El abogado Damián Ríos Franco fue desvinculado de Yacyretá –donde percibía casi G. 20 millones al mes– tras ser denunciado por violencia familiar. Su pareja recibió golpes en todo el cuerpo y fue internada en el Hospital de Trauma.
El director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, dio por terminadas las funciones de Damián Javier Ríos Franco, quien se desempeñaba en la secretaría general y tenía asignada la categoría D1, con un ingreso neto de G. 19.700.000.
La decisión se tomó el lunes 15 de marzo pasado, mismo día de presentación de la denuncia en su contra por violencia familiar contra su pareja. La mujer agredida recibió golpes en todo el cuerpo y llegó al Hospital de Trauma expulsando sangre por la boca. Según allegados a la víctima, esta no es la primera vez que Ríos Franco ataca a su concubina.
El abogado fue detenido por efectivos de la comisaría de San Lorenzo y se encuentra a disposición del juez penal de Garantías Gustavo Bóveda. Tras el hecho, Damián Ríos desistió de su precandidatura a concejal de Minga Guazú, según medios esteños.
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Denunciá
El Ministerio de la Mujer recuerda que los hechos de violencia contra la mujer pueden y deben denunciarse en la comisaría más cercana (Policía Nacional), el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (Juzgado de Paz), que forman parte de la ruta crítica, haciendo de enlace, asistiendo y direccionando a las víctimas para que las instituciones involucradas les brinden una atención integral, cada una en su rol.
La línea telefónica (137) es de acceso gratuito desde el teléfono público, línea baja y desde todas las líneas de telefonía celular. Esta línea funciona de manera coordinada entre el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instancias.
La cartera de la Mujer está abierta de 7:00 a 18:00, de lunes a viernes, sobre Presidente Franco y Ayolas, en el edificio Ayfra, planta baja. El teléfono es el (021) 452-060 y el correo electrónico atencion@mujer.gov.py para cualquier consulta.
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Mignarro afirma que el problema de Fleitas es el destape de la olla en el “José P. Guggiari”
La exsenadora Blanca Lila Mignarro, indicó que el problema problema de Hugo Fleitas, titular del Partido Liberal Radical Auténtico, no es ni político, ni es el internismo, ni la demanda de una deuda del partido. Explicó que la cuestión es que se ha “destapado la olla” y dado a conocer el faltante de G. 3.380 millones de los fondos del Instituto José P. Guggiari.
Mignarro fue destituida del cargo de secretaria general del Partido Liberal Radical Auténtico, por decisión del Directorio encabezado por Hugo Fleitas, y Rebeca Sosa fue apartada del cargo de directora de Capacitaciones del Instituto José P. Guggiari.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Mignarro explicó que ambas habían llevado adelante la auditoría de la administración de los recursos públicos que son destinados al Instituto José P. Guggiari, para brindar capacitaciones a los jóvenes, y y cuya gestión de Fleitas se detectó el faltante millonario respectivo, sin justificación alguna.
“El problema es que hemos pasado la denuncia a la Fiscalía, sobre el faltante del dinero y que evidentemente no le gustó al presidente Fleitas. Cuando yo asumí les dije que iba a llevar adelante una auditoría para saber donde me estaba parando. No vaya ser que luego me a tribuyan a mí el faltante, en cuestiones de dineros hay que ser transparentes”, precisó.
Mencionó que tras la auditoría se pudo cuantificar el faltante de los fondos y la acción seguida fue derivar al Ministerio Público, que ya designó una fiscal que se encargará de la investigación y aclarar todo este asunto.
“El Instituto José P. Guggiari es un lugar muy codiciado, y a la vez bastante vulnerable, porque es el que recibe el dinero del Estado destinado a capacitaciones, y so pretexto de las capacitaciones, la gente disfraza que hubo alguna formación en algún lugar, que se pagó combustible, hotel, viático, y al final no está documentado. Entonces, 3.380 millones de guaraníes son mucha plata para no documentar”, cuestionó.
Mignarro señaló que ante esta situación, la única defensa que tiene Fleitas es salir con el discurso de siempre, de acusar de ser “dionisistas o cartistas”. “Qué tienen que ver el senador Dionisio Amarilla, o el señor Horacio Cartes, en una auditoría y un faltante de dinero. Además qué tiene que ver una demanda que legítimamente tienen derecho a reclamar mis hijos, para recuperar el dinero que es de ellos”, se preguntó.
Respecto a la demanda que llevan adelante sus hijos, Mignarro explicó que fue un dinero que ella pidió prestado a sus hijos para colaborar en la campaña electoral municipal de Mario Ferreiro allá por el año 2015.
“Yo le había pedido prestado a mis hijos esa plata para la compra de los bonos para entregar al jefe de campaña, Alberto Aquino, acompañando la campaña de Mario Ferreiro. El tema es que les había dicho que en un año le iba a devolver el dinero, y nunca me pagaron. Entonces es una demanda de mis hijos, no es que yo les estoy demandando”, acotó la exparlamentaria.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Falsa denuncia de Giuzzio es “congruente” con filtración de Seprelad, señala abogado
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.