Miles de millones de guaraníes adjudica­dos al margen de la Ley de Contratacio­nes y sin documentos que respalden cum­plimiento cabal de contraprestaciones.

El sonado caso de Tía Chela, el pequeño auto­service al que Miguel Prieto adjudicó G. 2.949 millones con un proceso de compra fraguado y que ter­minó generando un daño patrimonial de unos G. 1.800 millones, fue apenas la punta del ovillo de la serie de ama­ños que aplicó el intendente de Ciudad del Este, mediante una red de firmas de maletín que al margen de la Ley de Contra­taciones fueron beneficiadas con miles de millones.

Jugueterías, tiendas de minicargas, de frazadas, toa­llas y otras mercerías mane­jadas por leales y parientes de la exnovia de Prieto fun­gieron ser grandes contra­tistas de obras en los docu­mentos beneficiándose con contratos millonarios, en la mayoría de los casos de manera directa y por vía de la excepción. (ver infografía).

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La discrecionalidad con la que operó el intendente Prieto, maniobrando licitaciones en una perversa repartija a los amigos, no solo frustró pro­cesos transparentes, compe­titivos que reditúen en mejor calidad y precios a la muni­cipalidad, sino impidió un control fiable de las contra­prestaciones recibidas.

Hoy resulta imposible asegurar que verdaderamente se pro­veyeron los cientos de equi­pos de protección, máquinas de limpieza, insecticidas y fer­tilizantes, grandes electrodo­mésticos adquiridos de una tienda de minicargas o las bol­sas de cemento, arena y demás materiales de construcción y ferretería comprados de una mercería para la navidad sus­tentable, cuyo proyecto se adjudicó a una comisión veci­nal, pero fue planeado dentro de la misma municipalidad y los trabajos fueron realizados por funcionarios.

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