Santiago Rodríguez

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El viernes pasado se presentó una denuncia anónima en la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) de René Fernández, contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la que se expone al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, por supuesto direccionamiento de la licitación para adquisición de las “paradas de buses de oro” por el monto de G. 84.032 millones.

Según la denuncia, la compra mencionada está arreglada para ser adjudicada a la empresa TSV del Paraguay, misma que en el 2019 vendió las “comisarías de oro” al Ministerio del Interior en la época de Juan Ernesto Villamayor. La firma al parecer se convirtió en favorita en la institución ya que, en el 2021, durante la administración de Arnaldo Giuzzio también fue adjudicada para la adquisición y actualización del Sistema 911 por valor de G. 6.439 millones.

El requerimiento a la Senac se da tras publicaciones del diario La Nación / Nación Media que dejaron ver numerosas irregularidades en el llamado; entre las cuales se pueden enumerar la prisa con la que se está llevando adelante la mencionada compra, los elevados costos que se manejan, así como elementos con los que ya se cuentan hoy día dentro del sistema de transporte público. Se mencionan además varios descuidos dentro del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) en el que no se especifican detalles como el tipo de cables a ser utilizados en la obra o la falta de un plano en donde se muestre con exactitud la ubicación de las paradas y los elementos dentro de ellas.

“Venimos a Denunciar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya que, en base a publicaciones e información interna, la convocatoria de la licitación ID 405192 está direccionada en favor de la empresa TSV del Paraguay SRL y del Consorcio Tecnológico de Billetaje Electrónico”, reza la denuncia.

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“Vemos claramente, por la cantidad de consultas que se han realizado, que esta licitación del MOPC ha sido preparada ‘a las apuradas’ y con un único objetivo, que es el de cobrar el anticipo, y el monto del primer módulo en 30 días y así embolsar más de G. 20.000.000.000 en tiempos electorales. Denunciamos al MOPC por exigir que se entregue, entre otras cosas, un módulo de software de semejante complejidad en 30 días”, continúa el texto presentado ante la Senac con el ticket número 13707, donde se cuestiona además el motivo por el cual se exige la compra de un nuevo sistema de navegación cuando “ni siquiera los muebles se terminan en ese tiempo”.

De esta forma, se exige la intervención y la verificación del pliego de bases y condiciones del llamado y se propone al Viceministerio de Transporte preocuparse en “poner más unidades por las noches para que los ciudadanos puedan llegar a sus casas”. Otro de los puntos denunciados es que “la Carta Orgánica del Ministerio de Obras Públicas no contempla prestar servicios de vigilancia ni de seguridad, algo que compete de forma exclusiva a los organismos de seguridad pública”, además del hecho de que el viceministerio tome fotografías y haga grabaciones de video a las personas sin su consentimiento.

Al respecto, nos comunicamos con el asesor jurídico de la Senac, el abogado Federico Hetter. “Lo que hicimos fue asignar el caso a la unidad de transparencia del MOPC en donde Carolina Centurión queda como encargada de la investigación”, refirió el abogado. Es decir que, la Secretaría Anticorrupción, en donde se presentó, la queja derivó la investigación a la misma institución acusada.

“Nosotros lo que hacemos desde la Senac es derivar las denuncias a las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las Instituciones (UTA) de cada institución del Estado”, comentó Hetter al preguntarle sobre el procedimiento y aclaró: “Nosotros sí podemos autoasignarnos la investigación de una denuncia en el caso de que esta sea contra la máxima autoridad de la oficina investigada”.

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Por lo pronto, en cuanto a plazos en los que se pueden ver resultados de la denuncia presentada, Hetter refirió que “a partir de la asignación, la UTA tiene un plazo de 10 días para iniciar una investigación preliminar y cargar al sistema de manera que la Senac tenga acceso al expediente y realizar un monitoreo de los procesos o en todo caso desestimar la denuncia”, sin embargo, esta no tendría un resultado sino hasta dentro de 60 días, e incluso, “si es que la investigación es demasiado complicada, se pueden pedir otros 60 días de plazo”, es decir 120 días de tiempo en el que la licitación ya puede estar adjudicada.

Tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como la Contraloría General de la República (CGR) respondieron a La Nación que como la denuncia no fue presentada ante sus oficinas de control, no pueden hacer nada, hasta que Anticorrupción les envíe algún informe.