El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.

La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.

Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.

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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.

“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.

Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.

“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.

Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.

“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.

Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.

“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.

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Más de 14 millones de personas en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, un tercio de ellas niños pequeños, podrían morir debido al desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense por parte del gobierno Trump, según una investigación publicada el martes en la revista Lancet.

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“Para muchos países de ingresos bajos y medios, el impacto resultante sería comparable en escalada a una pandemia global o a un conflicto armado importante”, dijo en un comunicado Davide Rasella, coautor del estudio e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona.

La divulgación del estudio coincide con una conferencia de la ONU en Sevilla (España) esta semana dedicada a la ayuda internacional.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) proporcionó más del 40 % del financiamiento humanitario mundial hasta que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

Dos semanas después, el entonces asesor cercano de Trump, y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, se jactó de haber sido sometido a la agencia a una “trituradora”.

Musk lideró las críticas, compartidas desde hacía años por líderes republicanos y conservadores, de que USAID había derrochado el dinero público con programas dedicados a la diversidad sexual o en estudios cuestionables sobre el impacto del cambio climático.

Mirando hacia atrás en los datos de 133 países, el equipo de investigadores internacionales estimó que la financiación de USAID había prevenido 91 millones de muertes en naciones de ingresos bajos y medios entre 2001 y 2021.

También utilizaron modelos para proyectar cómo recortes del 83 % en la financiación, la cifra que anunció el gobierno de Estados Unidos a principios de este año, podría afectar las tasas de mortalidad.

Los recortes podrían llevar a más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, siempre según esas proyecciones.

Ese número incluía más de 4,5 millones de niños menores de cinco años, o alrededor de 700.000 muertes infantiles adicionales por año.

Los programas apoyados por USAID estaban vinculados a una disminución del 15 % en las muertes por todas las causas, según los investigadores.

Para los niños menores de cinco años, la caída en las muertes fue el doble de pronunciada en un 32 %.

La financiación de USAID fue particularmente efectiva para prevenir muertes evitables por enfermedades.

Hubo un 65 % menos de muertes por VIH/SIDA en países que recibieron un alto nivel de apoyo en comparación con aquellos con poca o ninguna financiación de USAID, encontró el estudio.

Las muertes por enfermedades tropicales desatendidas se redujeron de manera similar a la mitad.

Fuente: AFP

• Sídney, Australia. AFP.

El gobierno australiano comprobó en un estudio que los sistemas de verificación de edad de los usuarios en redes sociales funcionan “de forma robusta y efectiva”, un importante avance para implementar su prohibición de acceso a estas plataformas a los menores de 16 años. El gobierno defiende esta iniciativa por el potencial daño en la salud física y mental en los jóvenes causado por las redes sociales y amenaza a estas plataformas con multas de hasta 32 millones de dólares si no cumplen con ella.

La innovadora medida tiene que entrar en vigor a finales de este año a pesar de las objeciones de plataformas afectadas como Facebook, Instagram, X o TikTok, que advierten por ejemplo que será “problemático” comprobar la edad de los usuarios. Pero una prueba encargada por el gobierno a la firma independiente Age Assurance Technology Trial indica que “la certificación de edad se puede hacer en Australia de forma privada, robusta y efectiva”.

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“Estas soluciones son técnicamente realizables, pueden integrarse de forma flexible a los servicios existentes y pueden reforzar la seguridad y los derechos de los niños en línea”, afirmó en un comunicado el director del proyecto, Tony Allen. En una entrevista a la cadena Nine Network, Allen admitió, sin embargo, que un “gran desafío” será evitar que los niños engañen a las herramientas de verificación de edad.

“No creo que nada sea completamente infalible”, concedió. La implementación de esta ley australiana aprobada en noviembre se sigue de cerca por otros países que sopesan la aprobación de prohibiciones similares.

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Cinco muertos, cuatro policías y un campesino, es el saldo de los enfrentamientos registrados el miércoles en Bolivia, en intentos por desbloquear las carreteras tomadas por los partidarios de Evo Morales, informó este jueves el gobierno.

Los manifestantes reclaman desde hace 11 días en las rutas la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular las instituciones para excluir al líder cocalero de las próximas elecciones de agosto.

Los principales choques violentos ocurrieron en Llallagua, un poblado minero en Potosí (suroeste), y en vías de Cochabamba (centro) que conectan con La Paz.

La policía llegó el miércoles a Llallagua, un poblado minero, para intentar desbloquear la principal vía sin éxito.

Ese día se reportó la muerte de tres policías por disparos de armas de fuego. Y este jueves se encontró el cadáver de un cuarto agente identificado como Christian Calle.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo en conferencia de prensa que el uniformado “fue secuestrado por una horda” que hizo explotar un artefacto adherido por los manifestantes a su cuerpo.

Roberto Ríos, ministro de Gobierno (Interior), informó horas después que además un campesino murió en Cochabamba cuando manipulaba “un artefacto explosivo”.

De acuerdo con la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, este jueves hay 19 puntos de bloqueo de rutas, menos que en días atrás.

El aún bloqueo persiste en Llallagua. La policía intentó desactivarlo el miércoles luego de que la población local, afectada por el desabastecimiento de alimentos y agua, intentara por sí misma enfrentarse a los partidarios de Morales.

Un informe actualizado del Ministerio de Salud señala que los choques en Cochabamba y Llallagua dejaron 54 heridos.

Nelson Cox, abogado de Evo Morales, aseguró a la AFP que hay “tres muertos” entre los manifestantes, dos de ellos por arma de fuego.

Dijo que además hay al menos 15 manifestantes heridos y más de 30 detenidos.

Aguilera anunció que las fuerzas del orden van a actuar en la Llallagua para “garantizar un estado de quietud y de paz”.

“Se han alcanzado niveles de violencia inaceptables que han cruzado la línea de la protesta” hacia “el crimen”, dijo Ríos. “Personas armadas con fusiles largos han asesinado a nuestros servidores públicos policiales”, aseguró.

El gobierno cree que Morales busca postergar la primera vuelta de las presidenciales previstas en agosto con el fin de poder concurrir como candidato, pese a que está impedido de hacerlo.

Un fallo de la justicia no permite más de una reelección presidencial, y Morales ya se dirigió a Bolivia en tres ocasiones entre 2006 y 2019.

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El líder cocalero de 65 años se encuentra desde octubre de 2024 en el Chapare, su bastión político. Allí está protegido por decenas de campesinos de una orden de detención por un caso de trata de una menor, acusación que él niega.

Bolivia está sumida en una profunda crisis económica que se manifiesta en una escasez de combustibles y dólares y una escalada inflacionaria que en mayo se situó en un 18,46% interanual.

• Fuente: AFP