La gerente de Administración Financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, afirmó que la institución se encuentra trabajando en diversas alternativas para enfrentar el déficit existente en el fondo de jubilados y pensionados, con el objetivo de restablecer el equilibrio financiero y asegurar la sostenibilidad del sistema previsional.

“Estamos tratando de encontrar alternativas, el Estado tiene mucha predisposición, el año pasado se trabajaron en algunas modificaciones que refieren a nuestra carta orgánica donde el IPS históricamente transfería al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) un porcentaje importante sobre nuestras recaudaciones", expuso.

La gerente indicó que desde enero del 2025 ya queda de forma gradual para la institución un porcentaje de esos recursos. “Esto refuerza nuestro fondo de salud que es uno de los más golpeados”, expresó. En este orden, mencionó que otra de las propuestas presentadas es la extensión de la utilización de rentas para cubrir las jubilaciones durante todo el ejercicio 2025.

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“La idea es extender este esquema a todo el año con el fin de cubrir el déficit que enfrentamos y garantizar el cumplimiento con nuestros beneficiarios”, detalló Vera y en paralelo, destacó que se están impulsando medidas para fortalecer los ingresos de la institución.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante en el aporte obrero-patronal, trabajando en la reducción de la morosidad y combatiendo la evasión. Eso ya se traduce en resultados concretos: desde agosto de 2023 pasamos de G. 690.000 millones a G. 925.000 millones en ingresos, lo que representa un crecimiento del 12 %”, detalló.

Vera expuso que la situación del sistema jubilatorio es cada vez más exigente, no solo por el aumento de beneficiarios debido a la mayor expectativa de vida, sino también por los ajustes anuales que se aplican a los haberes jubilatorios en función del Índice de Precios al Consumidor y del salario mínimo. Ambos factores impactan directamente en el presupuesto del IPS.

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Ante este escenario, la funcionaria aseguró que se están buscando fuentes de financiamiento para seguir otorgando el beneficio adicional que se paga cada año a los jubilados, sin afectar sus derechos. “Queremos mantener ese beneficio y, al mismo tiempo, encontrar un punto de equilibrio en nuestras finanzas”, remarcó.

Efectivos de la Policía Nacional buscan identificar a un hombre que fue denunciado por ingresar a robar a casi una decena de farmacias ubicadas en la ciudad de Concepción. El hombre en algunas ocasiones se desplaza en una motocicleta, pero también actúa a pie.

El comportamiento de este solitario ladrón quedó registrado en diversas imágenes de circuito cerrado de las diferentes farmacias a las que ingresó a robar. Según las denuncias, el pasado domingo habría ingresado a tres diferentes locales de una misma cadena farmacéutica.

El lunes también habría realizado varios robos, llegando inclusive en un mismo local en dos ocasiones. Cuando las encargadas del lugar se percataron de quién era y lo que hacía, intentaron detenerlo, pero ya no pudieron.

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En uno de los locales fue visto por el guardia de seguridad, quien persiguió a este hombre por varias cuadras y cuando casi lo alcanzó, este sujeto lo habría amenazado con un machete que tenía escondido entre sus prendas y así logró darse a la fuga.

Según el informe entregado a los investigadores, llama la atención siempre se lleve casi los mismos productos, centrándose en productos como shampoos, acondicionadores o tratamientos capilares varios. En ninguna de las ocasiones en que ingresó a los establecimientos pidió dinero ni intimidó a nadie.

Los encargados de estos establecimientos esperan que se pueda dar con este sujeto gracias a las imágenes de circuito cerrado que publicaron, sobre todo para frenar la racha de robos efectuados, ya que si bien, el monto de los productos no es alto y puede considerarse como bagatelarios, para los encargados es igualmente perjudicial.

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Desde este martes empezó a regir el reajuste del 3,6 % del salario mínimo vigente. El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que en el sector formal no existen inconvenientes en cuanto a la aplicación de esa diferencia. Sin embargo, el desafío está en el sector informal, que ocupa el 62 % de la población trabajadora.

