• Por Aníbal Saucedo Rodas

El presidente de la República ha uti­lizado constantemente el fútbol –como figura de comparación o metá­fora– para evaluar su gestión. Hablaba –y habla– con insistencia sobre el “segundo tiempo” de su gobierno, argumentando que se trata de un periodo que exige “cuali­dades y actitudes diferentes”. Fue después de la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. La cualidad define a las personas con indi­cadores como la honestidad y la empatía; la actitud es una disposición mental, pero que no siempre se traduce en acción. Por eso es diferente a la aptitud que podemos definir sencillamente como el saber hacer. Para ser más claro aún: debe ser competente para ejercer un cargo. Si el jefe de Estado utilizó esos términos en aquel momento es porque –al menos así pensó la mayoría de la socie­dad– iba a convocar a otros jugadores para el periodo complementario. Jugadores que marcaran esa diferencia. En algunos casos, en el ámbito del balompié, las sustitucio­nes se realizan por cansancio. El vicepresi­dente de la República, en esa misma fecha, 6 de abril de este año, afirmó: “Yo le di cua­tro nombres (al mandatario) que (a su crite­rio) tenían que irse”. Mucho antes, el 18 de febrero, el señor Pedro Alliana declaró que, si él tuviera la lapicera, “la mitad del Gabinete estaría afuera”. Sin embargo, finalmente, los cambios no se dieron. Me niego a pensar que el presidente y el vicepresidente estaban representando el papel del policía bueno y el policía malo.

Incursionando en el terreno del fútbol, el partido dura 90 minutos. En nuestro país, el periodo constitucional de gobierno es de cinco años. Aplicando las reglas de la divi­sión, cada año equivale a dieciocho minu­tos. Por lógica consecuencia, a los tres años estamos en el minuto 54. Es decir, ya pasa­ron nueve minutos del segundo tiempo y el gabinete del presidente parece inamovible. La opinión ciudadana –la que se construye en las calles, no la que se pretende impo­ner desde los medios de comunicación– ha dado baja calificación a muchos jugadores y jugadoras. Es la percepción que se trans­forma en reclamos en el simple contacto con la gente. Son lagunas muy ostensibles, que se verifican con la simple observación, y las que, incluso, fueron criticadas por el mayor soporte que tiene Peña: el actual presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes. Y, como en todas las administraciones ante­riores, la actual no es la excepción, tiene una delantera con pata de palo: la estrate­gia comunicacional de Gobierno.

Recuerdo durante la última década de la dic­tadura de Alfredo Stroessner, cada 15 agosto parte de la opinión mediática y un amplio sec­tor de la sociedad se ilusionaban con el cam­bio de los ministros más resistidos y hasta odiados, pensando que podrían ser reempla­zados por personas que pudieran “suavizar” ese régimen de represiones. Pero el déspota se divertía manteniéndolos en sus cargos. Algunos eran intelectuales que habían subas­tado su conciencia a cambio de privilegios y otros eran absolutamente incompetentes para desempeñar sus funciones en minis­terios clave. Y estaban los manifiestamente brutos cuyos actos eran el reflejo de su per­sonalidad: aplicaban la violencia sin un ápice de remordimiento. Hasta que se cumplió la profecía de un diputado ferviente militante del régimen: “A balazos subimos al poder y solamente a balazos bajaremos”. En una democracia deberían primar la idoneidad, el sentido común y la autocrítica.

Quienes entienden de economía aseguran que los números macro son óptimos. Hace días, el Ministerio de Economía y Finan­zas aseguró que el crecimiento de nuestro país al cierre del año 2026 estará entre 4,2 % y 4,5 %. Sin embargo, esos indicadores no tienen fuerza real a la hora de adquirir los productos de la canasta familiar coti­diana. La realidad se vive en el mercado. Y al Gobierno ya solo le quedan 36 minutos del segundo tiempo. El próximo mandata­rio debería aplicar la “metáfora del árbol” de la presidenta mexicana, Claudia Shein­baum. Sin ignorar a sus agresivos detracto­res, su gestión tiene un alto índice de apro­bación ciudadana. No cree en la teoría del derrame económico, del goteo desde arriba hacia los sectores más vulnerables, los his­tóricamente postergados. Con un princi­pio sostenido sobre “primero, los pobres”, razona que para que el árbol crezca fuerte debe regarse desde la raíz y no desde las hojas. Transferir experiencias positivas que beneficien a la población sin recursos nunca será vergonzoso. Peores son las recetas de los organismos internacionales de marcada tendencia neoliberal. Buen provecho.

El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.

“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.

Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.

“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.

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Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.

Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió este viernes a directivos de la calificadora internacional Fitch Ratings, en el marco de la visita anual que realiza la firma para evaluar la situación macroeconómica del país y analizar los principales indicadores que inciden en la calificación soberana de Paraguay.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quienes dialogaron con Todd Martínez y Christopher Dychala, representantes de la agencia calificadora.

Durante la reunión analizaron temas vinculados a las finanzas públicas, las perspectivas de crecimiento económico, el desempeño fiscal, el avance de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y las condiciones macroeconómicas que sustentan la estabilidad del país.

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La visita forma parte del proceso periódico mediante el cual Fitch recopila información y mantiene reuniones con autoridades del sector público y representantes del ámbito privado antes de emitir su revisión sobre el perfil crediticio de Paraguay.

Actualmente, Fitch Ratings mantiene la calificación soberana de Paraguay en BB+ con perspectiva positiva, ubicando al país a un escalón del grado de inversión.

En su última revisión, realizada en octubre de 2025, la calificadora mejoró la perspectiva desde estable a positiva, destacando el sólido crecimiento económico, la disciplina fiscal, la fortaleza de las reservas internacionales y el impulso de una agenda de reformas.

La reunión se realiza semanas después de que Moody’s Ratings ratificara la calificación de Paraguay en Baa3, dentro del grado de inversión, manteniendo además la perspectiva estable.

En su informe, la agencia destacó el crecimiento resiliente de la economía, el bajo nivel de deuda pública, la continuidad del marco de responsabilidad fiscal y la credibilidad de la política monetaria, al tiempo que proyectó una expansión económica cercana al 4,5 % para este año.

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El tribunal de sentencia que juzga a Giuzzio está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete.

A las 8:00 de este martes conti­nuará el juicio oral para el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio, acu­sado por presunto cohecho pasivo agravado tras recibir supuestos favores del pre­sunto narcotraficante Mar­cus Vinícius. La audiencia oral seguirá con la declara­ción de Adolfo D’Ecclesiis, funcionario de la empresa Ombú SA (propiedad del pre­sunto narco brasileño Mar­cus Vinícius Espíndola), y otros testigos.

Con la declaración de D’Ec­clesiis se ingresa a una etapa crucial y clave para el pre­sente caso, donde ya declara­ron varios testigos que com­plicaron la situación procesal del acusado Giuzzio.

Días atrás declaró Gilberto Enciso, gerente de Ombú SA, quien fue tajante al mencio­nar que Marcus Vinícius y el entonces ministro del Inte­rior conversaron en varias oportunidades sobre licita­ciones para el Estado. Sos­tuvo que la empresa Ombú pretendía ser proveedora de chalecos antibalas y encar­garse de la reparación de vehículos blindados.

Añadió que “Marcus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”. Del mismo modo, el testigo aseguró que Giuzzio utilizó una camioneta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directa­mente por su dueño. Ade­más, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré simbólico de 700 dólares que nunca se cobró”.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que tanto los testigos como las prue­bas documentales están probando su tesis acusatoria contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.