La suspensión temporal de una cono­cida cadena de minimercados que abre las 24 horas debido a irregula­ridades encontradas ha suscitado reacciones de diversa índole. Muchos consu­midores expresaron su complacencia porque la medida se adoptó para proteger a los clien­tes, en tanto que otros, con intereses políticos, la criticaron porque va contra los intereses de los dueños del diario Abc Color, que son pro­pietarios del comercio. Ese diario, que nació con la bendición del dictador Alfredo Stroess­ner y fue clausurado por el mismo por fallar a sus intereses, reaccionó en forma airada con­tra las autoridades acusándolas de persecu­ción e intensificó la campaña política contra el presidente Santiago Peña, lejos de mos­trar interés en la protección de los consumi­dores que están peligrando su salud por las anormalidades sanitarias encontradas en los comercios aludidos.

Luego de detectar la venta de productos ali­menticios ya vencidos, en mal estado y que ponen en riesgo la salud en muchos locales comerciales, además de encontrar en varias farmacias medicamentos con alerta sanitaria cuya venta está prohibida, se tomaron drásti­cas medidas. Las irregularidades se encon­traron también en las sucursales del mini­mercado, donde había mayonesas, quesos, yogures, embutidos, panificados vencidos, carnes envasadas al vacío con etiquetas irre­gulares y con aspecto de descomposición.

Una de las autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) manifestó que lo encontrado representa un riesgo para la salud y la vida de los consumidores. “Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las activida­des de los locales afectados, hasta que regu­laricen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, explicó Sara Irún, titular de Sedeco.

La alerta sanitaria es un aviso público sobre un riesgo potencial para la salud o un hecho adverso que exige acciones urgentes para proteger a la gente.

La protección de los consumidores adop­tando las medidas requeridas son funda­mentales, y no admiten discusión de nin­guna laya. Es como vacunar a los niños en forma urgente o llevar a cabo medidas de protección en pandemia para que no se expanda una enfermedad determinada y sus efectos nocivos. La Unión Industrial Para­guaya (UIP) salió a apoyar la medida adop­tada por los organismos estatales, resaltando que la protección de los derechos del consu­midor y el cumplimiento de las normas son esenciales para un mercado formal, transpa­rente y competitivo. Apuntó que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortale­cer la confianza y promover la competencia. Resaltó que las medidas que se tomen se tie­nen que hacer con criterios de proporcionali­dad, difusión adecuada y enfoque correctivo. Y que se deben evitar impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inver­siones

Por su lado, la Cámara Paraguaya de Super­mercados (Capasu) indicó en un comunicado que “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no com­prometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desin­centivar inversiones”.

Los centros comerciales tienen la obliga­ción de dar cumplimiento a las normas, además de cuidar la salud de su clientela, de acuerdo con las normas existentes. Por ello cualquier reacción contraria a una medida de corrección no condice con la protec­ción adecuada que deben ejercer. El hecho de que el Estado tome medidas correctivas contra los comercios que cometen irregula­ridades, antes que asustar a posibles inver­sionistas, es una garantía de la seriedad de las instituciones y de las autoridades del país.

Es un indicio claro de que se procura el cumplimiento de las leyes y señal de que el bien común está por encima de las simpa­tías políticas o de cualquier índole. Si los sancionados reaccionan negativamente y recurren a los ataques lo único que se puede pensar es que no les importa la suerte de las personas, sino solo sus intereses económi­cos, lejos de aceptar las normas vigentes y el cuidadoso respeto de su clientela. Con ese tipo de actitudes contrarias al interés de la ciudadanía no inspiran la confianza que requiere cualquier tipo de comercio de parte de los consumidores.

El mencionado diario, que por muchos años fue amigo de la dictadura –solo hay que mirar sus ediciones de los primeros años–, en lugar de protestar porque se le exige pro­teger a los compradores de sus supermerca­dos, debería ocuparse de amparar los dere­chos de la gente.

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, el economista Ramón Ramírez, entregó el informe sobre los hallazgos en la comuna, que terminaron dando la razón a los señalamientos de la Contraloría y además incluyen otros hechos como la existencia de una caja paralela; sobre esto, el concejal Ernesto Guerin dio su parecer.

“Lo que reveló la intervención no me sorprende, yo vengo denunciando desde hace años todos estos puntos y sobre la existencia de un esquema de corrupción. Siempre sostuve que Miguel Prieto era un ladrón que debía ser desenmascarado, él es muy hábil en redes sociales y los medios de prensa para hablar de transparencia, pero él no es transparente”, expresó.

