La Fiscalía tendría identificadas a las personas que secuestraron y mantienen en cautiverio al exvicepresidente de la República Óscar Denis. Entre los implicados están tres personas mayores de edad y tres adolescentes, entre ellos indígenas, según informó el fiscal Federico Delfino. La Fiscalía prepara las imputaciones y presume que la víctima sigue con vida.
Los mayores de edad son Esteban Marín López (líder), Luciano Argüello y Rubén Darío, pero también están los tres adolescentes, uno de ellos de nacionalidad argentina, según su documento. Uno sería hijo de una de las cabecillas del EPP y los otros dos son indígenas, según los datos.
La imputación será formulada por terrorismo, asociación terrorista, privación de libertar y extorsión agravada. “Tenemos 100% de seguridad que son los que secuestraron a Óscar Denis”, afirmó Delfino en conferencia de prensa y reveló que se maneja la información de que el exvicepresidente sigue con vida.
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El fiscal detalló que Esteban Marín liberó el 14 de setiembre al peón Adelio Mendoza, con ayuda de indígenas y otros adolescentes, quienes sacaron al joven de su lugar de cautiverio y lo llevaron hasta la zona de liberación.
“Tenemos información de cómo fueron alimentados, quiénes lo alimentaban y que recibieron un buen trato en todo momento”, explicó el fiscal. No se pudo determinar si el señor Óscar Denis recibió o no sus medicamentos.
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Mujer denunció que fue secuestrada, drogada y violentada
Una joven denunció que, cuando regresaba de su lugar de trabajo, fue secuestrada por tres sujetos a bordo de un vehículo, para posteriormente mantenerla privada de su libertad y abusar de ella. El hecho se habría dado el pasado domingo, mientras que la denuncia formal se presentó el martes.
Según la declaración de la víctima, la misma estaba camino a la parada de colectivo y, en inmediaciones de la avenida Madamee Lynch, un vehículo se le acerca y uno de sus ocupantes le consulta sobre una dirección, tras lo cual otros dos descienden del automóvil y la fuerzan a subir.
La misma habría sido drogada ya en el interior del vehículo, por lo que perdió el conocimiento y, cuando despertó, se encontró desnuda en una cama y encerrada en una habitación, donde estuvo por más de 24 horas en un estado de debilidad, aparentemente por las drogas que le habrían suministrado.
En la denuncia, especificó que solo le dieron agua, y que cuando volvió en sí, ya se encontraba tirada en la vía pública, donde fue auxiliada por vecinos de la zona para llegar a su casa y reencontrarse con su madre. La familia de la joven creía que esta estaba con una amiga, ya que la persuadieron de enviar un mensaje falso a su madre para no levantar sospechas.
Ahora el caso está siendo investigado por el Ministerio Público, desde el cual se ordenó una revisión por un médico forense para determinar el estado de la joven. El informe preliminar demostraba que la víctima tenía varios hematomas en todo el cuerpo y rastros de forcejeos, además de haber sido controlada de alguna manera.
Lamentablemente, la joven no logró dar mayores características de sus captores, ya que asegura que habría permanecido la mayor parte del tiempo inconsciente. No obstante, los investigadores buscan imágenes de circuito cerrado de la zona donde habría sido secuestrada y donde fue abandonada posteriormente.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Senado da luz verde a proyecto que eleva la pena máxima a 15 años para adolescentes
La Cámara de Senadores aprobó por mayoría, el proyecto de ley que modifica el artículo n.° 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, a través del cual se eleva la pena máxima a 15 años para los casos de adolescentes involucrados en delitos graves como homicidios en los que haya existido alevosía y premeditación.
Durante la sesión ordinaria, el pleno del Senado estudió esta propuesta legislativa que buscaba endurecer las penas para los adolescentes de 14 a 17 años, esto como respuesta a los recientes sucesos, como el asesinato al trabajador de delivery y a María Fernanda, cuyas vidas fueron arrebatadas por adolescentes.
“El fundamento de la presente ley radica esencialmente que se viene experimentando lamentablemente el aumento considerable de menores infractores de la ley penal de lo cual nos habla la estadística de los tribunales y ello implica el aumento de la cantidad de procesos abiertos por distintos hechos punibles de adolescentes”, expresó el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El Artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia en Paraguay establece las medidas privativas de libertad para adolescentes que hayan cometido delitos. La duración mínima de estas medidas es de seis meses y la máxima es de cuatro años, pero en casos calificados como crímenes por el Derecho Penal común, la duración máxima puede ser de hasta ocho años.
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La moción de esta comisión fue elevar las penas a un máximo de 15 años. Por su parte, la Comisión de Legislación, presidida por Luis Pettengill, sugirió modificaciones señalando que el proyecto no pretende criminalizar al adolescente infractor, ni endurecer la normativa de forma arbitraria, y manifestó que dictaminaron a favor de una pena máxima de 10 años.
Tras un intenso debate entre parlamentarios, votaron a favor de elevar a 15 años la penas, conforme a lo sugerido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero utilizando el texto propuesto por Legislación. Con 20 votos, quedó aprobado el proyecto que será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.
“Esta no es la solución absoluta al problema, sabemos que no resuelve, sabemos que hay múltiples factores que deben juntarse y tratar de buscar una solución de fondo al problema de los delitos penales de nuestros jóvenes, pero creo que es de estricta justica, darle la posibilidad a un juez o a la autoridad pertinente donde por lo menos pueda en casos aberrantes y claros, una pena máxima de 15 años”, alegó Zacarías.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.