En el marco de una serie de robos domiciliarios, agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción llevaron adelante varios allanamientos, en específico en los barrios Republicano y Bañado Sur, donde, en medio de una importante comitiva se desplazan cerrando varias calles.

Gracias a estas intervenciones se logró la captura de dos personas; una de ellas es una mujer identificada como Rosalía Espínola Caballero, a nombre de quien estaría el vehículo utilizado por los malvivientes para perpetrar los ilícitos. Según los datos preliminares, la misma alquilaría el automóvil a los hombres, pero en su vivienda se encontraron varios objetos de valor pertenecientes a los denunciantes.

Por otro lado, en el barrio Bañado Sur, fue detenido un hombre identificado como Gustavo Ramón Benítez Brítez, quien sería parte del grupo de responsables buscados actualmente. En poder de este último fueron hallados varios indicios que lo ligarían con los robos investigados, entre ellos documentos y una réplica de arma de fuego.

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Si bien los intervinientes no pueden revelar mayores informaciones atendiendo a que se encuentran en plena búsqueda de los demás integrantes de la banda, todo apunta a que la detención de los mismos está en proceso, en especial teniendo en cuenta la cantidad de indicios encontrados en esta operación.

La Policía Nacional sigue con los trabajos investigativos y ahora todas las evidencias serán procesadas y puestas a disposición del Ministerio Público, al igual que los detenidos, para continuar con el proceso establecido.

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Una mujer, identificada como Jackelim Martínez, denunció que fue víctima de violencia intrafamiliar y teme ser agredida nuevamente por su expareja, un oficial de Policía que ya está recluido en la Agrupación Especializada. “Yo tengo temor de que él vuelva a agredirnos de vuelta porque es una persona muy agresiva. Una persona que constantemente nos agredía a mí y a mi hijo”, señaló.

La denunciante afirmó que su hijo quedó traumado tras haber presenciado las escenas de violencia intrafamiliar y que incluso se encuentra viviendo con la abuela.

“El mismo (niño) cuenta cómo le empieza a agredir José, mi ex pareja. El es personal policial que estaba en la Agrupación Especializada, salió comisionado en la Agrupación de Seguridad y está a cargo de la Comandancia”, relató a la 1080 AM.

Dijo que el hombre hace siete meses está preso en la Agrupación Especializada, tras una serie de denuncias formuladas en su contra.

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Según la denunciante, existiría una maniobra desde el Ministerio Público para liberar al policía. “Ahora le está queriendo sacar otra vez el fiscal y yo le había dicho si espera que yo sea víctima de feminicidio para que puedan actuar y para que se pueda hacer justicia. Yo puedo hablar ahora y no quiero ser parte del feminicidio. El me había dicho que le va a matar a su hijo, me va a matar a mí y que se va a suicidar porque ya no tiene nada que perder”, subrayó.

La preocupación de la joven madre es que suexpareja recupere su libertad y que aproveche esa situación para agredirla e inclusive atentar contra su vida. “En un audio le dijo a su mamá que va a pagar nomás a la jueza y que al fiscal ya le pagó y que va a volver a pagar, porque la justicia quiere plata nomás. Entonces, si no tenés plata te morís. Esa es nuestra justicia”, lamentó.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El oficial de Policía Augusto Oviedo Martínez (36), fue imputado esta tarde por la fiscal de la Unidad Penal No. 3 de Hernandarias, Nathalia Montanía, por homicidio doloso, según confirmó a La Nación/Nación Media, la asistente fiscal Teresa Báez.

Es en la investigación de la muerte de un presunto delincuente durante un enfrentamiento con el personal policial de la Comisaría 27, del barrio San Francisco de Hernandarias. El agente se encuentra con detención preventiva en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El fallecido es Alcides De La Cruz Lezcano Ortiz (45), nacido en Coronel Oviedo. El mismo tenía orden de captura por robo agravado y coacción sexual, emitida en el departamento de Caaguazú.

El mismo recibió un impacto de bala en la zona maxilofacial, lado izquierdo, con orificio de salida en el lado derecho, explicó la asistente fiscal Báez, en base a los datos recabados. Agregó que el policía también recibió una herida de refilón porque el disparo se produjo al forcejar con el presunto delincuente para desarmarlo, supuestamente.

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El relato señala que los policías estaban en un vehículo particular y persiguieron al hombre que estaba en motocicleta, por unas diez cuadras, del barrio San Francisco. Acto, seguido, alcanzaron al hombre, lo interceptaron en un camino vecinal y cayó, momento en el cual desenfundó su arma de fuego.

El personal policial que ya había descendido del vehículo, forcejeó con el hombre, intentando desarmarlo y en ese trance se produjo el disparo del arma del agente policial que mató al motociclista, según lo referido por la asistente fiscal Teresa Báez, de lo expuesto por el imputado.

Informó que se realizó la prueba pertinente de nitrito y nitrato, se solicitaron informes varios a la Policía Nacional para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, entre ellos, la comprobación del pedido de apoyo a las otras patrulleras que los policías realizaron, antes de alcanzarlo al luego fallecido, según la declaración.

El agente policial declaró ante la Fiscalía, acompañado de abogados de la asesoría jurídica de la Dirección de Policía de Alto Paraná. Esta mañana surgieron versiones contradictorias dentro de la Policía Nacional, aunque el primer dato conocido fue el forcejeo que terminó con la muerte de Alcides Lezcano Ortiz.

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