La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, señaló que internos de varias cárceles del país pidieron, por Navidad, adelantar a mañana la visita correspondiente al día domingo. Reveló que accedieron a la solicitud y que las visitas se realizarán bajo estricto protocolo sanitario, a fin de evitar nuevos contagios de COVID-19 en el sistema penitenciario.
La titular de Justicia manifestó que por ser víspera de Navidad este jueves es día de visita en todos los centros penitenciarios, pero aclaró que aquellas personas privadas de su libertad que no podrán recibir a sus familiares hoy tendrán la oportunidad de compartir con ellos mañanas, atendiendo a la solicitud recibida y concedida.
El penal de Tacumbú es uno de los que hizo el pedido. En el caso del Buen Pastor, las internas no realizaron ninguna solicitud, atendiendo a que los sábados se realizan las visitas de los hijos (hasta 2 por cada madre).
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Coronavirus en las cárceles
Por otra parte, Pérez indicó que tanto en Padre de la Vega como en el Buen Pastor hay solo un caso positivo, y que actualmente ambos infectados cumplen aislamiento y no se detectaron contagiados después de los reportes.
Señaló que para el 2021 capacitarán a los agentes penitenciarios para hacer frente contra el crimen organizado dentro de los penales del país. Asimismo, dijo que necesitan de 600 funcionarios para cubrir los tres centros nuevos, dos en Emboscada y uno en Minga Guazú.
La ministra sostuvo que este 2020 fue un año bastante cargado en cuanto a trabajo, especialmente por la pandemia del COVID-19.
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“Cumpliremos un mandato obligatorio”, dijo Barchini
“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretó este viernes 17 de mayo.
El ministro Barchini comentó en el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que la penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad.
“Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeó la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó.
El secretario de Estado detalló que del total de las plazas habilitadas, 82 lugares serán destinados para los reos de alta criminalidad “que no tienen ninguna posibilidad de recuperación o inserción, estarán absolutamente aislados. El presidente de la República apresuró los tiempos, ya que necesitamos descomprimir los centros penitenciarios”, sostuvo.
La puesta en funcionamiento de la penitenciaría forma parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria. “Todas las cárceles están controladas por el Estado paraguayo, lo que no significa que no tengamos líderes criminales enseñoreándose sobre lo que lastimosamente sigue ocurriendo, las ventas de drogas, alcohol, salones vip”, remarcó.
Por otra parte, puntualizó que se prevé la firma de un acuerdo con la Gobernación de Alto Paraná, encabezado por César “Landy” Torres, con el fin de que los reclusos realicen labores comunitarias como parte de los programas de reinserción social.
“Esto nos permitirá que los reclusos con el perfil autorizado que hayan cumplido más del 50 % de la condena con autorización judicial puedan salir a trabajar en temas de empedrados, pinturas, limpieza de arroyos”, precisó.
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“Soldado israelí” murió en la cárcel de Tacumbú
En la mañana de este sábado se habría dado el deceso de Agustín Ramón Martínez Martínez, alias “Soldado Israelí” en el interior de la penitenciaría de Tacumbú.
La víctima fatal habría manifestado fuertes dolores en el pecho cuando se presentó a la enfermería de la prisión, motivo por el cual fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero, donde ya llego sin signos de vida, según las autoridades del recinto penitenciario.
Si bien por disposición fiscal el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar a cabalidad el motivo de la muerte de Martínez Martínez, considerando que los síntomas son de una muerte súbita.
Según el informe de los médicos, Martínez Martínez presentó síntomas de un infarto, de acuerdo a la inspección preliminar realizada por los médicos que lo asistieron, por lo que fue traslado a un centro asistencial.
Martínez Martínez fue condenado por un Tribunal de Sentencia a 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable por homicidio doloso por el crimen del abogado Lucilo Cardozo. El mismo cumpliría recién la totalidad de su pena el 23 de mayo del 2048.
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Los jueces Gerardo Ruiz Díaz, Hugo Ríos Alcaraz e Hilario Bustos, mencionaron que se probó en juicio oral la responsabilidad de Agustín Martínez en el homicidio de Cardozo.
Si bien no hubo testigos del hecho, sí se presentaron elementos de prueba como el informe del GPS de la camioneta de la víctima, así como el cruce de llamadas entre el abogado asesinado y su esposa que dan fuertes indicios de que el acusado Agustín Martínez es el responsable del homicidio de Cardozo.
Antecedentes
Agustín Martínez ya estuvo durante seis años –desde el 2009 y liberado en el 2015– recluido por estar implicado en un triple homicidio, cuando hallaron cuerpos incinerados en un horno. En aquella oportunidad fueron víctimas el político Ricardo Cabello y dos de sus empleados, Hilario Marecos y Alberto Medina.
El caso tomó mayor trascendencia cuando se confirmó que los cuerpos de los tres hombres fueron incinerados en un horno para carbón, un patrón que se repetiría con el caso del abogado de Paraguarí.
Pero no era su único antecedente, en aquella ocasión se informó que el hombre ya había realizado delitos similares en Misiones, Argentina y Quiindy, donde habría procedido de la misma manera.
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Impulsan reinserción social de internos en Guairá
La Gobernación de Guairá y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un programa de reinserción social que apunta a que los internos de la Penitenciaría Regional de Villarrica puedan cumplir con ciertas tareas, brindándole una segunda oportunidad. El Poder Judicial también forma del acuerdo, explicaron.
“Estuvimos hablando con el ministro Ángel Barchini de un plan piloto para los condenados que se encuentran ya en etapa de cumplir con su rol social, limpieza de plazas, de calles, de instituciones educativas y que eso les pueda servir a ellos a acortar su permanencia en el penal y en esa línea firmamos un convenio para eso”, expresó el gobernador César “Cesarito” Sosa.
En comunicación con La Nación/Nación Media afirmó que el Poder Judicial forma parte de este acuerdo, dado que son los jueces quienes otorgan estos permisos, por lo que los magistrados también asistieron al acto de firma del documento. “Creo que todos merecen una segunda oportunidad y es importante que salgan a hacer ese servicio a la ciudadanía. Esto es un trabajo en equipo que hemos logrado con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial”, señaló.
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Este programa servirá como un incentivo importante para las personas con buena conducta y que están cumpliendo con su condena, por lo que se convierte en una “luz de esperanza” para aquellos que desean cambiar su vida y posteriormente puedan trabajar. “A través de estos convenios estaremos dando eso”, aseguró.
Este convenio representa un acontecimiento histórico, relató el gobernador dado que por primera vez en el departamento se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional en pos de la reinserción social y este es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
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Avanza plan piloto de reinserción de personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.
Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.
Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.
A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.
El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.