No hay forma de que la niña de 7 años haya sido llevada sin que nadie lo note y la única persona que pudo haberlo hecho es Reiner Helmut, según concluye el abogado Óscar Tuma, quien revela que el 15 de abril el ciudadano alemán salió tres veces de la propiedad a bordo de su camioneta.
La persona que llevó a Juliette necesariamente ingresó a bordo de un vehículo y no existe manera de que el responsable no haya sido visto, según el profesional.
“Estamos seguros, según el trabajo que realizamos, que la única persona que pudo sacar a Yuyú es Reiner, ese 15 salió en tres oportunidades del establecimiento”, afirmó Tuma, quien representa al padre de Juliette.
Sostuvo además que existe participación de la madre, Lilian Zapata, pero que habrá que determinar si calla por temor o por algún otro factor. A ella también se suma uno de los trabajadores que estuvieron en la mañana en que desapareció Juliette.
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“Que alguien no haya sido visto por la mamá o por los trabajadores es imposible, tuvieron que haber visto si alguien ingresó y el que entró lo tuvo que haber hecho con una camioneta”, insistió Tuma y reveló que la hipótesis actual apunta a que Juliette está escondida y que por ello se realizan los allanamientos en domicilios pertenecientes a las amistades de Reiner.
Participación de la policía francesa
Tuma indicó que la participación de la policía de Francia implica un trámite que va desde la Fiscalía General, que debe solicitar el permiso a la Cancillería y posteriormente conseguir un vuelo que en este momento es difícil. Además, los investigadores deberán guardar cuarentena por 14 días.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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“Esta es una reivindicación de la justicia”, dice Ovelar por el viaje de Cartes a EE. UU.
“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.
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Reconocimiento ciudadano
La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.
El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.
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La Fiscalía quedó desprovista de elementos para sentenciar a Boidanich, dice abogado
La defensa legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, ejercida por el abogado Claudio Lovera, realizará este jueves la presentación de sus alegatos finales en el marco de la causa judicial que enfrenta el economista por supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Se aguarda a la vez que en la fecha se de a conocer si Boidanich será sentenciado o no. “La semana pasada presentó sus alegatos finales la Fiscalía como órgano acusador y el día de hoy toca presentar los alegatos de la defensa. Una vez que suceda esto, la Fiscalía tiene el derecho, si lo estima pertinente, de hacer lo que se denomina una réplica, es decir si entiende que luego de los alegatos de la defensa hay algunos puntos de sus alegatos finales de acusación que no quedaron claros, tienen derecho de hacer alguna mención adicional”, explicó Lovera, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Si lo hace, la defensa también tiene el derecho sobre lo que se denomina dúplica, para contestar esos puntos. Pasados esos momentos, el tribunal de sentencia está obligado a dictar sentencia, eventualmente si esos momentos se dan hoy, la sentencia se tendrá”.
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.
“Esto implica una conducta que alguien realiza para evitar que otra persona sea condenada o sometida a una medida. La Fiscalía sostiene que desde la Seprelad y, en particular, Boidanich, en el ejercicio de sus funciones, cometió una omisión al no enviar en un determinado periodo de tiempo un informe de inteligencia, pero algo interesante es que la Fiscalía reconoce que todas las medidas cautelares respecto a bienes de Messer se aplicó de manera oportuna y se aplicó el comiso sobre el 100 % de sus bienes“, refirió.
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Pruebas producidas en juicio
Lovera también argumentó que el informe de inteligencia financiera con relación a Messer se entregó oportunamente al Ministerio Público y que el trabajo previo realizado por la Seprelad permitió al órgano extrapoder ganar bastante tiempo en su investigación.
“En lo que implica el caso en sí, la Fiscalía quedó desprovista de elementos, porque se mantiene solo en mencionar en términos generales lo que ya sostuvo en la acusación y cuando uno alega debe hacerlo sobre la base en pruebas producidas en juicio. Básicamente, mantiene su postura en términos de lo que fue la acusación escrita a la espera de lo que puede decidir el tribunal, pero la percepción cambió respecto a los hechos, porque es distinto escribir una acusación a escuchar a un testigo en juicio o producir un documento", comentó Lovera.
Agregó que, a lo largo del juicio oral y público, declararon 12 funcionarios de diferentes áreas de la Seprelad, y quedó acreditado que Boidanich no dio ninguna indicación o instrucción para que no se realizaran los trámites del borrador del informe, el cual se procesó conforme a lo previsto.
La defensa señaló que durante gran parte de enero, febrero, todo marzo y hasta el 14 de abril de 2018, Boidanich no estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo debido a vacaciones y a una internación por una operación médica muy seria. Tras recibir el alta, el sábado 14 de abril, se reincorporó el lunes 16 de abril de 2018, siendo uno de sus primeros actos la firma y el envío del informe al Ministerio Público. La fiscalía no cuestiona la gestión de quienes quedaron como encargados de despacho en el transcurso de periodo.
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