Tres personas quedaron detenidas este lunes en una vivienda de la ciudad de Coronel Oviedo, del departamento de Caaguazú, en donde se incautaron de unos 52,5 kilos de cocaína.
Tras corroborar la identidad de los demorados durante el operativo, se constató que uno de ellos es un agente del departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.
Se trata de José Luis Leiva Velozo, de 34 años, quien cayó junto con Walter Armando Giménez Benítez Benítez, también de 34 años, y Catalino Rubén Toledo, de 33 años.
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Así lo confirmó la fiscala encargada de la causa, Fabiola Molas, quien relató que en la propiedad allanada encontraron a los tres hombres y los 52,5 kilos de supuesta cocaína distribuidos en dos bolsas con 24 a 25 paquetes cada una
La representante de la Fiscalía agregó que también se alzaron con varias evidencias en el lugar, entre ellas, cuatro celulares, una billetera negra y otra marrón, una pistola calibre 9 mm con dos cargadores y 27 cartuchos, dos automóviles y una balanza romana.
Del operativo participaron, además de la fiscala y personal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, agentes del departamento de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas.
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“Voy presa sin fianza”: creen que policía paraguayo es IA por su atractivo
El policía paraguayo Rodi González, oriundo de Caaguazú, es tendencia en redes por las fotos que publica en sus redes, presumiendo su uniforme. El agente que supera los 12.000 seguidores en TikTok, en su último carrusel ya suma las 291.000 reproducciones y 37.000 “me gusta”, siendo toda una sensación en los comentarios por su atractivo.
Rody González, que hace sus rondas por Luque y Areguá, terminó el colegio en 2022, se recibió de policía en diciembre del 2025 y actualmente se muestra en sus redes posando con el uniforme. Sus últimas fotos, que se realizó frente a la Subcomisaría N.º 18, 1.º de Mayo de Luque, se viralizaron en TikTok por la cantidad de reacciones que recibió.
Entre los comentarios, se especuló que sus fotos eran una creación hecha con inteligencia artificial (IA). “Es IA, no hay policías tan lindos” o “Tengo que ir únicamente a la comisaría para comprobar que no es IA”. Sin embargo, otros resaltaron la belleza del uniformado y bromearon con ir presas para verlo.
“¿Policía o modelo?”, “Yo creo que esta vez usted debe ir preso, porque va robando todas las miradas”, “Yo cometí un delito, arréstame, porfa”, “Llévame presa por Dios”, “Por más policías así”, “¿Cometí un delito, puedo llamarle a este policía para entregarme voluntariamente?”, “Se equivocó de profesión, tenía que ser modelo este” o “Voy presa sin fianza” son algunas de las reacciones.
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Atracción por los uniformados
La “atracción por los uniformados” tiene una explicación desde la psicología social. Un estudio de la University of Southampton, publicado en la revista científica Evolution and Human Behaviour, analizó la atracción hacia los hombres que trabajan en profesiones heroicas.
En la investigación, realizada a mujeres, los resultados mostraron que los hombres vinculados al ámbito militar o policial, con rasgos de heroísmo, son percibidos como “más atractivos y deseables para una cita” en comparación con otros perfiles profesionales.
Los especialistas explicaron que esto ocurre porque profesiones como las militares o policías suelen asociarse con valores de valentía, protección y liderazgo, características que históricamente han sido percibidas como señales de seguridad y estatus.
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Tras mortal ataque en Canindeyú, Diputados pide radiografía de la infraestructura policial
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.
La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.
El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.
El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.
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El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.
Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.
La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.
Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Policía Nacional reorganiza 10 direcciones departamentales para reforzar la seguridad y la prevención
En medio de la creciente preocupación ciudadana por los hechos de inseguridad, la Policía Nacional dispuso una amplia reestructuración en su esquema operativo con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y optimizar la respuesta policial en distintos puntos del país.
A través de la Resolución N.° 727, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, ordenó cambios en las Direcciones de Policía de Prevención y Seguridad de diez departamentos, tanto de la Región Oriental como del Chaco, en una medida que apunta a reforzar el control operativo y mejorar la presencia policial en zonas consideradas estratégicas.
Los nuevos responsables designados son Asunción: Francisco Rubén Ávalos Barrios; Guairá: Roque Armando Cañete; Alto Paraná: Jorge Ramón Aquino Aguayo; Caaguazú: José Osvaldo Aguiar Vega; Paraguarí: Ricardo Orué Salinas.
También en San Pedro: Eladio Rubén Martínez Reyes; Canindeyú: Ramón Escobar Rolón; Ñeembucú: Christian Javier Ramírez Aguilera; Presidente Hayes: José Félix Vega; Alto Paraguay: Reinaldo Delgado Arce.
Buscan fortalecer la prevención
La reorganización también alcanza a la Dirección General de Prevención y Seguridad, encabezada por el comisario general Ángel Franco Muñoz, quien ratificó a varios jefes de los Departamentos de Seguridad Ciudadana y dispuso nuevos traslados considerados estratégicos dentro de la estructura policial.
Desde la institución señalaron que el objetivo de esta reingeniería es oxigenar la gestión, fortalecer el despliegue territorial e intensificar las tareas preventivas en los departamentos donde se requiere una mayor presencia policial.
La expectativa es que los cambios permitan mejorar la coordinación operativa y ofrecer una respuesta más eficiente ante los desafíos en materia de seguridad ciudadana.
La reestructuración se produce en un contexto en el que la ciudadanía reclama mayores resultados frente a los hechos delictivos, por lo que las nuevas autoridades departamentales tendrán el desafío de traducir estos cambios administrativos en una mayor capacidad de prevención y en una recuperación de la percepción de seguridad en sus respectivas jurisdicciones.
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