La agente fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a una docente de 43 años de edad por la presunta violación del deber de cuidado o educación. Según la investigación, la imputada habría ignorado los protocolos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destinados a prevenir el acoso escolar y la violencia psicológica durante el año 2023, lo que derivó en que el alumno se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.

De acuerdo con las pesquisas, la docente, en su carácter de asesora de curso, tuvo conocimiento directo de las situaciones de acoso sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la educadora habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de violencia. Como consecuencia de esta falta de intervención oportuna, el menor experimentó un declive psíquico que culminó en su fallecimiento el 3 de julio de 2024.

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El requerimiento fiscal sostiene que la conducta omisiva constituye una violación grave de su responsabilidad como garante de la integridad del alumno, ya que debía brindar apoyo educativo personalizado ante los procesos sociales de sus estudiantes. Entre los elementos de sospecha figuran actas de entrevistas, informes del centro educativo y una autopsia psicológica que vincula el acoso con el riesgo de suicidio.

Finalmente, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión, tales como la fijación de domicilio, comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país, además de la restricción de acercarse a los familiares de la víctima. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un seminarista de 23 años, de nacionalidad brasileña, fue detenido ayer en la ciudad de Alberdi por agentes del Departamento contra la Trata de Personas (Decot) de la Policía y trasladado a Ciudad del Este donde llegó esta madrugada. Está investigado por abuso sexual y pornografía infantil, a raíz de la denuncia del padre de un niño de 10 años que fue víctima. El hecho habría ocurrido en la capital de Alto Paraná.

Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por el subcomisario José Rolón, jefe del Departamento Antitrata de Alto Paraná. Durante la detención fueron incautados un teléfono celular y una notebook.

El hombre, de la congregación de sacerdotes de Sagrado Corazón de Jesús, fue aprehendido ayer a las 17:20 en el local La Gringa de Alberdi, departamento de Neembucú. Esta mañana fue puesto a disposición de la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Niñez y Adolescencia, de Ciudad del Este.

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El subcomisario José Rolón explicó que, a raíz de la denuncia presentada por el padre del niño en Ciudad del Este, investigaron sobre los antecedentes del joven y pudieron identificar su ubicación. Agentes de la base central de Decot, de Mariano Roque Alonso, en coordinación con la División de Inteligencia y el fiscal coadyuvante Diego Benítez, de la unidad penal de Alberdi, se procedió a la aprehensión.

El denunciado estudia en Asunción y reside en Alberdi, donde suele trasladarse cada tanto. El hecho investigado habría sucedido en un encuentro familiar en Ciudad del Este donde estuvo el seminarista. El procesado le habría mostrado al niño videos de contenido sexual con otro menor, para captar la atención de su nueva víctima, según lo referido por el comisario Rolón.

En la investigación se buscará identificar los videos y la posible existencia de otros niños que hayan sido sometidos a abuso sexual.

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En un breve proceso judicial de tres meses, un joven logró suprimir el apellido paterno tras comprobar el abandono de su progenitor. El Juzgado de Primera Instancia de Hernandarias resolvió que, de ahora en adelante, porte solamente el apellido materno en todos sus documentos personales.

Apenas cumplió los 18 años, Alan Isaac Aquino Fiore se acercó, junto a su madre, a la Defensoría Pública para presentar el caso. “Acudieron solicitando la supresión del apellido paterno. Y, sinceramente, este caso marca un precedente bastante importante en el país. Si no es el único caso, es uno de los pocos” destacó el defensor público Rodrigo Ayala en el programa “Así son las Cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Mencionó que, tanto la madre como el hijo, estaban muy decididos en lograr ese cometido. “El chico quería la supresión del apellido paterno y si eso no era posible, lograr la inversión, ya que no se sentía identificado con el apellido paterno”, detalló el abogado

El muchacho se encuentra cursando una carrera universitaria. “Y en el día de mañana, no quería que se lo identifique con el apellido paterno”, indicó. Entonces, decidió plantear un juicio. “Planteamos, solicitamos, se fundamentaron bien esta pretensión y se logró una sentencia favorable”, precisó.

Los argumentos fueron fundamentales para la decisión. “Él refiere que sufrió el abandono del papá. Nunca estuvo presente en momentos decisivos de su vida, en cumpleaños, graduaciones. Entonces, no se sentía identificado con el padre”, subrayó.

Añadió que en estos casos, la Ley exige una causa justa para poder promover esta acción. “Entonces, lo que nosotros planteamos fue el abandono paterno, que él nunca estuvo presente en la vida del chico, solamente tenía vínculo con la familia materna”, especificó.

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Refirió que a raíz de esta resolución, muchas personas interesadas en el mismo proceso se pusieron en comunicación con el representante de la Defensoría Pública desde distintas partes del país.

En ese sentido, explicó que el planteamiento puede hacerse una vez que la persona alcanza la mayoría de edad y tiene un límite de edad que es 21 años para plantear este juicio. Aunque, lo más común es invertir el apellido de los progenitores, manifestó.

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En la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, un joven de 18 años solicitó que se suprima de su identidad el apellido paterno, sosteniendo que fue abandonado por su progenitor desde que tenía un año de edad. El joven, nacido en febrero de 2007, fue originalmente inscripto y reconocido ante el Registro del Estado Civil por ambos padres.

De acuerdo con la solicitud, el padre no estuvo presente ni mantuvo contacto con él desde su primer año de vida. Por este motivo, el afectado recurrió a la Justicia para dejar de usar el apellido paterno y portar exclusivamente el de su madre.

El defensor público Rodrigo Ayala González, quien asistió al joven, sostuvo que la petición forma parte del derecho al nombre y al apellido como expresión de la identidad personal y protección de la imagen, conforme al artículo 25 de la Constitución Nacional.

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Durante el juicio civil, la defensa presentó como pruebas de la ausencia del padre diversas fotografías, comprobantes de pago de escolaridad solventados únicamente por la madre, así como certificados de antecedentes penales y policiales que acreditan la conducta íntegra del joven.

Finalmente, la acción fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia de Hernandarias, el cual resolvió que el joven pase a portar únicamente el apellido materno en todos sus documentos personales. Asimismo, el juzgado ordenó modificar el acta de nacimiento en el Registro del Estado Civil, suprimiendo el apellido paterno, y dispuso que se comunique la decisión al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

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