El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, se refirió sobre la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, contra su cliente.

“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordinadamente, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes“, sostuvo Ovelar, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.

“De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular", dijo el abogado.

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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Con esa denuncia y la persecución política se dieron una serie de hechos que la ciudadanía debe conocer, muchas de las familias paraguayas fueron afectadas (pérdida de trabajo) por ese odio. Ellos (abdistas) quisieron ganar las elecciones, tomar un atajo eliminando al adversario político", dijo.

El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado.

“Son unos falsos a qué temen. Horacio Cartes fue sometido a una profunda investigación por todos los casos que se le denunciaron, estamos en condiciones de sostener la inexistencia de esos ilícitos que ellos señalan, la falsedad en las afirmaciones de Giuzzio y todos los denunciantes. Esto se trató nada más y nada menos que la mayor persecución política vivida en la era democrática utilizando el terrorismo de Estado como herramienta“, sentenció.

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El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Bello, destacó el gran éxito del Foro de Madrid, que reunió a más de 2.000 asistentes, al punto que la capacidad del teatro del Banco Central del Paraguay fue superada. Sostuvo que con este evento se ha demostrado el interés ciudadano en la defensa de la familia, la vida, y que cree en los valores soberanos y republicanos.

En una charla con La Nación/Nación Media, resaltó las ponencias del presidente de la República, Santiago Peña; del titular del partido VOX de España, Santiago Abascal; así como las del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, que han marcado la ruta sobre la cual se debe transitar durante estos dos días que se desarrollará el Foro de Madrid en Asunción, en su cuarto encuentro regional.

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“Nos han marcado de manera clara sobre cuál es la ruta que debemos seguir, así como la visión que debemos desarrollar desde Paraguay para que contribuya como bastión de principios a nivel mundial”, acotó.

Resaltó que el evento se desarrollará durante dos días, y se espera que, para el cierre del evento, se pueda lograr coincidir en algunos aspectos puntuales que marquen la declaración del Foro de Madrid en Asunción, que finalmente será la postura del bloque.

Al respecto, el concejal Bello indicó que espera que esa declaración refleje a la sociedad paraguaya, que es mayoritariamente de derecha, que profesa una fe religiosa, ya que cree en Dios, además de creer en los valores de la familia, la vida, la libertad, la soberanía, la democracia que construye y constituye la nación paraguaya.

“Siempre es bueno mantener vigente la llama de la esencia de un pueblo, que está arraigado en el tejido social del paraguayo, que cree en cada uno de los principios que he mencionado. Además, cree que deben mantenerse vigente de generación en generación”, concluyó.

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Claudio Lovera, abogado del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la acusación del Ministerio Público, contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios.

“Yo le puedo señalar a la ciudadanía que el 100 % de los bienes de Messer fueron oportunamente secuestrados, embargados y totalmente comisados“, sostuvo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Lovera siguió sosteniendo que “cómo se sostiene lógicamente de que haya supuestamente una demora para beneficiar a alguien en materia de bienes, pero este alguien durante todo ese lapso de tiempo no realiza ninguna conducta tendiente a asegurar o ocultar que no sean accesibles esos bienes. Esto es una contradicción relevante, porque la Fiscalía habla de meses de demora“.

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Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente Boidanich habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.

Messer, fue condenado en Brasil por el caso Lava Jato a una pena privativa de libertad de más de 13 años, como parte de una delación premiada. La imputación también alcanza a las exfuncionarias Paloma Cuevas y Melissa Parodi, según consta en acta.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.

“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.

Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.

“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.

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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.

Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.