El presidente Santiago Peña expresó su postura con respecto a la desvinculación de la empleada, Luz Candado Romero, quien se desempeñaba como coordinadora de servicio. El mandatario expresó su pesar por la situación que le tocó pasar junto con su familia, en el ejercicio de la Presidencia de la República.

“Quiero expresar que este es un tema que nos duele profundamente, porque involucra a alguien en quien, como familia, depositamos toda nuestra confianza”, expresó a través de sus redes sociales.

No obstante, señaló que, como presidente, no le corresponde acusar, ni prejuzgar a nadie. “Sin embargo, tampoco puedo aceptar que se construyan relatos torcidos y alejados de la verdad”, cuestionó.

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Asimismo, indicó que la única verdad es que la señora Luz Candado, y su familia les han brindado “un lugar de confianza en nuestro hogar y una oportunidad de crecimiento profesional, confiándole la coordinación de un servicio tan cercano a la vida familiar”, agregó.

El jefe de Estado aseguró que se siente con la tranquilidad de haber procedido siempre conforme a derecho, con un trato humano, digno y con el apoyo necesario para que tanto la señora como su familia puedan salir adelante.

“Finalmente, quiero ser claro: mi compromiso es y será siempre con la verdad, la transparencia y la Justicia“, concluye el breve comunicado que emitió en redes sociales.

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“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.

“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.

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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.

El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.

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México pidió a Estados Unidos la extradición de dos personas supuestamente involucradas en la desaparición de 43 estudiantes del poblado de Ayotzinapa (sur) en 2014, informó este martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este caso, que involucra a policías, narcotraficantes y probablemente mandos militares, es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, que desató indignación mundial.

La solicitud de extradición fue planteada al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien fue recibido por Sheinbaum el pasado miércoles para tratar cuestiones de seguridad.

“Son dos personas que se está pidiendo su extradición (...), se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa.

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Sheinbaum se abstuvo de revelar la identidad de los presuntos implicados, según dijo, para no afectar el proceso. Todas las personas investigadas por el caso son mexicanas.

Aunque decenas de sospechos han sido vinculados al proceso, el caso está en la impunidad. A la fecha solo han sido identificados los restos de tres alumnos, a partir de pequeñas muestras de restos óseos.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), desde donde se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del anterior gobierno han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.

Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado. México acumula más de 120.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.

• Fuente: AFP

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El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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