¿Fuga en un laboratorio o transmisión animal? Después de tres años y medio de investigaciones, el origen del covid sigue siendo un misterio según la OMS, que lamenta la falta de información proporcionada por China.

La pandemia de covid-19 provocó millones de muertos -20 millones según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y estratos en la economía mundial.

Los primeros casos conocidos de la enfermedad surgieron a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, donde está ubicado un instituto de virología conocido por sus investigaciones sobre los coronavirus.

Para muchos expertos entender el origen del covid es fundamental para aplicar contramedidas eficaces en el futuro y evitar nuevas pandemias.

“Todas las hipótesis deben permanecer sobre la mesa, incluida la propagación zoonótica y la fuga en un laboratorio”, declaró el director de la OMS el viernes tras la presentación de las conclusiones de un informe de expertos encargados de examinar el origen del covid.

Tedros Adhanom Ghebreyesus añadió que China les “envió información, pero no toda la solicitada”.

La larga investigación realizada a cabo por el Grupo Consultivo Científico de la OMS sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO) no permite esclarecer su origen.

“Nada se concluye con certeza absoluta”, reconoció María Van Kerkhove, epidemióloga estadounidense que dirige el departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias de la OMS.

La pregunta de si el covid-19 se escapó accidentalmente de un laboratorio o si se propagó de un animal al ser humano sigue sin respuesta.

Una gran parte de la comunidad científica se inclina por la hipótesis de una transmisión al ser humano a través de un animal intermedio, probablemente infectado por un murciélago.

Pero la hipótesis de la fuga en un laboratorio, que en un momento fue tachada de teoría conspirativa, ganó popularidad recientemente en Estados Unidos. Agencias como el FBI o el Departamento de Energía la apoyan ahora con distintos niveles de certeza.

Incluso la Casa Blanca publicó en abril una versión revisada de su información disponible en su sitio de internet sobre el covid-19 que promueve esta teoría como el “verdadero origen” del virus.

La principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, también estimó en enero “con un bajo grado de confianza, que un origen de la pandemia de covid-19 relacionado con investigaciones es más probable que un origen natural”.

China califica esta hipótesis de “extremadamente improbable”.

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En 2021 una misión de expertos designada por la OMS y enviada a China durante un mes pareció descartar la hipótesis de que el virus se hubiera escapado del instituto de virología de Wuhan.

Pero esa misión solo pudo entrar a China más de un año después del inicio de la epidemia, ya que Pekín se mostró muy reacio a permitir su llegada.

Sus conclusiones fueron recibidas con precaución e incluso escepticismo, especialmente en Estados Unidos.

La OMS solicitó a China “el acceso a cientos de secuencias genéticas de personas infectadas con covid-19 al inicio de la pandemia, información más detallada sobre los animales vendidos en los mercados de Wuhan, así como datos sobre los trabajos realizados y las condiciones de bioseguridad en los laboratorios de Wuhan”.

Pero “hasta la fecha, China no compartió esta información ni con SAGO ni con la OMS”, afirma la organización en un comunicado.

Dado que gran parte de la información necesaria para evaluar la hipótesis de una fuga en un laboratorio no fue transmitida a los expertos, “esta hipótesis no pudo ser ni estudiada ni descartada”, explicó la presidenta de SAGO, Marietjie Venter, ante los periodistas.

Los expertos también solicitaron información sobre este asunto a otros países, “incluidos Alemania y Estados Unidos”, pero tampoco obtuvieron respuesta, subrayó.

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La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

“Dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”, con este men­saje, el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, informó a través de sus redes sociales que firmó la promulgación de la ley conocida como Letrina Cero, en todas las escuelas y colegios públicos del país.

En compañía de uno de los proyectistas, el senador colo­rado Silvio Ovelar, el jefe de Estado dio una última revi­sión a la ley sancionada por el Congreso que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fis­cal 2025 (PGN 2025), corres­pondiente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La presente legislación dispone una ampliación del presupuesto del MEC, por un valor total de G. 48.000.000.000 (recursos del tesoro nacional). Con ello, se llevará adelante la construcción de sanitarios modelos y sexados en todas las instituciones educativas públicas.

Esta normativa busca erra­dicar definitivamente el uso de letrinas en centros edu­cativos, garantizando con­diciones dignas de sanea­miento para los estudiantes, apostando de esa forma a su bienestar y un futuro mejor.

La ley promulgada establece además que el Ministerio de Educación y Ciencias será el responsable de ejecutar dichos recursos, destinados a la construcción de baños en diferentes institucio­nes educativas del sector público, dependientes del MEC, dentro del marco de la implementación de “Ley Letrina Cero en las Escue­las”.

La propuesta legislativa, que ahora ya es una ley vigente, surgió a partir de un censo de la infraestructura esco­lar que reveló la falta de agua potable y baños en varias escuelas, afectando a miles de estudiantes.

Cabe señalar que de acuerdo a los registros, unos 350 locales escolares cuentan con letri­nas como servicio sanitario, actualmente. En estas escue­las reciben educación alrede­dor de 15 mil estudiantes.

La ejecución de este proyecto va a abarcar a los 17 departa­mentos del país, comenzando por los departamentos de Pre­sidente Hayes, Canindeyú, Caazapá y Boquerón, que va entre 40 y 78 el número de escuelas públicas que tienen letrina hoy en día. Mientras que en el resto del país, oscilan entre 5 y 20 aproximadamente baños precarios en los diferen­tes departamentos.

Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.