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Fernández Lippmann lo fue por asociación criminal y cohecho pasivo agravado, mientras que Caballero y Silva fueron procesados por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias.

La medida cautelar de prisión domiciliaria está contemplada en el artículo 245, inciso 1 del Código Procesal Penal, y el pedido de los fiscales señala que de "esta manera se estaría evitando razonablemente el peligro de fuga, como así también la obstrucción a la presente investigación tomando en consideración que los hoy imputados podrían destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba".

"También podrían influir en los coimputados o testigos de manera a que los mismos se comportan de manera desleal o reticentes en la presente investigación", añade el argumento de los representantes del Ministerio Público.