El Poder Ejecutivo se atribuyó competencias que la Constitución Nacional no le otorga al establecer medidas de convivencia social con la cuarentena, según el abogado Jorge Vasconcellos, quien señala que la Fiscalía y la Justicia también apañaron lo mismo.
“Se le fue la mano en todo (a Abdo), el artículo 3° de la Constitución señala que el Gobierno lo ejercen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ninguno de los poderes puede atribuirse u otorgar a otro la suma del poder”, explicó el abogado Jorge Vasconcellos en entrevista con GEN.
Recalcó que cuando el Ejecutivo dejó de lado al Congreso en el tratamiento de temas que debían ser establecidos por ley, asumió competencias que la Constitución Nacional no le otorga.
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Las atribuciones del Congreso son velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, dictar códigos y leyes y expedir leyes de emergencia en casos de desastre o calamidad pública, algo que asumió el Ejecutivo.
“El Ejecutivo no tiene facultades para disponer normas de convivencia social de cumplimiento obligatorio, esas leyes deben ser dictadas por el Legislativo”, subrayó Vasconcellos.
Criticó que el Congreso se mantenga en silencio y que el Judicial también valide estos terribles errores que ponen en entredicho la vigencia del Estado de derecho.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Ejecutivo reglamenta ley de utilización de pavimento rígido en obras viales
El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 1683 mediante el cual se reglamenta la ley N.° 5841/2017 que “establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos viales”, con esta reglamentación será posible la utilización de cemento de industria nacional en las obras viales, lo cual impulsará la generación de empleo y durabilidad de los proyectos, según explicaron.
“El decreto reglamentario de pavimento rígido es un decreto que se tenía que reglamentar hace más de siete años y hoy finalmente se está dando inicio a una transformación en infraestructura, pavimento rígido con cemento nacional”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, Santiago Peña, quien aseguró que esto representa un paso trascendental para nuestro país, puesto que se hace realidad una reglamentación largamente esperada. De acuerdo a lo que explicó el presidente, esta normativa habilita a que el cemento pueda ser utilizado en obras viales, lo cual dará impulso de la mano de obra, además de una mayor durabilidad a la red vial.
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“¡Apostamos al desarrollo con infraestructura de calidad! Con el decreto reglamentario de la ley de pavimento rígido en proyectos de obras viales, promovemos la utilización de cemento de industria nacional, generando empleo e impulsando obras de mayor durabilidad, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó el jefe de Estado.
El decreto establece plazos para la aplicación gradual de la ley, y de acuerdo a esto, se establece que el MOPC deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del 15 % del total de las obras viales programadas para el 2024, el 20 % del total de las obras viales programadas para el 2025, el 25 % del total de las obras viales del 2026, el 30 % del total del 2027 y subsiguientes.
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Itaipú: “El gobierno anterior no negoció, se bajó el pantalón”, afirma Gustavo Leite
“Yo estoy viendo esto con mucho optimismo, ahora parece que se abre la compuerta grande para que Paraguay juegue el gran partido, todos tenemos que estar a la altura, esto no es un desafío menor”, dijo el senador Gustavo Leite tras resaltar los resultados de la negociación encarada entre el gobierno de Santiago Peña y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la cual permitirá al Paraguay acceder a un total de USD 1.250 millones.
Las afirmaciones del congresista surgieron tras recordar los antecedentes nefastos que dejó el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez en cuanto a la política energética de Paraguay. “El gobierno anterior no negoció, se bajó el pantalón a cambio de que Brasil no le diga nada por los robos y latrocinios de aquí, en ese proceso perdimos todos. Espero que la justicia se encargue de ellos por su enriquecimiento ilícito, por sus actos”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Leite acotó que “dadas las circunstancia que heredó este gobierno de una administración anterior que debió haber iniciado esta negociación por lo menos en el año 2021, ha sido un logro extraordinario porque Brasil se apropió de la idea ante la inacción de Marito de que la tarifa debería ser igual al costo y empujaba por llevar la tarifa a 11,6 %. Con un socio fuerte como es el Brasil, creo que es una excelente negociación”.
Por otra parte, el legislador dijo que la fijación del precio de la tarifa de la Itaipú en USD 19,28 Kw/mes, abre la posibilidad de que el Paraguay pueda ofertar su excedente eléctrico de la entidad al mercado brasileño, entre otros puntos resaltantes constituyen a la vez un logro del Partido Colorado en función de gobierno.
“No se debe dejar de entender el apoyo que le dio el Partido Colorado a Santiago Peña, primero para ser presidente de la República y segundo para sostenerlo fuertemente en función de gobierno. Las leyes que nos pidió en el parlamento lo sacamos en tiempo récord. Todo esto habla de una sintonía única, política que no se vio en muchísimo tiempo. El comandante es Peña y el logro es de todos los paraguayos”, remarcó.
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El parlamentario sostuvo que “el Partido Colorado se encargó de demostrar a sus representantes que cuando la hacen mal, como Nicanor y Marito, irán al fondo y quedarán en la historia estigmatizados como traidores y malos colorados”.
Paraguay firmó un histórico acuerdo con Brasil mediante la definición de una tarifa de USD 19,28 Kw/mes que irá hasta el 2026. Esta decisión implica que Paraguay recibirá 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año y 3.750 millones en tres años.
“Este reciente acuerdo nos dará plata genuina para iniciar un programa agresivo de inversiones. Esto es un gran triunfo político del Partido Colorado en el gobierno. Tenemos que concentrarnos en lo que viene”, expresó Leite. Agregó que el país deberá estar enfocado en mejorar su infraestructura eléctrica para garantizar un buen sistema de transmisión y distribución.
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Por unanimidad Senado rechazó propuesta de devolución premiada
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes 7 de mayo, la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1160/1997 Código Penal”, respecto a la figura de la devolución premiada para funcionarios públicos. El proyecto que cuenta con media sanción será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.
La propuesta legislativa, presentada por el diputado Yamil Esgaib, establece la figura de la devolución premiada, que consiste en llegar a un acuerdo con el investigado o procesado que cumple funciones públicas, por la comisión de un hecho punible en el que, a cambio de la devolución total del daño patrimonial que se le atribuye, reciba un determinado beneficio que puede consistir en la reducción de la pena hasta el 50% del marco penal máximo.
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Al respecto, el senador colorado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, informó que esta instancia legislativa por unanimidad aconsejó rechazar el proyecto, en razón que transgrede el artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece que todos los funcionarios públicos en caso de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones no quedarán exentos de responsabilidad.
Igualmente, hizo hincapié a que “el Estado no puede hacer una política criminal diferente para determinados delitos y, por el contrario, una política legislativa de esta clase puede resultar en un incentivo para realizar hechos punibles contra el patrimonio”, agregó.
También explicó que, en un proceso penal es difícil demostrar contablemente el 100 % del daño patrimonial ocasionado y siempre los montos de los juicios no reflejan la totalidad del perjuicio, siendo así, el autor puede devolver un porcentaje menor al daño real y recibir como premio la reducción de su pena.
Además, mencionó que está establecido en el artículo 95 del Código Penal, el comiso como una pena accesoria en los hechos punibles contra el erario público y en el artículo 25 del Código Procesal Penal, los motivos de la extinción de la acción penal.
En la misma línea, coincidieron los senadores Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Rubén Velázquez, Silvio Ovelar, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Ever Villalba, Natalicio Chase, Blanca Ovelar, Mario Varela, Esperanza Martínez y Colym Soroka, en rechazar el proyecto por considerarse inconstitucional.
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