El proceso ha sido dilatado en reiteradas ocasiones para que no se llegue a realizar la audiencia preliminar. El abogado del PLRA, Guillermo Duarte Cacavelos recusa constantemente a los jueces.
A pesar de las numerosas ocasiones en las que se intentó realizar la audiencia preliminar para los tres acusados en el caso del crimen de Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril del 2017, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la misma no pudo realizarse hasta la fecha debido a las trabas que se han impuesto constantemente a este proceso.
El principal problema radica en la recusación constante de los jueces que llevan adelante el caso por parte de Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Efraín Alegre y representante de los padres del joven Rodrigo Quintana.
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El jurista fue el responsable de que fuera recusada la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo por supuesta parcialidad en el presente proceso penal, lo que impidió que se llevara a cabo la última audiencia preliminar que estaba prevista para el pasado mes de noviembre de 2020.
Lo mismo ocurrió con la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera quien también fue recusada. De esta manera, mediante chicanas el proceso para esclarecer los hechos del denominado 31M permanece paralizado.
Los acusados en el caso son: el suboficial Gustavo Florentín, principal sospechoso; el suboficial Guido Amarilla y el comisario Tomás Paredes Palma. De acuerdo a los antecedentes del caso el crimen de Quintana se dio el 1 de abril de 2017 y fue utilizado por el presidente del PLRA para afianzar su campaña política con miras a las elecciones presidenciales del 2018, pero ni aún así logró posicionarse en las generales.
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El discurso apuntaba a que la Policía mató a sangre fría a Quintana y presentaron una serie de videos, sin embargo, gracias a una investigación llevada adelante por La Nación, se logró evidenciar como varias personas presentes durante esa noche lograron modificar la escena del crimen. Tras esto, también fueron procesados: Olga María Paredes, Ramona Mabel Cantero, Fernando Cáceres, Stiben Patrón y Efraín Alegre Irún, hijo del presidente del PLRA.
En su acta de imputación, el Ministerio Público sostiene que “Patrón y Alegre Irún habrían intentado inutilizar varios datos almacenados magnéticamente en las CPU´s, con las cuales son visualizadas las imágenes del circuito cerrado que, conforme al horario, habría ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la víctima, a fin de impedir el acceso a la información contenida en las mismas”. La Fiscalía sostuvo que esto compone un hecho grave.