La representante de Stephan le Droumaguet, Graciela Noguera, cuestionó la actitud de Óscar Tuma por lanzar informaciones de forma irresponsable y por criticar al padre de la niña. Aseguró que intentó quedar como el ídolo ante la prensa y la ciudadanía.
Cuando Óscar Tuma aceptó investigar la desaparición de Juliette, conocía perfectamente la postura del señor Stephan le Droumaguet, por lo que no puede alegar ahora que el pedido va en contra de sus principios, según la abogada Graciela Noguera.
“De ninguna manera podemos usar un caso tan sensible para fines personales y menos para hacerse el ídolo en las redes sociales”, expresó Noguera en conferencia de prensa.
Sostuvo que todo el fin de semana se generó una gran angustia ante la falsa información de que Juliette ya salió del país y que supuestamente se encontraba con su padre, algo totalmente carente de fundamento. Para Noguera, Óscar Tuma generó un discurso de odio hacia los padres y eso hizo que la población comience a sacar conclusiones contra los mismos. Además, inventó testigos que nunca existieron.
Lilian Zapata, madre de la niña, vive supuestamente amenazada, pues el abogado de Reiner le prohíbe hablar y acercarse a otro equipo jurídico.
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Plantean que el Estado cubra el 100 % de los ahorros afectados por la crisis de Ueno
El abogado Oscar Tuma planteó la creación de una ley especial que permita al Estado indemnizar el 100 % de los ahorros de todos los afectados por la resolución de Ueno Bank, tanto del sector público como privado, sin limitar la cobertura al tope establecido actualmente por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Durante una entrevista en el programa Arriba hoy, sostuvo que la iniciativa busca que los ahorristas recuperen la totalidad de su dinero y que sea el Estado el que asuma las gestiones judiciales para recuperar los activos y reponer los recursos utilizados.
Tuma explicó que la propuesta contempla la subrogación de derechos, mediante la cual el Estado pasaría a ocupar la posición de los depositantes para impulsar los procesos de recuperación de fondos. De esta manera, la Procuraduría General de la República podría encabezar las acciones judiciales, mientras que los montos recuperados volverían al Fondo de Garantía.
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El abogado consideró que no es justo que las personas afectadas deban afrontar largos procesos judiciales, asumir gastos legales y esperar entre tres y cinco años para intentar recuperar sus ahorros, especialmente cuando, a su criterio, existieron fallas en los controles del Banco Central del Paraguay (BCP).
Asimismo, señaló que la legislación vigente ya contempla la posibilidad de emitir bonos cuando los recursos del Fondo de Garantía no sean suficientes para cubrir las obligaciones. No obstante, manifestó que confía en que los fondos disponibles podrían permitir alcanzar la cobertura total.
Finalmente, indicó que ya trabaja en un borrador de la propuesta junto con técnicos y que también conversó con personas cercanas al presidente de la República y algunos senadores, quienes estarían analizando alternativas en la misma línea.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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“Es imposible no sospechar complicidad”: Tuma anuncia denuncia contra cúpula del BCP por caso ueno
El abogado Óscar Tuma anunció una denuncia contra la cúpula directiva del Banco Central del Paraguay (BCP) por la caída de ueno bank, entidad que está en proceso de resolución, dejando a millones de personas sin dinero. Afirmó que es imposible no pensar en complicidad.
“Evidentemente tuvo que existir una complicidad en el manejo del BCP para que el banco siga operando sin que las alarmas suenen”, comenzó diciendo en conversación con La Nación/Nación Media. Agregó que también se presentarán denuncias contra los directivos de ueno bank y las calificadoras de riesgo que dieron su voto de confianza.
“Es imposible no sospechar que hubo complicidad (de la cúpula directiva del regulador), por eso el banco seguía funcionando. Las alertas no sonaban y eso llevó a muchísimas instituciones públicas a depositar su dinero en la institución bancaria”, manifestó. En cuanto a los hechos punibles a los que correspondería la conducta mencionada, citó estafa, lesión de confianza, entre otros.
El directorio del BCP, al momento de la resolución de ueno, estaba compuesto por Carlos Carvallo Spalding, presidente, y los directores Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González; antes de estallar el escándalo renunció Carmen Marín.
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Servicios para ueno
María Silvia Vázquez de Carvallo, esposa del expresidente del BCP, Carvallo Spalding, brindaba servicios de asesoría financiera a ueno, entidad que debía ser supervisada justamente por la institución que su marido encabezaba.
De acuerdo a lo informado hoy por el canal NPY, los pagos a la esposa de Carvallo se realizaban mediante facturas mensuales de G. 55 millones, emitidas entre abril de 2025 y setiembre de 2026. Apenas dos meses antes de que se procediera a la resolución del banco.
Como se sabe, Carvallo fue presidente de la financiera ueno antes de la asunción de Santiago Peña a la Presidencia, en 2023. Al asumir, promovió su designación como titular de la autoridad monetaria y lo mantuvo en el cargo pese a los prolongados cuestionamientos. Renunció recién tras destaparse el escándalo.
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Presidente de ueno desconocía los movimientos sobre préstamos y créditos, dice abogado
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del titular de ueno bank, Juan Gustale, manifestó que su cliente desconocía los movimientos que se realizaban en la entidad bancaria con respecto a los préstamos y créditos, los cuales supuestamente eran otorgados con números por encima de los iniciales.
“Víctima es una palabra que no sé si aplica, pero sí puedo decir que estaba en absoluto desconocimiento del carácter desvinculado de esa empresa. El presidente no es el encargado de definir o determinar quién es el beneficiario de préstamos”, afirmó en una entrevista con medios de comunicación.
Agregó que “eso al directorio llega de un comité de créditos, con dictámenes de riesgo, comerciales. Eso no se elabora desde el directorio; claro que se aprueban con su firma, pero eso sería responsabilidad objetiva y no estamos en un proceso administrativo, estamos en un proceso penal”.
Las afirmaciones de Fernández Zacur surgieron en el marco de la imposición de medidas cautelares a los ocho directivos imputados, la cual se dará en el transcurso de la mañana de este jueves.
Señaló que los informes técnicos elaborados por las áreas comerciales y de riesgo habrían contado con datos adulterados o esquemas de montos divergentes entre lo aprobado por el directorio y lo desembolsado finalmente.
“Aparecían más desembolsos o dinero en poder de esos beneficiarios y eso hasta para mis clientes llama la atención. Nosotros nos vamos a fiar de la investigación del Ministerio Público para saber qué pasó con eso. Ellos (directivos) se enteraron de esta irregularidad cuando llegaron las comunicaciones del Banco Central del Paraguay”, puntualizó.
El letrado manifestó además que “ahora tenemos que ver si los informes que les llegaban eran fraguados, pero eran informes que respaldaban el giro de acuerdo a lo que se les otorgaba. Yo desconozco la dinámica interna del banco, pero hay una gerencia de riesgo y un departamento comercial que arma las carpetas de créditos. Con este hecho cien por ciento podría haber más personas vinculadas en la causa, lo que se tiene que evaluar el cómo y cuándo”.
Fernández Zacur también ejerce la defensa de los directivos Diego Duarte Schussmüller y Alejandro Gómez Abente. Los mismos fueron imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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