Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La defensa del abogado Carlos Duarte, uno de los procesados en el marco del operativo Scanner que desmanteló una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, desistió de la declaración testifical del senador liberal Líder Amarilla, salpicado en la causa judicial por los acusados.

El requerimiento de desestimación no fue objetado por el Ministerio Público, razón por la cual el Tribunal de Sentencia hizo lugar al mismo. La causa inició el 11 de octubre del año 2023 donde también se encuentra procesados los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exintegrante del equipo de seguridad).

A la lista de acusados se suma Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con 10 kilogramos de cocaína, según las investigaciones pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).

Llamativamente, la no objeción del Ministerio Público al requerimiento se dió tras la amenaza realizada por Amarilla al fiscal de la causa Andrés Arriola, a quien acusó de realizar falsas acusaciones, razón por la cual lo denunciaría ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e impulsaría una querella en su contra.

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Arriola incluso emitió ayer miércoles un comunicado sosteniendo que es víctima de amedrentamiento y presión. A la vez había detallado que en el curso de las investigaciones “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“.

Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".

Añadió en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.

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El ministro Jalil Rachid considera que “no fue una coincidencia” que el crecimiento del narcotráfico en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) se haya dado a la par que el debilitamiento institucional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), bajo la gestión de Arnaldo Giuzzio, actualmente acusado por presuntos vínculos con el capo brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, “hermano” de Sebastián Marset, capturado en Bolivia y hoy procesado en Estados Unidos. En el periodo 2019-2021, el uruguayo consolidó su estructura criminal en el país.

“Coincidencia no es, en lo absoluto, es un insulto, es una ofensa querer intentar siquiera instalar, porque no se instala, que eso ocurrió por arte de magia. En el 2021 se fueron 32.000 kilos de cocaína de los puertos de Paraguay a Europa, no siendo un país productor de clorhidrato de cocaína, representábamos en aquel entonces el 10 % de los envíos de cocaína a Europa, una vergüenza absoluta”, apuntó Rachid.

Indicó que, durante el gobierno anterior, no solo se consolidó Marset, sino también otras estructuras criminales en el país. “Eso no fue una coincidencia, eso ocurrió porque la ruta del narcotráfico, en aquel entonces era esa. La estructura de Sebastián Marset y todos los que estamos hablando, Tío Rico, o quién sea, los que intervinieron y hoy están procesados, se hicieron ricos de esa forma porque estaba todo habilitado”, cuestionó.

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Por otra parte, Rachid detalló que al asumir la Senad, en agosto de 2023, se realizó una auditoría externa de la institución y una reorganización, cambiando todo el esquema de trabajo de control que dejó la administración anterior, lo que hasta ahora está dando grandes resultados.

El ministro explicó que encontró una Senad sin un organigrama claro ni reglas definidas, lo que permitía decisiones discrecionales y generaba un “camino” para filtraciones de información sensible. Vinculó directamente esas falencias con el aprovechamiento por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizaban principalmente puertos privados para el envío de cocaína, lo que se asocia a la resolución firmada por Giuzzio en 2020 que desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT).

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“Cómo se entiende y se explica que al dar un golpe de timón muy fuerte como el que dimos, de esos 32.000 (kilos de cocaína) hayamos pasado a cero, es porque justamente esa ruta del narcotráfico se cortó, por ese canal, por esa vía, porque nosotros ejercemos un control más coercitivo y tenemos mucha más presencia ante ese tipo de situaciones que heredamos”, explicó.

Finalmente, destacó el nuevo sistema con presencia real y efectiva en el combate del crimen organizado y en narcotráfico en el país. “No digo que no pueda ocurrir, el secreto está en que tenemos que estar alertas, tenemos que hacer nuestro perfilamiento, tenemos que hacer nuestro trabajo de inteligencia y, hasta ahora, eso nos está funcionando. Nosotros tenemos una presencia real y efectiva, de ahí que esa ruta del narcotráfico, que rea lo normal anteriormente se cortó”, sentenció.

En noviembre de 2021 la SIU toma conocimiento de estas filtraciones cuando ella misma recibe, como máxima autoridad de la Senad, el informe de la Europol.

Zully Rolón, exministra de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, admitió que ocu­rrieron filtraciones en el caso A Ultranza Py y que habrían evitado la captura de Sebas­tián Marset en Paraguay.

La Nación/Nación Media publicó ayer que, la gestión abdista, tenía informes sobre el uruguayo desde el año 2019, tolerando que se instalara en el país y fortaleciera su estruc­tura criminal.

“El tema de las filtraciones, de las que se hablaba, en el caso de A Ultranza en especial, noso­tros tomamos conocimiento de eso en el 2021 cuando tuvi­mos el informe de Europol, pero sí en verdad existen (las filtraciones) y eso está en el informe que se remitió al fis­cal de la causa, que hubo con­versaciones hacia el año 2020 donde nombran a un jefe de la Senad, de un departamento de inteligencia técnica”, dijo la exministra, en conversación con la 1020 AM.

El 6 de noviembre de 2019, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Senad ya tenía indicios de la con­ducta delictiva del uruguayo, cuyo primer ingreso a Para­guay fue el 8 de abril de 2018. Entre agosto de 2018 y enero de 2021, la Senad fue dirigida por Arnaldo Giuzzio, hombre de confianza de Abdo. Rolón asumió el cargo cuando el exsenador pasó a ser minis­tro del Interior, hasta su des­titución en febrero de 2022 por presuntos vínculos con un capo narco brasileño.

Según la exministra, en noviembre de 2021 la Uni­dad de Investigación Sensi­tiva (SIU) toma conocimiento de estas filtraciones cuando ella misma recibe, como máxima autoridad del Senad, el informe de la Europol. Sin embargo, recién se realizó la denuncia luego de haber ejecu­tado la operación A Ultranza Py, en febrero de 2022. “Eso se envía a Asuntos Internos y se espera que se operativice A Ultranza para enviar un informe especial sobre este caso al Ministerio Público, como un informe de inteli­gencia, porque no podíamos poner en riesgo el gran opera­tivo por denunciar una filtra­ción, y el fiscal que recibió ese informe de inteligencia, que es el fiscal a cargo de A Ultranza, remite eso a la Unidad de Deli­tos Económicos y Anticorrup­ción, y ese caso fue abierto en el 2022 como persona inno­minada y yo no sé cómo ha de estar el caso”, explicó Rolón.

La extitular de la Senad admi­tió también que, durante el mandato abdista, los controles sobre el narcotráfico fueron desguarecidos. Inicialmente argumentó que se trabajó más en inteligencia que en controles físicos, como el levanta­miento de controles en puer­tos, la falta de escáneres y la desmantelación de una direc­ción de investigación.

“Supuestamente en el año 2020 se había cerrado la dirección de investigación aérea, fluvial y terrestre, que era la que supuestamente luchaba contra el crimen organizado en los puestos. Realmente no se cerró nin­guna dirección, lo que se hizo fue crear un departamento de investigación en el comercio internacional en el mismo día en que se cierra esa direc­ción. No fue una eliminación, fue simplemente un cambio administrativo”, fue la justi­ficación de Rolón.