En conversación con La Nación/Nación Media, el edil manifestó que estarán a la espera de lo que resuelva de la Cámara de Diputados, es decir, si deciden destituir o no a Prieto y que aguarda que esto no demore demasiado puesto que la Municipalidad necesita urgentemente la conducción de un intendente y que por sobre todo, lo haga con transparencia.

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“Toda su administración y todo su equipo conforman una gavilla de delincuentes que están en la municipalidad, incluyendo sus concejales que son cómplices de estas irregularidades, era hora de que saliera la verdad. Por eso valoro mucho el trabajo del interventor, porque hizo un trabajo excelente que está sustentado con documentaciones”, añadió.

Los hallazgos del interventor como la existencia de una caja paralela, transferencias irregulares, contrataciones sospechosas, entre otros, terminaron por demostrar que la situación municipal era mucho más grave de lo que había denunciado la Contraloría cuando solicitó la intervención de la comuna.

“No hay que olvidar que él dijo que con su prima se terminaron los hechos de corrupción en la municipalidad, pero el interventor denunció que en ese esquema de corrupción estaba involucrada su prima, o sea, además de cometer un acto de nepotismo, también está involucrada en la caja paralela”, precisó.

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El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).

“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.

Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.

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Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).

“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.

Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.

Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo un encuentro este jueves con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien suscribió un memorándum de entendimiento para la Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección. Se trata del Acuerdo de Tercer País Seguro, que da la oportunidad de presentar solicitudes de protección en Paraguay a las peticiones de asilo en suelo norteamericano.

La reunión se desarrolló en Washington D. C., con la presencia del subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar. “Este acuerdo es un punto más en lo que es una alianza y amistad muy fuerte que existe entre nuestros países, gobiernos y pueblos. Hoy estamos aquí para poner en escrito nuestra cooperación sobre lo que es la inmigración irregular, ilegal, que puede causar un problema de seguridad nacional para ambos países”, comentó Rubio.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que el informe del trabajo de intervención, encabezado por el economista Ramón Ramírez, de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ya se encuentra en la Cámara de Diputados. El titular legislativo, afirmó que el documento será analizado con estricto apego a las leyes.

“La Cámara de Diputados ha recibido el informe sobre la intervención del municipio de Ciudad del Este. Este documento ha sido remitido a la comisión especial designada para su estudio. El caso será abordado con estricto apego a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes vigentes”, expresó Latorre, este jueves, a través de la red social X.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) confirmó que a las 06:23 de este jueves se reportó que salieron fuera de servicio todas las líneas de 220 kV y 500 kV que salen desde la central hidroeléctrica Itaipú, lo que provocó el apagón que afectó a nivel nacional.

“Debido a dicho evento, fueron afectadas todas las subestaciones alimentadas por dicha fuente. En este momento se ha restablecido el 70 % de las líneas afectadas y el 100 % del servicio en Asunción y Área Metropolitana”, señala un comunicado.

Cuatro atletas de los Juegos Panamericanos no regresaron a su hotel y la delegación denunció la desaparición. Sin embargo, la presunción es que abandonaron la competencia. De todas maneras, se ordenó la búsqueda y localización.

El ministro del Interior, Enrique Riera, informó que cuatro chicos y una joven de la delegación cubana de los Juegos Panamericanos Junior están con paradero desconocido. “La jefa de la delegación hizo la denuncia formal y ahí automáticamente se activa el equipo de búsqueda y localización”, detalló.

Libertad empieza su participación en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores enfrentando al River Plate argentino. El encuentro se disputa este jueves en el estadio La Huerta desde las 21:30.

En Asunción, el Gumarelo y el equipo “Millonario” se cruzaron en 5 duelos y el propósito de los repolleros es acrecentar, con otro triunfo, la superioridad de local frente a los argentinos. Es que Libertad cuenta con la ventaja de 3 triunfos contra 2, ante los visitantes.

El periodista argentino Luis Gasulla salió al paso de la defensa esgrimida por el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, quien mediante una carta del gobierno de Seychelles, la cual incumple las reglas de una investigación oficial, pretende desmentir que sea titular de cuentas bancarias que ocultarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la publicación realizada por el medio de investigación Periodismo y Punto.

“Sobre la supuesta desmentida del expresidente de Paraguay Abdo, en los próximos días habrá novedades. Si leen su comunicado no desmiente la investigación“, se limitó a manifestar Luis Gasulla a través de sus redes sociales oficiales.