Segovia explicó que del universo de aproximadamente 1.700.000 asalariados en el país, el 16 % gana el salario mínimo, mientras que el 41 % no llega a ese monto y el 43 % percibe remuneraciones superiores. “La gente que está en el sector formal sí cumple. Nuestro gran problema sigue radicado en el sector informal”, expresó respecto al cumplimiento del reajuste.

El 41 % representa una masa de aproximadamente 702 mil trabajadores que reciben menos del salario mínimo legal establecido para el sector privado. “Puede ser porque es de tiempo parcial, que también es una figura que está establecida en el Código Laboral, o si no, efectivamente, porque ‘está en negro’, como se dice habitualmente”, indicó a la radio 970 AM/Nación Media.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, la tasa de informalidad en el país alcanza el 62 %. “Eso no quiere decir que ese 62 % gane menos al mínimo, eso quiere decir que capaz no tienen IPS, pero ganan el mínimo, capaz trabajan más de las 8 horas diarias, pero ganan al mínimo”, explicó.

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Pese a los desafíos del mercado laboral, el subsecretario de Estado consideró alentador el aumento sostenido en el número de trabajadores cotizantes al IPS. Actualmente, la cifra se aproxima a los 800.000, un número que nunca antes se había alcanzado.

En este sentido, remarcó que este incremento responde, en gran parte, a programas sociales impulsados por el Ejecutivo, como Hambre Cero, que promueve la formalización laboral en diversos sectores.

Recordó que en febrero pasado se inició un operativo de verificación del cumplimiento de las condiciones laborales en el marco del programa Hambre Cero. En la primera etapa, se detectaron apenas 5.019 trabajadores registrados en el IPS entre las 29 empresas adjudicadas por licitación pública. La cifra fue considerada baja, lo que motivó una serie de acciones correctivas, que ayudaron a que se inscriban cerca de 21.000 trabajadores al seguro social.

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Para reforzar los mecanismos de control, el Ministerio de Trabajo habilitó diversos canales de denuncia para reportar el incumplimiento del pago del salario correspondiente.

Las denuncias pueden realizarse a través del portal institucional, vía telefónica al número 0993-300-800, o en forma presencial en las sedes del Ministerio, tanto en la capital como en otras cabeceras departamentales.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Jorge Brítez, acompañado de su equipo directivo, mantuvo una reunión con la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio del Senado para abordar la situación de los funcionarios del IPS afectados por la trama conocida como “mafia de los pagarés”.

Durante el encuentro, Brítez informó que el número de funcionarios afectados superaría las 2.500 víctimas del esquema de préstamos fraudulentos y descuentos abusivos en sus haberes. “Esto es una estafa bien planeada desde hace tiempo, y ahora están saliendo a la luz las consecuencias. El IPS ya tomó medidas: presentamos más de 110 denuncias penales ante el Ministerio Público y conformamos un equipo de abogados para acompañar legalmente a los compañeros afectados”, expresó Brítez, el lunes último.

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El titular del IPS también destacó que se suspendieron los descuentos arbitrarios y se iniciaron revisiones de aquellos órdenes judiciales que imponen montos desproporcionados, incluso en casos donde los funcionarios ya han pagado varias veces el valor del préstamo. “Hay personas que retiraron seis millones y ya llevan pagados veinte millones de guaraníes”, señaló el titular de IPS, quien anunció además la conformación de una mesa técnica interinstitucional para buscar soluciones legales y financieras de fondo.

La trama, conocida mediáticamente como “mafia de los pagarés”, ha revelado una red de préstamos usureros, firmas de pagarés sin respaldo y complicidades administrativas y judiciales que afectaron directamente los ingresos de cientos de trabajadores públicos. El IPS ratificó su compromiso con la transparencia, la justicia y la defensa de sus funcionarios, y aseguró que continuará cooperando con la comisión investigadora para llegar hasta las últimas consecuencias.

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