Mediante una medida cautelar de urgencia, el juez Guillermo Trovato Fleitas ordena al doctor Julio Borba, titular de la cartera sanitaria, a que una niña que se encuentra luchando por su vida en el Hospital Materno Infantil de Loma Pytâ sea ingresada lo antes posible a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
La recién nacida cuenta con diagnóstico de enfermedad membrana hialina, depresión neonatal, sepsis neonatal, y se encuentra internada en el mencionado centro asistencial.
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La medida establece que Borba, en el plazo de una hora de la recepción de la orden judicial, debe arbitrar de forma inmediata las medidas necesarias para que la pequeña sea internada en cuidados intensivos del hospital a ser designado por el Ministerio de Salud Pública.
Asimismo, se debe informar al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), una vez contado con el lugar de internación para proceder al traslado inmediato de la bebé.
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Hospital de Lambaré realizó 170 cirugías y más de 2.000 estudios de imagen en agosto
El Ministerio de Salud comunicó que el Hospital General de Lambaré, realizó 170 cirugías en agosto y en el área de servicios de diagnóstico ofrecieron más de 2.000 estudios por imágenes. En este mismo periodo registró más de 17 mil atenciones en las áreas de consultas externas y urgencias.
Según el reporte dado por la cartera sanitaria, el hospital llevó adelante 170 intervenciones quirúrgicas del 1 al 31 de agosto. De este número, 105 fueron cirugías menores, 37 mayores, 23 cesáreas y 5 Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), que sirvieron para diagnosticar diversas patologías y mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Así también, en los servicios de diagnóstico por imágenes brindaron 2.078 estudios, incluyendo estudios y procedimientos que acompañan el diagnóstico. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 1.413 estudios de radiología, 362 ecografías, 274 electrocardiogramas y 29 mamografías.
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En el mes de agosto en este hospital general atendieron a 17.009 pacientes, distribuidos en consultas externas y urgencias. Así también, incluyen los estudios de diagnóstico y procedimientos quirúrgicos.
De acuerdo con el reporte dado por la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, un total de 10.109 consultas fueron ofrecidas en la urgencias del centro asistencial; 6.414 consultas fueron externas y 486 asistencias extramurales.
En comparación con los meses anteriores el hospital, mantuvo un importante volumen de atenciones dado que en mayo asistieron a 18.262, en junio 17.090 y en julio 17.701, lo que evidencia la sostenida demanda de servicios especializados y la capacidad para responder a las necesidades de los usuarios.
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Diputados pide informes a IPS y Salud sobre servicios tercerizados de diagnóstico
La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS).
El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.
El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.
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Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.
Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.
Ambos pedidos de informe buscan obtener datos sobre la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes mediante Meprotec, las especialidades médicas involucradas, la cantidad de pacientes atendidos y los costos asumidos por las instituciones públicas.
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Juez desestimó denuncia contra ministros sobre compra de camionetas para la Corte Suprema
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada por el Ministerio Público en la causa originada por una denuncia de supuestos sobrecostos en la adquisición de nueve camionetas para la Corte Suprema de Justicia. Luego de analizar las actuaciones y contrastar los fundamentos fiscales con la documentación incorporada a la causa, señaló que no se advirtió perjuicio patrimonial, requisito indispensable para la configuración del hecho punible de lesión de confianza.
El requerimiento de desestimación fue presentado el 31 de agosto de 2026 por la agente fiscal Soledad González. Durante la investigación, el Ministerio Público reunió declaraciones, informes y documentación vinculada con el procedimiento de contratación, la determinación del precio referencial, la adjudicación, el contrato y la modalidad de adquisición.
De acuerdo con la documentación individualizada en la resolución, la compra se realizó mediante la Subasta a la Baja Electrónica Nacional PAC N.º 71/2025, ID N.º 463277, con un precio referencial de G. 573.500.000 por unidad. En su requerimiento, el Ministerio Público sostuvo que el precio comprendía, además de los vehículos, distintas prestaciones y obligaciones previstas en la contratación, entre ellas servicios de mantenimiento, garantía, seguro, transferencia y matriculación. La Fiscalía señaló asimismo que la adquisición fue realizada a crédito y consideró esa modalidad entre los elementos que incidían en el precio de compra.
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Entre los antecedentes incorporados a la investigación se encontraba también el análisis documental de la Contraloría General de la República. Según lo reproducido en el A.I. N.º 302, el dictamen indicó que, en términos generales, el procedimiento siguió la secuencia formal prevista y que los precios unitarios tendían a ubicarse dentro de parámetros análogos y próximos a otros procesos estatales comparables.
El documento precisó que su examen tuvo carácter eminentemente documental y estuvo limitado al análisis de las actuaciones administrativas, el procedimiento de selección, la adjudicación y la formalización contractual.
Al analizar las actuaciones, el Juzgado verificó la documentación incorporada a la carpeta fiscal y señaló que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público concordaban con los antecedentes reunidos durante la investigación. Entre los elementos examinados se encontraban las prestaciones comprendidas en la contratación y la modalidad de adquisición a crédito.
A partir del análisis de los fundamentos fiscales y de los elementos incorporados a la causa, el Juzgado concluyó que no se reunían los presupuestos necesarios para la configuración del hecho punible investigado por lo que corresponde la desestimación de la denuncia.
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Decretan prisión para sobrina de “Lalo” Gomes por filtrar información
El juez de Garantías interino, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva de la exasistente fiscal Helga Lizany Solís Gomes, sobrina del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien está imputada por un esquema de filtración de información de procedimientos fiscales en casos de drogas.
La mujer cumplirá la prisión preventiva en el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Trasnacional de la Policía Nacional. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo ante el citado magistrado en el Palacio de Justicia.
Solís Gomes fue asistente fiscal del Ministerio Público entre 2019 y 2023 y, según la imputación, habría actuado como operadora de confianza del denominado “Clan Gomes”, utilizando su posición para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y fiscales, y filtrar información confidencial en beneficio de los integrantes de la organización.
Entre los hechos atribuidos, se menciona que en 2019, durante una causa contra el presunto sicario Kadu Cezar Machado, habría gestionado modificaciones de un acta policial para favorecer la calificación jurídica del hecho y solicitado gestiones para obtener un dictamen pericial favorable. La imputación también señala que Solís Gomes habría realizado gestiones en una causa contra la exfuncionaria del banco BBVA Claudia [apellido omitido] para evitar que Gomes y Alexandre fueran identificados en una investigación por lesión de confianza y estafa bancaria.
Asimismo, en 2021 habría solicitado la intervención de Gomes para obtener la prisión domiciliaria de Jhony Arter Giménez Amarilla y, en 2023, habría direccionado la estrategia procesal en otra causa. En el marco de la Operación Sanctus, ejecutada el 8 de diciembre de 2023, se le atribuye haber filtrado información confidencial del operativo a “Lalo” Gomes y a su hijo Alexandre.
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