El exdirector de Administración y Finanzas del Indert, Diego de los Ríos, pidió 20.000 dólares para “el número 1” y US$ 5.000 para él a cambio de solucionar un conflicto de adjudicación de tierras en el Chaco.
Uno de los audios que están en manos de la Fiscalía, correspondiente a las denuncias sobre el esquema de coimas en el Indert, revela las negociaciones que realizó el exdirector de Administración y Finanzas de esta institución, Diego de los Ríos.
“El número uno me pidió que cumplas con él y acá, para que podamos cerrar esto, o sino, vamos a dejar nomás”. Esta es la primera advertencia que lanza Diego de los Ríos en la conversación con la víctima y se interpreta que hace alusión al presidente del Indert, Mario Vega, cuando dice el número uno.
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Posteriormente, indica que el titular pide 20.000 dólares, pero que además él (De los Ríos) quiere otros US$ 5.000 para él, es decir, US$ 25.000 en total.
El denunciante responde que puede pagar hasta 20.000 dólares, pero que le resultará imposible cumplir con los otros US$ 5.000, ya que una de sus casas está hipotecada. “25 de los americanos y yo te voy a sacar en menos de lo que canta un gallo, sa’ieterei ko”, insiste Diego de los Ríos.
Según el fiscal Rodrigo Estigarribia, este es uno de los pagos que sí se llegó a concretar a diferencia de otro pedido de 200.000 dólares que no se efectuó.
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Son 12 mil títulos de propiedad legalizados
El presidente del Indert destaca que el gobierno de Santiago Peña ya entregó 12.000 títulos de propiedad a familias campesinas.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz destacó que el gobierno de Santiago Peña ha posicionado ha titulación masiva de tierras como uno de los logros más significativos de su gestión.
En dos años y medio de mandato, ya se entregaron 12.000 títulos a familias que llevaban décadas incluso realizando gestiones en procura de la legalización de sus propiedades.
“En primer lugar nosotros estamos llegando a los 12.000 títulos entregados en apenas dos años y medio de gestión, que comparado con lo que eventualmente se entregaba en el mismo período sería aproximadamente 900 % más de lo que en promedio cualquier administración lograba entregar”, señaló a La Nación/Nación Media. Afirmó que además se tomaron medidas muy significativas que benefician a las familias rurales del país.
“Una de las medidas más importantes que hemos tomado en la administración con el presidente Santiago Peña ha sido reducir el precio de los lotes. Anteriormente, los precios estaban inflados con una tasa de interés usuraria del 70 %. Pero nosotros eliminamos esa tasa de interés, que ha permitido reducir en un 50 % el valor de los lotes para las mujeres y en 30 % para los varones”, resaltó.
El impacto de esta medida fue que antes del 15 de agosto del 2023 de cada diez títulos que entregaba la institución, tres iba destinada a las mujeres. Sin embargo, actualmente seis de cada diez títulos sean para mujeres. Con ello se cumple el mandato constitucional (Artículo 115) y el Estatuto Agrario, que hablan de que se tienen que otorgar facilidades para las mujeres jefas de hogar en el acceso a la titulación de tierra.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.
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Gobierno entrega proyecto que plantea eliminar barreras de acceso a tierras rurales
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.
A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.
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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.
Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.
Propuestas
Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.
“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.
Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.
“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.
Revolución del sector agrario
A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.
“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.
Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.
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Fono Ayuda recibió denuncias por vulneración de 1.365 niños y adolescentes en marzo
El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) emitió el informe mensual del “Fono Ayuda 147″ que revela que en el mes de marzo recibió un total de de 676 denuncias sobre vulneración de 1.365 menores de edad (niños y adolescentes). La mayor cantidad de reportes fue por violación del deber de cuidado y maltratos.
Según el informe emitido por la institución, los más afectados fueron menores de la primera infancia entre 0-8 años, que representa el 53 % de los casos y se considera el grupo más expuesto.
La denuncias más recibidas fueron por violación del deber de cuidado con 617 niños afectados, le sigue maltrato con 475 casos, luego menores que se encuentran bajo riesgo social donde se apuntaron 209 situaciones y 127 niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
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La lista sigue con los casos de abuso sexual donde se vieron afectados 116 niños y adolescentes. También se reportaron situaciones de trabajo infantil en comunidades 24; menores extraviados o desparecidos con 13 casos, explotación sexual con 8, y finalmente cinco casos de menores que quedaron huérfanos por feminicidio.
Los datos indican la cantidad porcentual de los niños y adolescentes, esto según el rango de edad de los que se vieron afectados por algún hecho punible: el 53 % corresponde a los niños de 0 a 8 años o primera infancia; el 27 % niños y niñas de 9 a 13 años; y el 20 % corresponde a adolescente de 14 a 17 años.