La Municipalidad de Asunción puso en marcha la campaña “Vertederos Cero” con el fin de prevenir la formación de basurales clandestinos en la ciudad capital y sancionar a los infractores. Las multas van desde los 100 hasta los 1.000 jornales mínimos (entre 10 y 98 millones de guaraníes aproximadamente), con agravantes si se realiza con fines comerciales o en áreas protegidas como el Banco San Miguel.

Para el efecto, se habilitó una línea para denuncias. Es el 0986 128 777 de la Dirección de Atención al Ciudadano, en modo whatsapp, donde el denunciante puede enviar fotos, videos y la ubicación del vertedero para que el personal municipal pueda limpiar y dar con el o los responsables.

La comuna informó que la campaña incluye patrullajes coordinados por personal de la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Dirección General de Gestión Ambiental.

Ya se reportaron operativos con capturas de infractores in fraganti en barrios como Roberto L. Petit, específicamente en 21.ª Proyectada y Capitán Figari; Sajonia, Tablada Nueva (sector Blanco Kue) y la zona de la Costanera Norte.

Se insta a la ciudadanía a seguir denunciando y ayudar a identificar a los infractores, atendiendo que arrojar basura en espacios de dominio público viola el artículo 11.º de la Ordenanza n.º 408/14 de «Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Promoción de la Cultura de Basura Cero».

Así también, desde la Intendencia buscarán la aprobación de un proyecto de Ley que busca convertir en delitos ambientales con sanciones que lleven a penas carcelarias la quema de basuras y la creación de vertederos clandestinos, hechos que actualmente se configuran como simples faltas administrativas.

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Otros mil beneficiarios de la reforma agraria fueron adjudicados con títulos por el Indert.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, enca­bezó ayer martes en el Pala­cio de López la entrega de otros 1.000 títulos de pro­piedad para los beneficia­rios de la reforma agraria. Desde el Instituto Nacio­nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se anun­ció que dentro de 45 días se tendrá otro grupo similar de adjudicados.

“Yo no llegué a la Presiden­cia de la República para ser uno más y reconozco mi res­ponsabilidad política por el cargo que ostento. Yo vengo de un partido que tiene his­toria y testimonio de haber defendido las causas popu­lares, de haber defendido el campo ya que ahí está el pro­greso del Paraguay. Cuando al campo le va bien al Para­guay le va bien”, sostuvo el mandatario.

Durante los primeros tres años de gobierno de Peña, el Indert concretó la entrega de 12.000 títulos de propie­dad, frente a un promedio aproximado de 900 títulos anuales registrado durante la última década. “Más allá de que hoy hemos superado todos los números de gobier­nos anteriores, mi lucha no es una lucha por las estadís­ticas y los números; mi lucha es la lucha del pueblo para­guayo”, remarcó.

El mandatario recordó tam­bién los procesos de regula­rización que durante déca­das fueron considerados difíciles de resolver y citó por ejemplo los casos de Andrés Barbero, Marina Cue y Santa Teresita. Añadió que estos avances demostraron que con el diálogo, la decisión política y el trabajo institu­cional, era posible encontrar soluciones a reclamos histó­ricos vinculados al acceso a la tierra.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este martes en el Palacio de López la entrega de otros 1.000 títulos de propiedad para los beneficiarios de la reforma agraria. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se anunció que dentro de 45 días se tendrá otro grupo similar de adjudicados.

“Yo no llegué a la presidencia de la República para ser uno más y reconozco mi responsabilidad política por el cargo que ostento. Yo vengo de un partido que tiene historia y testimonio de haber defendido las causas populares, de haber defendido el campo ya que ahí está el progreso del Paraguay. Cuando al campo le va bien al Paraguay le va bien”, sostuvo el mandatario.

Durante los primeros 3 años de gobierno de Peña, el Indert concretó la entrega de 12.000 títulos de propiedad, frente a un promedio aproximado de 900 títulos anuales registrado durante la última década. “Más allá de que hoy hemos superado todos los números de gobiernos anteriores, mi lucha no es una lucha por las estadísticas y los números; mi lucha es la lucha del pueblo paraguayo”, remarcó.

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El mandatario recordó también los procesos de regularización que durante décadas fueron considerados difíciles de resolver y citó por ejemplo los casos de Andrés Barbero, Marina Cue y Santa Teresita. Añadió que estos avances demostraron que con el diálogo, la decisión política y el trabajo institucional, era posible encontrar soluciones a reclamos históricos vinculados al acceso de tierra.

Otros logros registrados bajo la administración de Peña en materia de tierras guarda relación con la reducción de la tasas de interés. Del 12 % que se cobraba históricamente, bajó al 4 % para los titulares varones y a 0 % para las mujeres. Es con el objetivo de fomentar la equidad.

“Esta es una verdadera fiesta con 1.000 personas que recibieron sus títulos de propiedad que se sumarán a otros que ya están en camino y creemos nosotros que en 45 días más estaremos teniendo un paquete muy similar a esto. Acá hay una palabra que resume todo esto y es la felicidad”, afirmó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

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Familias campesinas procedentes de diversos puntos del país se alistan para participar en una ceremonia trascendental en la explanada del Palacio de López, este martes 15 de septiembre, donde se concretará la entrega oficial de 1.000 títulos de propiedad a sus legítimos beneficiarios, en paralelo a la firma de otros 600 documentos por parte de colonos que agilizarán el finiquito legal de sus tierras. El acto estará encabezado por el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz. Durante la ceremonia

A tres años del inicio de la presente administración, el Indert alcanza una cifra récord que supera los 12.000 títulos otorgados a través de la metodología de Barrido Predial Masivo (BPM). Este logro marca un hito sin precedentes en la gestión pública, al contrastar significativamente con el promedio histórico de apenas 900 títulos anuales registrado durante la última década. El impulso actual busca consolidar el arraigo, la seguridad jurídica y la mejora continua en la calidad de vida de las comunidades rurales.

Con el objetivo de profundizar estas reformas, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional un proyecto de ley clave orientado a agilizar la titulación de lotes bajo el Estatuto Agrario. La propuesta legislativa contempla posponer por un año el pago inicial de las tierras, permitiendo que los productores accedan de manera inmediata al finiquito de su documentación. De obtener la aprobación parlamentaria, las autoridades proyectan alcanzar una meta histórica sin precedentes: la adjudicación de 50.000 títulos de propiedad durante el presente periodo de mandato presidencial.

Esta iniciativa se articula de manera directa con el programa piloto “Nueva Ruralidad con Relevo Generacional”, impulsado por el ente agrario para mitigar el éxodo rural y asegurar el asentamiento de los jóvenes en el campo. El plan promueve el retorno de las nuevas generaciones a sus comunidades productivas mediante el acceso seguro a la tierra, al tiempo que garantiza protección jurídica integral y tranquilidad patrimonial a los colonos pioneros de la tercera edad, fortaleciendo el tejido social campesino.

En el plano financiero, la formalización de la propiedad privada representa una llave de acceso estratégica al sistema bancario para la obtención de créditos blandos orientados al desarrollo agrícola. Francisco Ruiz Díaz subrayó que las modificaciones legales buscan modernizar el marco normativo actual, vinculando de forma directa la titularidad del suelo con oportunidades de financiamiento real para la inversión en proyectos productivos a escala local.

Finalmente, el proyecto legislativo introduce facilidades de pago sustanciales diseñadas con un enfoque social y de género. La normativa propone ampliar los plazos de cancelación de los lotes a 30 años para las mujeres rurales y a 20 años para los hombres, además de reducir a la mitad la tasa de interés anual para beneficiarios varones, pasando del 4 % al 2 %.