Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).

Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.

No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.

En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.

Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.

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A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.

El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.

La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.

Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.

A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.

Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.

En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.

No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.

De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.

Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

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• Sídney, Australia. AFP.

El gobierno australiano comprobó en un estudio que los sistemas de verificación de edad de los usuarios en redes sociales funcionan “de forma robusta y efectiva”, un importante avance para implementar su prohibición de acceso a estas plataformas a los menores de 16 años. El gobierno defiende esta iniciativa por el potencial daño en la salud física y mental en los jóvenes causado por las redes sociales y amenaza a estas plataformas con multas de hasta 32 millones de dólares si no cumplen con ella.

La innovadora medida tiene que entrar en vigor a finales de este año a pesar de las objeciones de plataformas afectadas como Facebook, Instagram, X o TikTok, que advierten por ejemplo que será “problemático” comprobar la edad de los usuarios. Pero una prueba encargada por el gobierno a la firma independiente Age Assurance Technology Trial indica que “la certificación de edad se puede hacer en Australia de forma privada, robusta y efectiva”.

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“Estas soluciones son técnicamente realizables, pueden integrarse de forma flexible a los servicios existentes y pueden reforzar la seguridad y los derechos de los niños en línea”, afirmó en un comunicado el director del proyecto, Tony Allen. En una entrevista a la cadena Nine Network, Allen admitió, sin embargo, que un “gran desafío” será evitar que los niños engañen a las herramientas de verificación de edad.

“No creo que nada sea completamente infalible”, concedió. La implementación de esta ley australiana aprobada en noviembre se sigue de cerca por otros países que sopesan la aprobación de prohibiciones similares.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Edgar Delgado, de la unidad zonal de Presidente Franco, en medio de sucesivas denuncias por desaparición de adolescentes, planteó la “imperiosa necesidad de una regulación” en el uso de los taxis por aplicativos para el caso de menores de edad. Recordó que solamente están regulados por ordenanzas y no por leyes.

“El abordaje de una regulación del uso de dichas plataformas es imperioso, en especial en relación con adolescentes que utilizan, sin el control de los padres o responsables, en forma solitaria”, señaló el fiscal a La Nación/Nación Media, ante la consulta sobre los frecuentes casos de uso de dichas unidades, por menores cuando dejan sus casas.

Para el fiscal, “en la gran mayoría de hechos penalmente relevantes, en los que son víctimas menores de edad, son utilizadas estas plataformas”. Aclara que “dichas plataformas de trasportes no se encuentran reguladas actualmente por alguna ley, si bien son consideradas legales, son reguladas solamente por algunas ordenanzas municipales”.

“Existen varios casos de adolescentes que habrían abordado estas plataformas sin control alguno y fueron víctimas de explotación sexual, extravíos y otras situaciones de vulnerabilidad, que son las constantes actualmente; esto se puede corroborar con las más de 300 denuncias de menores desaparecidos en lo que va del año”, manifestó el fiscal Edgar Delgado.

En cuanto a cuál sería la medida más acertada, el agente del Ministerio Público dijo que, es necesario que el Estado intervenga, “a pesar de que algunas plataformas ya habilitaron aplicaciones exclusivas que permiten solicitar viajes por parte de adolescentes de entre 14 y 17 años, bajo la supervisión de padres o tutores”.

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“Es necesario que el Estado, como responsable del desarrollo armónico y la protección de los derechos de niños y adolescentes, desarrolle un marco legal para un mejor control del uso de dichos prestadores de servicios”, agregó el fiscal de Franco.

En cuanto a la relevancia del uso de los aplicativos en hechos que involucran a menores de edad, el agente fiscal refirió que “es un elemento fundamental” porque “se debe tener en cuenta que la familia es el primer eslabón de cuidado, los padres o responsables deben ser los primeros custodios de la integridad de sus hijos, luego la sociedad”.

Sigue diciendo el fiscal, “entra a tallar la responsabilidad del conductor de la plataforma, quien debe considerar todos los riesgos y circunstancias a la hora de trasportar un menor de edad”. Por último, menciona al Estado que, en este caso, “debe procurar un marco normativo acorde, a los efectos del uso adecuado de menores de edad de dichas plataformas”.

Un ejemplo de los últimos casos que involucró a una menor de edad y a un taxi por aplicativo, fue el caso de una adolescente que abordó el móvil en el Km 10 Acaray y pidió como destino la costa del río Paraná, en horas de la madrugada. La joven fue rescatada a tiempo del río Paraná, mediante pescadores.

“Esos son los detalles que todo prestador de servicio debe considerar y analizar; el horario de utilización, el lugar o destino solicitado y las condiciones generales (signos de embriaguez, depresión, adicción, etc.) que son indicadores del peligro en que podría encontrarse un menor”.

Por eso “es recomendable dar aviso a las autoridades de dicha situación, a los efectos de brindarles la protección debida”, asegura el fiscal Edgar Delgado.

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El diputado Hugo Meza, señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delictivos cometidos por menores de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas privativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcances del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Nosotros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descompuesto”, manifestó en conversación con la 1020 AM.

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Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está trasladando hacia las autoridades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.

Mientras tanto, indicó que hay que mirar y buscar otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté involucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario también debe ser mejorado, y no puede ser considerado como una de las únicas opciones.

“Tenemos un sistema carcelario que no significa absolutamente una reinserción social. Nosotros necesitamos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y tener devuelta esa contención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que, “hay que estudiar mucho más profundo, nosotros lo que tenemos es un concurso de quien presenta más penas, y rayando el populismo, porque no aborda absolutamente en lo general, nosotros necesitamos algo integral de protección social para que estas penas, para que estos delitos, no vuelvan a ocurrir en nuestro país”.

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